Catorce mujeres enviaron el pasado 17 de junio al rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, una carta denunciando abuso de poder y coerción sexual por parte de Ramón Flecha, actualmente catedrático emérito de Sociología de esa universidad, a lo largo de las últimas tres décadas, un periodo en el que Flecha ha ejercido de profesor e investigador, y también como director ―oficialmente durante unos años y después de forma efectiva, según ese documento―, de CREA (Community of Research on Excellence for All), un centro de investigación especializado en las desigualdades sociales, y específicamente en los casos de violencia sexual en las universidades, del que esas 14 mujeres formaron parte en algún momento.
El campus asegura que la misiva recibida por el rector “no es una denuncia” y no aporta detalles para abrir una investigación
Catorce mujeres enviaron el pasado 17 de junio al rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, una carta denunciando abuso de poder y coerción sexual por parte de Ramón Flecha, actualmente catedrático emérito de Sociología de esa universidad, a lo largo de las últimas tres décadas, un periodo en el que Flecha ha ejercido de profesor e investigador, y también como director ―oficialmente durante unos años y después de forma efectiva, según ese documento―, de CREA (Community of Research on Excellence for All), un centro de investigación especializado en las desigualdades sociales, y específicamente en los casos de violencia sexual en las universidades, del que esas 14 mujeres formaron parte en algún momento.
En la carta, enviada por el despacho de abogadas que las representa, se exponen los hechos y se solicita información al rector de la UB, entre otras cuestiones, sobre si han recibido “a través de alguno de los canales de denuncias habilitados, informaciones sobre los contactos sexuales del Sr. Ramón Flecha con miembros de CREA”, algo que este jueves ha desvelado una investigación realizada por elDiario.es, RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre.
En ese documento, al que posteriormente ha tenido acceso este diario, las letradas aluden a la “suma gravedad del testimonio de varias mujeres que han formado parte de CREA [entre ellas algunas de sus representadas], que relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.
“Un patrón”, definen desde ese equipo jurídico. Uno que se ha visto de forma consistente a lo largo de los últimos años en ámbitos en los que hay una clara jerarquía en la que en la cúspide hay un hombre que ejerce el poder para someter, violentar, coaccionar o manipular a las mujeres que están por debajo. El caso Weinstein puede ser uno de esos ejemplos o, en España, la denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso o los testimonios de varias mujeres contra el director de cine Carlos Vermut.
En este caso, ese documento enviado a la UB explica que “dicho patrón se inicia con el contacto académico. Desde su posición de profesor, de catedrático, de referente en la materia, de investigador principal de proyectos europeos y la persona que toma todas las decisiones del grupo, etcétera, entra en contacto con alumnas, oyentes o participantes de sus clases o conferencias (siendo una característica de estas su juventud e inexperiencia profesional y académica). Les ofrece entablar una relación personal, normalmente acompañadas de ofertas para integrarse en CREA, participar en sus proyectos, integrarlas en algún departamento universitario, guiarlas en su doctorado, etc.“.
“Generalmente”, añade el texto, lo hace “a través de citas, cafés o encuentros informales, o eventualmente en el marco de tutorías”. Ahí, “el Sr. Flecha traspasa rápidamente el límite profesional, realizando preguntas íntimas (sobre relaciones sexuales y/o sentimentales), desplegando teorías que analizan unos supuestos traumas y conflictos que estas chicas han tenido, realizando insinuaciones y estableciendo, finalmente, un contacto físico, lo que desemboca, en la mayoría de los casos, en relaciones sexuales mantenidas de forma simultánea con varias de ellas con distinta frecuencia, combinando estas con proposiciones de trabajar en proyectos, asistir a congresos”.
“Indicando”, además, “como debían vestir, como debían comportarse e incluso qué y cuánto debían comer y/o beber y, en definitiva, ejerciendo un patrón de conducta donde la coerción sexual preside la relación que trasvasa todos los límites razonables de una relación profesor/alumna, director de tesis/doctoranda o director/subordinada”.
La carta también expone que de esas prácticas son conocedoras algunas mujeres que pertenecen actualmente a CREA, y que “ayudan a naturalizar la propuesta de mantener ‘relaciones abiertas’ desde lo dialógico, la amistad y la transformación personal que repercute en beneficio de CREA y de su producción académica y científica”. Relaciones que eran con Flecha, según la misiva, o “con las personas que el Sr. Flecha validaba”. Y añaden las letradas que una vez las mujeres salen de ese centro, y por lo tanto de esa especie de “grupo cerrado”, e intentan denunciar y contar qué han vivido dentro, “comienza una campaña no solo de desprestigio sino de descrédito profesional” que les afecta en todos los ámbitos de su vida.
La respuesta de la UB
Esa carta, explican las abogadas de esas mujeres, fue enviada el 17 de junio tanto al rector, como a su jefe de Gabinete y pusieron copia a los servicios jurídicos de la universidad, y “a pesar de la gravedad de lo que se exponía en el documento”, no fue hasta el día 26 cuando las letradas pidieron por correo electrónico un acuse de recibo por escrito, que se les envió esa confirmación.
Desde la UB afirman a este diario que la carta es “una petición de información”, pero no “una denuncia”, y que además no se incluyen detalles como la identidad de las mujeres y la fecha de los hechos, que permita llamar para que ofrezcan testimonios o abrir una investigación. Algo que, explican las abogadas, no es lo que pedían en el documento: “Les estábamos pidiendo información, reunirnos, o que nos informaran de cuál era el canal seguro para hacerles llegar cuestiones más concretas”.
En ese sentido, el campus confirma que en la misiva se pide información sobre el grado de conocimiento de los hechos y las medidas tomadas y detalla que ya constaban dos denuncias contra el catedrático y contra CREA de 2004 (por gestión de becas, funcionamiento interno del grupo y gestión económica del centro) y en 2016 (“por comportamiento sectario y abusos psicológicos”, admite la UB), que fueron investigadas y archivadas por la Fiscalía, porque se concluyó que “no había hechos constitutivos de delito ni había pruebas objetivas de infracción penal”, explican las mismas fuentes, que además añaden que estos hechos ya han prescrito.
Al equipo jurídico de las 14 mujeres, la Universidad respondió este 1 de julio que podían poner los hechos en conocimiento a través de canales como el “buzón de alertadores y antifraude”, “buzón ético, de integridad institucional y convivencia”, o “al buzón de la Unidad de Igualdad”.
“¿Responde eso a la gravedad de lo que estamos planteando?“, se preguntan las abogadas, que recuerdan que esto que ahora exponen es parte de ”un caso que ya pasó por esa unidad sin que se recogiera el que Flecha había tenido relaciones sexuales con una de las denunciantes, ni en 2004 ni en 2016″.
Por eso, dicen, entendían “que era el Rector, como máximo órgano de gobierno, quien debía conocer la situación y quien podía ofrecer información sobre qué papel tiene CREA en la Universidad”, porque “no solo se está señalando Flecha, sino a cómo este se parapeta y usa ese centro para ejercer ese patrón de coerción. Además, no es un caso puntual, sino situación de coerción sexual sistemática, un asunto de máxima gravedad que trasciende el marco de la Unidad de Igualdad y que afecta a la UB”.
Aunque Flecha dejó en 2006 la dirección de CREA, las abogadas escriben en el documento que “tanto por la información pública disponible (redes sociales, publicaciones, organización de congresos, concesiones de proyectos, etc.), como por los testimonios directos” de sus representadas, “todo indica que ha seguido ejerciendo una posición de control y liderazgo efectivo dentro del grupo”.
Y al argumento de la UB sobre que el centro dejó de estar adscrito a la universidad en 2020 ―explicación que ha dado tanto a las letradas como a este diario―, la realidad es que la web mantiene el dominio del campus, y sus miembros los correos electrónicos, algo que la universidad asegura que no había detectado, pero que corregirá en breve.
A las abogadas les constan esas muestras públicas de la vinculación más allá de 2020 entre UB y CREA, además de proyectos europeos de la UB entre 2020 y 2023 liderados por Ramón Flecha y CREA; la firma de CREA en los correos electrónicos junto a la de la UB; o una carta del centro con logo de la UB que firma Flecha y en la que se dice que él tutorizará la investigación de una alumna. Afirman que este intento de “quitarse el muerto de encima” que parece “la postura de la UB es gravísimo”.
Flecha ha negado todos los hechos que le atribuyen y a través de la red social X se ha mostrado como “víctima” de las denuncias contra la violencia de género. “Siempre que he apoyado a víctimas que me lo han pedido, quienes las agreden me han amenazado con diferentes palabras, pero con el mismo contenido: que si las apoyaba me destruirían inventándose todo lo que fuera instrumentalmente eficaz para hacerlo”, ha posteado en su cuenta el catedrático este miércoles, tras la publicación de la noticia por parte cuatro medios.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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