La Fiscalía y la Abogacía General del Estado piden al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle el delito de malversación que se le imputa por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Apoyan que el Constitucional le ampare por la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del ‘procés’
Apoyan que el Constitucional le ampare por la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del ‘procés’
La Fiscalía y la Abogacía General del Estado piden al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle el delito de malversación que se le imputa por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
De esta forma, tanto Fiscalía como Abogacía se alinean con las pretensiones de Puigdemont, que son las mismas que las del ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Antoni Comín, a quienes el Supremo también se ha negado a amnistiar por idénticas razones.
En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía considera que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de Puigdemont porque el Supremo hizo una interpretación irrazonable de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía.
El alto tribunal entendió que el caso de los líderes del procés, tanto de los prófugos como de los condenados, recaía en dos de las salvedades que recoge la ley para no aplicarla: la existencia de “un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial” y la afectación a los intereses económicos y financieros de la UE. Respecto a lo primero, el Supremo adujo que el hecho de que los dirigentes independentistas no tuvieran que pagar de su bolsillo el coste del 1-O, sino que usaran dinero público, les supuso un beneficio patrimonial en forma de ahorro. En cuanto a la segunda cuestión, los magistrados argumentaron que una eventual secesión de Cataluña habría mermado los ingresos que la UE recibe por parte de España.
La Abogacía sostiene que el Supremo llevó su interpretación de la ley a un extremo irracional por cuanto su claro propósito es el de amnistiar el delito de malversación cometido en el marco del procés. La Fiscalía se pronuncia en el mismo sentido, segúnha avanzado El Español y han confirmado fuentes jurídicas a este periódico.
Estos informes forman parte del proceso de tramitación del recurso de amparo de Puigdemont. Una vez recibidos, el Constitucional tendrá que decidir si sigue su criterio o se desmarca de cara a emitir su fallo. Junqueras y los demás líderes independentistas también aguardan la decisión de la corte de garantías. Los demandantes pidieron al tribunal que les levantara cautelarmente la órdenes de detención y las penas de inhabilitación que pesan en su contra, pero los magistrados lo rechazaron al entender que supondría adelantar el fallo de esta ristra de amparos.
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