Los ‘populares’ piden a Consumo explicaciones sobre sus medidas para evitar subidas de precio en transportes tras la interrupción ferroviaria entre Madrid y Andalucía Leer Los ‘populares’ piden a Consumo explicaciones sobre sus medidas para evitar subidas de precio en transportes tras la interrupción ferroviaria entre Madrid y Andalucía Leer
El Partido Popular quiere que el Gobierno explique cómo piensa garantizar que los problemas de movilidad y transporte provocados por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) no se conviertan en una oportunidad de negocio. Para ello, la portavoz de Consumo del PP en el Senado, Carmen Riolobos, ha presentado una serie de preguntas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras el anuncio de la nueva regulación incluida en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. La norma, comunicada a principios de esta semana por el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, pretende limitar los precios dinámicos, es decir, evitar que algunas empresas encarezcan productos y servicios en situaciones de emergencia, catástrofe o imprevistos.
El choque de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo interrumpió un servicio esencial, dejando sin conexión directa a Madrid con Andalucía y obligando a miles de ciudadanos a recurrir a medios de transporte alternativos. Esta situación derivó en subidas significativas de precios en transporte y alojamiento, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los consumidores ante crisis de movilidad.
«La interrupción de la alta velocidad no puede justificar aumentos descontrolados de precios, ni en transportes ni en hoteles. La solidaridad de toda la sociedad española, y especialmente de los habitantes de Adamuz, no se puede empañar por quienes ven la tragedia como una oportunidad», advierten desde el partido.
Entre las preguntas planteadas por el PP, a las que EL MUNDO ha tenido acceso, se incluyen cuestiones clave sobre las actuaciones del ministerio desde la cancelación de los trenes: qué medidas se adoptaron, qué protocolos se activaron y cuáles fueron los resultados; si se han controlado los precios de los transportes alternativos y con qué metodología; qué inspecciones o sanciones se han iniciado; qué coordinación se ha realizado con otras administraciones; y qué medidas de protección, compensación o reparación se prevén para los consumidores que ya han pagado precios abusivos.
Además, el PP exige al Gobierno que aclare si reconoce que la crisis provocada por el accidente evidencia insuficiencias en el marco normativo actual de protección al consumidor y qué acciones piensa adoptar para corregirlas.
Con estas preguntas, los populares buscan reforzar la defensa de los derechos de los usuarios y asegurar que, ante situaciones excepcionales, no se produzcan abusos económicos que perjudiquen a quienes se ven obligados a recurrir a alternativas frente a una crisis de transporte.
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