El nuevo decreto que trata de acabar con los chiringuitos de FP, presentado este lunes por la ministra de Educación, Milagros Tolón, endurece las condiciones que deberán cumplir los centros privados. Exigirá que todos los ciclos formativos a distancia incluyan entre un 15% y un 39% de presencialidad de forma obligatoria. Ahora, hay centros virtuales que no requieren nada de presencialidad, más allá de la necesaria para realizar los exámenes finales. En aquellos títulos que habilitan para ejercer una profesión, como pueden ser el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o el de Instalador Eléctrico de Alta Tensión, la nueva norma exigirá la franja alta de presencialidad, si bien esta será detallada de forma individual para cada ciclo a través de órdenes ministeriales. Cuando se trate de títulos semipresenciales, el porcentaje de la actividad que deberá hacerse en persona se eleva a una horquilla que va del 40% al 60%.
Los ciclos a distancia incluirán entre un 15% y un 39% de presencialidad. La franja alta se aplicará a los que habilitan para desempeñar una profesión
El nuevo decreto que trata de acabar con los chiringuitos de FP, presentado este miércoles por la ministra de Educación, Milagros Tolón, endurece las condiciones que deberán cumplir los centros privados. Exigirá que todos los ciclos formativos a distancia incluyan entre un 15% y un 39% de presencialidad de forma obligatoria. Ahora, hay centros virtuales que no requieren nada de presencialidad, más allá de la necesaria para realizar los exámenes finales. En aquellos títulos que habilitan para ejercer una profesión, como pueden ser el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o el de Instalador Eléctrico de Alta Tensión, la nueva norma exigirá la franja alta de presencialidad, si bien esta será detallada de forma individual para cada ciclo a través de órdenes ministeriales. Cuando se trate de títulos semipresenciales, el porcentaje de la actividad que deberá hacerse en persona se eleva a una horquilla que va del 40% al 60%.
En los títulos de grado medio y grado superior a distancia deberá haber, como mucho, 50 estudiantes por profesor, cuando ahora no hay límite. Los centros deberán garantizar, de entrada, que cuentan con suficientes plazas en empresas para que el alumnado pueda realizar las prácticas de las titulaciones que oferten. Se trata de evitar con ello que, como sucede ahora, haya centros que dejen la búsqueda en manos de los propios alumnos y, en ocasiones, que estos se queden varados sin poder hacerlas y, por tanto, sin poder completar unos estudios por los que pagan hasta 9.000 euros. Los centros deberán acreditar el cumplimiento de estas y otras nuevas condiciones cada cuatro años, y si no lo hacen les será revocada la autorización. Los que ya existen dispondrán hasta final de 2030 para adaptarse a la nueva normativa.
“Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados. En algunas comunidades autónomas hay fondos que han venido a dar clases sin ningún tipo de calidad para lucrarse, sin tener en la calidad de la enseñanza y los alumnos y las alumnas. Y lo que viene a hacer este decreto es excluirlos”, ha declarado la ministra.
Oferta mínima de los centros
Los centros que quieran impartir grados medios o superiores de FP tendrán que hacerlo en el marco de una oferta “estable y coherente” que incluirá una base mínima de enseñanza puramente presencial, al margen de que quieran orientarse más hacia la enseñanza online.
Todos los centros deberán ofrecer, al menos, dos titulaciones presenciales de al menos dos familias de Formación Profesional; por ejemplo, dos ciclos de Administración y gestión y otros dos Electricidad y electrónica. O, alternativamente, ofrecer un itinerario formativo completo presencial de una de las familias; esto es, el grado básico, medio y superior de, por ejemplo, la familia de Fabricación mecánica.
Salvaguarda para el alumnado
La revocación de la autorización a un centro privado para impartir una titulación o incluso de toda su oferta por incumplimientos de la normativa “no podrá producir perjuicio al alumnado matriculado”, señala el borrador de decreto. Para ello, las administraciones educativas (las comunidades autónomas) deberán velar por “que se adopten las medidas necesarias para garantizar la información al alumnado, la continuidad de su formación, el adecuado desarrollo de las actividades formativas hasta su finalización, la evaluación correspondiente y, en su caso, la reubicación del alumnado y el traslado de sus expedientes académicos”.
El nuevo decreto pretende así que el alumnado no se quede desamparado, que las comunidades autónomas estén preparadas para intervenir acogiendo a los estudiantes del centro afectado, y que este no pueda usar a las personas matriculadas como rehenes para evitar que se materialice la revocación de la autorización.
Instalaciones
Los centros deberán contar con los espacios mínimos que se establezcan de forma individual en los reales decretos que regulan cada título. Estos deberán ser suficientes para ofertar el porcentaje mínimo de presencialidad exigido a partir de ahora en todas las modalidades. Además, el decreto establece que todos los centros deberán tener, “al menos, un espacio flexible y adaptable, dotado de equipamiento”, que permita “la simulación de entornos profesionales” mediante recursos tales como “simuladores, gemelos digitales, realidad virtual u otros medios tecnológicos adecuados a las familias profesionales” de que se trate. El objetivo es evitar que empresas sin apenas infraestructura -montadas “en un garaje”, según describió la ministra en abril- se conviertan en máquinas de expedición de títulos.
Ratios máximas
Los centros que oferten títulos virtuales o semipresenciales deberán tener, como mucho, una ratio de 50 estudiantes por “profesor, formador o persona experta” -esta última es una figura prevista en la Ley de FP que participa en la enseñanza-. Las comunidades autónomas podrán implantar topes todavía más bajos. En el caso de la oferta semipresencial, la ratio máxima será de 25 alumnos. Esta coincide con el límite ya fijado para la modalidad presencial en el ciclo medio y superior, que entrará en vigor en el curso 2028-2029; en la FP Básica, se sitúa en 20 estudiantes por docente. Las ratios máximas previstas para el formato presencial serán de aplicación en las horas de esa modalidad que se imparta en las titulaciones virtuales.
Ahora mismo no hay una regulación específica para los ratios en las modalidades virtuales. Para permitir a los centros una adaptación progresiva, el decreto establece un calendario progresivo para la oferta virtual. En el curso 2028-2029, la ratio máxima será de 80 personas por profesor, formador o persona experta. En el siguiente, de 65. Y al inicio del curso 2030-2031, deberá situarse ya en un máximo de 50.
Prácticas aseguradas
Los centros privados deberán garantizar “una relación suficiente de compromisos, preacuerdos u otros instrumentos acreditativos de colaboración con empresas u organismos equiparados” que garanticen que “todo el alumnado matriculado” podrá realizar “la totalidad” de las prácticas obligatorias que se requieren para completar las titulaciones.
Una red de supercentros
El decreto establece la creación de una red estatal de centros de excelencia de Formación Profesional. Estos serán elegidos entre los centros de FP mediante una convocatoria competitiva por el Ministerio de Educación y recibirán financiación directa del Gobierno. Los fondos podrán complementarse con “otros recursos públicos o privados, nacionales o europeos”. La postulación de los centros será a propuesta de las comunidades autónomas, que seguirán siendo sus titulares. La condición de excelente durará cuatro años y será evaluada para decidir si se mantiene. La calificación de excelente se referirá a sectores de FP específicos, definidos en las convocatorias por su “potencialidad competitiva, carácter estratégico, capacidad de innovación o relevancia para la transformación del sistema productivo”.
En enseñanza, los centros de excelencia deberán distinguirse por “la transformación metodológica, la utilización de metodologías activas, el aprendizaje basado en retos” y otras “propuestas avanzadas”. Tendrán que desarrollar proyectos de innovación e investigación aplicada, y su profesorado habrá de participar en formación permanente “con proyección estatal”. Los centros deberán mantener relaciones estables con otros institutos de FP, empresas y otras entidades públicas y privadas con el objetivo, dice el decreto, de “difundir la innovación al conjunto del sistema”.
El Ministerio de Educación ha marcado entre los objetivos de lo que queda de legislatura reforzar la calidad de la oferta privada de Formación Profesional. En total, estas enseñanzas matriculan ya a un total de 1.248.046 estudiantes, un 3,1% más que hace un año. El crecimiento acumulado en la última década alcanza el 57%, y la privada ha crecido al doble de velocidad que la pública.
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