La mitad de peticiones para conectar proyectos urbanísticos son rechazadas por falta de capacidad, lo que llega a retrasar hasta cinco años la construcción de nuevos desarrollos Leer La mitad de peticiones para conectar proyectos urbanísticos son rechazadas por falta de capacidad, lo que llega a retrasar hasta cinco años la construcción de nuevos desarrollos Leer
El déficit estructural que sufre España volvió a aumentar en otras 100.000 viviendas en 2025, según el Banco de España. Sus cálculos cifran la brecha actual en 700.000. La demanda avanza más rápido que las obras y el agujero crece cada día. Ahora, la falta de capacidad de las redes eléctricas amenaza con acelerar el desequilibrio, pues las distribuidoras de electricidad están denegando sistemáticamente las peticiones de los promotores para alumbrar nuevos desarrollos. Sin suministro eléctrico, ni siquiera pueden comenzar las obras.
«Siempre habíamos lidiado con plazos de varios meses hasta obtener los permisos de acceso. El problema es que lo de ahora no es un retraso, es que nos los están denegando. Esto nunca había ocurrido y es un factor crítico que agrava la escasez de vivienda», explica Jorge Ginés, director general de Asprima, la patronal de los promotores inmobiliarios de Madrid, quien asegura que la denegación del acceso puede llegar a retrasar hasta cinco años los proyectos.
A la saturación de la red se suma el problema de la llamada capacidad ociosa, que son puntos donde físicamente podrían conectarse más consumidores, pero que no lo hacen por barreras meramente regulatorias. Para Ginés, a todo ello hay que sumar la lentitud administrativa y la «parálisis absoluta» en el ámbito regulatorio. Aunque Ginés no lo dice, lo cierto es que para acometer muchas de las modificaciones regulatorias que aliviarían el cuello de botella, el Gobierno necesita el apoyo del Congreso. Hoy, es un callejón sin salida.
La red empezó a mostrar evidencias de colapso en 2024. Ese año, según datos de la patronal eléctrica Aelec, se cursaron peticiones para nuevos desarrollos urbanos por un total de 6,7 gigavatios (GW). Al cierre de ese año, solo se había aprobado el 13%. El 39% fue rechazado y otro 47% se encontraba en trámite.
De acuerdo con las estimaciones de Asprima, la capacidad total de las peticiones denegadas en 2024 equivalen, aproximadamente, a unas 350.000 viviendas en toda España que están «en riesgo de no poder urbanizar (generar suelo)».
La situación ha empeorado desde entonces. Si bien todavía no se conocen los datos desagregados por sectores de 2025, en total, la tasa de rechazo para el conjunto de las peticiones de acceso (industria, urbanismo, centros de datos…) creció hasta el 66%, frente al 49% de 2024.
Posiblemente, algunas peticiones son duplicados, pues hay proyectos que piden paso a la vez en varios puntos del país para aumentar sus posibilidades de hacerse con un acceso. Esto no aplica al sector residencial, donde las inversiones están totalmente ligadas al suelo. Esto implica que las solicitudes no atendidas de 2025 engrosarán la lista de las que se rechazaron el año previo. «Sin permiso de acceso no podemos ni empezar a construir las viviendas. La parálisis es total», denuncia Ginés.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia presentan los mayores volúmenes de peticiones de urbanismo rechazadas, porque su mercado de vivienda está más tensionado y hay más desarrollos en ciernes. Pero el tapón afecta también a provincias enteras como Albacete, Gerona o Salamanca. «Sus tasas de rechazo son igualmente elevadas porque su red está ya colapsada al 100%. Aunque sean pocas, las viviendas que se quieren construir tampoco pueden conectarse», explican desde el sector eléctrico.
La última actualización de los mapas de capacidad de la red de distribución (media y baja tensión), por la que compiten las promociones de nueva vivienda, muestra que más del 88% de todos los nudos (puntos físicos en los que se conectan los consumidores) están ya saturados. En otras palabras, ya no pueden conectar a ningún consumidor más.
Asprima lleva seis meses trabajando en un extenso informe de propuestas regulatorias para desbloquear la conexión de nuevos desarrollos. Entre ellas, pide acabar con el actual sistema donde el primero en pedir acceso es el primero en ser atendido (first-come, first-served ); para priorizar la vivienda, por su baja movilidad geográfica y su interés social. Bruselas ha abierto la puerta a hacerlo, al sugerir que la asignación de capacidad debe avanzar hacia un modelo que priorice los proyectos más maduros (first-ready, first-served).
- Reparto de costes. Entre las medidas que plantea la patronal madrileña está revisar el actual reparto de costes de elementos de red, que ahora recaen en el promotor. Piden que el sistema eléctrico (es decir, el conjunto de los consumidores de luz) asuman «infraestructuras troncales y de utilidad general».
- Ajustar. Para evitar sobredimensionar las redes, propone fijar consumos mínimos realistas y flexibles, para no agotar la capacidad disponible con consumidores que contratan mayor potencia de la que realmente necesitan.
- Transparencia. Frente a la opacidad en la evolución de los expedientes de acceso, sugiere una plataforma digital y pública para monitorizarlos.
- Burocracia. Sanciones para las eléctricas que tarden más de 30 días en resolver sus peticiones y una ventanilla única a nivel autonómico.
Promotoras y eléctricas no son, precisamente, sospechosas de compadrear. De hecho, su relación siempre ha sido más bien tirante. Las primeras acusan los plazos de las segundas y, además, pagan cantidades considerables para construir ciertos elementos de la red que, después, revierten como activos para las distribuidoras. Las eléctricas, por su parte, experimentan el apremio de las promotoras que, a veces, las señalan frente a los clientes como causantes de los retrasos en las entregas de llaves.
Pese a ello, ambos sectores están cooperando para desatascar los proyectos paralizados y convencer a las Administraciones de la gravedad de la situación.
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