Los exjefes de Plus Ultra corroborarán ante el juez su versión sobre la participación de Zapatero en el rescate

LLegada del expresidente de Plus Ultra (a la derecha), Julio Miguel Martínez Sola al juzgado, este lunes.

Hace siete semanas que la Audiencia Nacional recibió tres escritos que sacudieron la línea de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En dos de ellos, los exdirectivos de Plus Ultra ―Julio Martínez Sola y Roberto Roselli implicaron al exlíder de los socialistas en las gestiones para conseguir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea tras la pandemia. Ambos aseguraron que el exmandatario era más que un consultor externo ―como defiende el exjefe de Ferraz― en la consultora Análisis Relevante y señalaron que Zapatero puso a su disposición a su “persona de confianza” (en referencia al empresario Julio Martínez Martínez) para todas las gestiones. Pero reconocieron que ninguno tenía “constancia fehaciente” de las actuaciones que llevó a cabo Zapatero para “influir o favorecer” a la compañía. Este lunes y martes, el juez José Luis Calama, que lleva las riendas del caso, los interrogará para que corroboren su versión.

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado junio. El expresidente y el ex consejero delegado de la aerolínea declaran en la Audiencia Nacional después de que apuntaran por escrito contra el exmandatario, aunque reconocen que no saben en quién influyó  

Hace siete semanas que la Audiencia Nacional recibió tres escritos que sacudieron la línea de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En dos de ellos, los exdirectivos de Plus Ultra ―Julio Martínez Sola y Roberto Roselli implicaron al exlíder de los socialistas en las gestiones para conseguir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea tras la pandemia. Ambos aseguraron que el exmandatario era más que un consultor externo ―como defiende el exjefe de Ferraz― en la consultora Análisis Relevante y señalaron que Zapatero puso a su disposición a su “persona de confianza” (en referencia al empresario Julio Martínez Martínez) para todas las gestiones. Pero reconocieron que ninguno tenía “constancia fehaciente” de las actuaciones que llevó a cabo Zapatero para “influir o favorecer” a la compañía. Este lunes y martes, el juez José Luis Calama, que lleva las riendas del caso, los interrogará para que corroboren su versión.

El primero será Martínez Sola, que comienza este lunes a las nueve de la mañana. Él confirmó en su escrito lo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya había expuesto en sus informes en base a los mensajes que se intercambiaron esos días los acusados: que tuvo contacto directo con Zapatero a través de una llamada el 30 de abril de 2020. Esta, según afirma, se hizo a través de número oculto y fue una conversación de unos 10 minutos en la que el expresidente de Plus Ultra le trasladó la “difícil situación financiera en la que se encontraba” la compañía y la necesidad de acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que el Gobierno había creado para ayudar al tejido empresarial más resentido por el Covid. El expresidente socialista negó haber tenido este tipo de contacto con Martínez Sola y dijo, únicamente, que lo había conocido una vez en una comida.

El relato de quien dirigió la aerolínea incide en que Zapatero manifestó en la llamada que “su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”, si bien que a partir de ese momento su persona de contacto sería el empresario Julio Martínez Martínez. “En dicha conversación Zapatero no habló de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”, expuso Martínez Sola en su escrito, en el que además aseguró que hubo otro contacto presencial en 2024 en el Hotel Santo Mauro.

El escrito de Roberto Roselli, exconsejero delegado, que acudirá un día después ante el juez, sigue la misma línea y explica que decidieron contratar a Julio Martínez Martínez, persona de confianza del expresidente, a través de la consultora Análisis Relevante y pagarle unos “honorarios” “a pesar de la ausencia de trabajos”. Ambos indican que “se hicieron unos escasos informes de cobertura” y que “se cobraron igualmente”, siendo ellos conscientes de que esta era una forma de pagar supuestamente la influencia de Zapatero para el rescate. “Fue asumido por ambos de forma sobrevenida para salvar la compañía”, excusan. El contrato de asesoramiento se firmó por 5.000 euros mensuales.

La versión de ambos no incluye las exactas gestiones que el que fuera líder socialista hizo en el Gobierno en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conseguir el rescate. Este es, por tanto, uno de los grandes vacíos de la causa, según fuentes jurídicas, pues el delito de tráfico de influencias debe aterrizarse y concretar exactamente dónde hubo alguna presión o injerencia.

Martínez Sola y Roselli tendrán que acudir acompañados de sus respectivos abogados, pues están imputados desde diciembre de 2025, cuando agentes de la UDEF registraron la sede de Plus Ultra y sus viviendas, y los detuvieron por orden del instructor José Luis Calama. En aquella ocasión, los dos se acogieron a su derecho a no declarar. Semanas después, en febrero, el presidente de la aerolínea negó cualquier irregularidad en la concesión del préstamo público. “No hubo trato de favor ni injerencias”, defendió ante la comisión del Senado que el PP creó para investigar los contratos de mascarillas relacionados con el caso Koldo, pero que se ha convertido en un espacio para abordar otras causas mediáticas.

El panorama judicial ha cambiado desde entonces y su versión también: el 19 de mayo el juez Calama imputó al expresidente del Gobierno por su presunta actuación como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ―articulada a través de “un núcleo operativo personal”― que buscaba obtener “beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”. El 17 de junio, Zapatero negó ante la Audiencia Nacional cualquier intervención o influencia en la concesión del préstamo a la compañía aérea. Durante tres horas se desmarcó de todas las irregularidades que se le atribuyen y, al salir, emitió un comunicado para reiterar su inocencia. “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”, manifestó.

Su estrategia de defensa ha estado enfocada en pedir la “nulidad general” de la investigación y la exclusión del procedimiento de “todas las evidencias obtenidas” por la Fiscalía Anticorrupción sin las garantías procesales necesarias; asegura que se han vulnerado sus derechos y se han incorporado diferentes pruebas “ilícitamente analizadas”. El juez de momento ha desestimado sus quejas.

Un mes después de que las cámaras capturaran la imagen del primer expresidente del Gobierno imputado entrando por la escalinata del órgano judicial, los dos exdirectivos se sumaron al empresario Julio Martínez Martínez en una suerte de estrategia de colaboración con la justicia, confesando lo que estaba plasmado en los escritos policiales de la UDEF. Martínez Martínez, amigo de Zapatero admitió que se pactó una cantidad del rescate (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron ‘de acompañamiento”.

Este es otro de los puntos relevantes de la causa porque el juez sospecha que se acordó a través de una sociedad que los investigados iban a crear en Dubái para no dejar rastro (bajo el nombre de Idella Consulenza Estratégica). Algo que el expresidente negó de forma tajante.

Lo que tengan que decir ambos exdirectivos de Plus Ultra se perfila determinante para el futuro judicial de Zapatero, que todavía tiene que declarar sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Fuentes de su entorno explican que se está trabajando para poder dar explicaciones sobre este asunto en las próximas semanas.

De igual forma, está pendiente que el juez se pronuncie sobre el recurso que presentó el expresidente contra su decisión de encargar un informe para investigar todas sus cuentas, y que fije fecha en el calendario para los interrogatorios como investigadas de las hijas del exlíder socialista y de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Además, el instructor está a la espera de recibir el informe “exhaustivo” que encargó a principios de agosto a la Policía Nacional sobre la influencia de capital venezolano en la aerolínea en los últimos años.

Al principio de esta semana y de cara a las declaraciones fijadas para este lunes y martes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió la presunción de inocencia de Zapatero. En su entrevista en la Cadena SER, insistió en que, “en una amplísima mayoría”, los expresidentes de Gobierno se dedican a las “acciones de mediación, influencia olobby”. “No solo en España. En el mundo”, insistió, para luego recalcar que se trata de “una tónica general en democracias”. Con todo, aseguró que el exlíder de los socialistas “jamás” intercedió ante él en nombre de Plus Ultra.

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