En paralelo, el exmandatario también es investigado por violencia de género contra su expareja Leer En paralelo, el exmandatario también es investigado por violencia de género contra su expareja Leer
Durante toda su accidentada presidencia, Alberto Fernández se jactó en público de no haber sido acusado nunca de corrupto. Ya no es así: el ex presidente argentino fue procesado y embargado en una investigación que desembocará en un juicio contra él y otras 33 personas en una trama por multimillonarios contratos de seguros con el Estado.
Si Fernández es finalmente encontrado culpable por la Justicia, el peronismo habrá situado a tres probados delincuentes en la presidencia y la vicepresidencia en sus dos últimos períodos de gobierno.
Fernández gobernó Argentina entre 2019 y 2023 con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. La líder peronista está hoy en prisión domiciliaria tras ser condenada por defraudación al Estado. Su vicepresidente entre 2011 y 2015, Amado Boudou, fue condenado por «negociaciones incompatibles con la función pública». Fernández tiene serias posibilidades de sumarse como el tercer condenado.
La noticia del procesamiento de Fernández, un abogado de 68 años, llega a pocos días de haberse confirmado la condena a seis años de prisión de Fernandez de Kirchner, que será previsiblemente condenada en al menos una de las otras tres causas penales que enfrenta.
Fernández, que durante sus cuatro años como presidente mantuvo una tormentosa relación con Fernández de Kirchner, se asoma también a un horizonte muy complejo en la causa por violencia de género en la que fue denunciado por su ex pareja Fabiola Yáñez. La ex primera dama argentina pidió la semana pasada 12 años de prisión para el ex presidente, con el que tuvo un hijo. Yáñez reside en Madrid desde noviembre de 2023.
El anuncio del procesamiento de Fernández, conocido este jueves en Buenos Aires, incluye un embargo por 14.000 millones de pesos (poco más de 10 millones de euros) al peronista que gobernó Argentina en los años de la pandemia..
El procesamiento -figura que en el sistema legal argentino implica una acusación formal con semiplena prueba- es por el delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que «se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero».
En los inicios de su gobierno, Fernández firmó un decreto para que todos los organismos del Estado contrataran sus seguros con la aseguradora del Banco Nación, «Nación Seguros». E impuso a un amigo íntimo, Héctor Martínez Sosa, como intermediario que cobraba comisiones.
Martínez Sosa es, además, el esposo de María Cantero, la secretaria privada de Fernández, la mujer que manejaba la agenda privada del presidente.
Que Martínez Sosa cobrara comisiones para gestionar seguros en un mercado cautivo llamó la atención de la justicia. Mientras se investigaba este hecho se encontraron fotos de Fabiola Yáñez, la entonces pareja de Fernández, con señales de violencia de género, una causa paralela en la que también está procesado el ex presidente.
El juez Sebastián Casanello considera que está probado que «Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del bróker de seguros Martínez Sosa, una persona ‘de su círculo íntimo’ para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista)», señaló Clarín.
Contra lo que podría esperarse de un ex presidente peronista amenazado de prisión, Fernández no cuenta con la solidaridad ni el apoyo de otros dirigentes del partido, mucho menos de sus militantes, como es el caso de Fernández de Kirchner. El peronismo gobernó 27 de los 42 años de la era democrática iniciada en 1983 en Argentina.
El ex presidente, que entre 2003 y 2007 se hizo conocido en la escena política como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, ha desaparecido de la escena política y su círculo íntimo se ha reducido a extremos mínimos. Su plan original, tras dejar la presidencia, era vivir en España y dar clases en la Universidad Camilo José Cela. También perdió la cátedra de Derecho Penal que tenía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Internacional // elmundo
