En México, una consulta con solo un 1 % de participación canceló un aeropuerto en construcción, generando pérdidas de 17.500 millones de euros. En Suiza, el cierre progresivo de las centrales nucleares se aprobó sin prever su impacto en los precios y en la dependencia energética. Leer En México, una consulta con solo un 1 % de participación canceló un aeropuerto en construcción, generando pérdidas de 17.500 millones de euros. En Suiza, el cierre progresivo de las centrales nucleares se aprobó sin prever su impacto en los precios y en la dependencia energética. Leer
El pasado 6 de mayo, el Gobierno español abrió una consulta pública sobre la oferta de adquisición presentada por BBVA sobre Banco Sabadell. La medida, sin precedentes en España para una operación bursátil, reabre el debate sobre el papel de las consultas públicas en decisiones complejas de carácter técnico.
Varios países han empleado este tipo de mecanismos para someter a juicio ciudadano decisiones con fuerte contenido financiero, ambiental o de infraestructura. En muchos casos, las consultas generaron resultados que fueron criticados por baja participación, falta de claridad o efectos económicos negativos.
En octubre de 2018, el Gobierno mexicano decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una obra de más 15.000 millones de euros de inversión estimada. La decisión se basó en una consulta informal, organizada por el equipo del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en la que participaron, el 1,07 % del padrón electoral nacional. El resultado detonó la cancelación del que habría sido uno de los aeropuertos más grandes del mundo.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la cancelación implicó un coste de 17.500 millones de euros, entre obras ejecutadas, penalizaciones contractuales e intereses. A eso se sumó la pérdida de 450.000 empleos proyectados. Según cálculos del Gobierno, la infraestructura habría contribuido entre un 0,5 % y 0,8 % al PIB nacional una vez en operación.
En Suiza, la «Estrategia Energética 2050» fue aprobada en referéndum en 2017 por 58,2 % del total de los participantes, con una afluencia equivalente al 42,4 % del censo. La medida prohibió nuevas centrales nucleares y promovió renovables. Aunque jurídicamente válida, fue criticada por omitir el impacto económico: los precios de la electricidad subieron, aumentó la dependencia de energía importada, y los consumidores industriales alertaron sobre pérdida de competitividad.
En 2011, el estado alemán de Baden-Württemberg celebró una consulta vinculante sobre la financiación pública del proyecto Stuttgart 21. Preveía la transformación subterránea de la estación central de trenes. Votó el 48,3 % del censo regional. La pregunta -«¿Está usted a favor de que el Estado de Baden-Württemberg rescinda su acuerdo financiero para Stuttgart 21?»- fue considerada confusa, ya que votar «no» significaba continuar con la obra. El 58,9 % rechazó detenerla. El proyecto, inicialmente presupuestado en 4.500 millones de euros, supera hoy los 11.000 millones, y ha sido objeto de protestas por sus retrasos y costes crecientes.
En Canadá, un municipio votó en 2024 a favor de la reapertura de la mina de carbón metalúrgico Grassy Mountain (Alberta). Participaron 3.052 personas. El proyecto, valorado en más de 500 millones de euros, fue aprobado en una consulta no vinculante limitada a una sola comunidad. Las comunidades indígenas y zonas potencialmente afectadas ambientalmente no fueron incluidas.
En Texas, se aprobó por referéndum una emisión de bonos por 430 millones de euros para financiar 70 proyectos viales. Votó el 2,4 % del padrón electoral, compuesto por más de 455.000 electores. La medida fue legal y vinculante, pero su bajo nivel de participación generó dudas sobre su respaldo ciudadano efectivo.
La oferta de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell no es una infraestructura ni un megaproyecto industrial, pero sí una operación financiera con efectos estructurales en competencia bancaria, empleo, acceso al crédito y solvencia del sistema. La apertura de una consulta pública no vinculante por parte del Gobierno introduce un componente participativo inédito en este tipo de decisiones.
Experiencias previas en países con alta institucionalidad muestran que el diseño de las consultas -su claridad, alcance, representatividad y consecuencias- es clave para su legitimidad. En ausencia de esos elementos, estos mecanismos tienden a convertirse en herramientas de politización: permiten a los gobiernos trasladar decisiones técnicas al terreno emocional, eludir responsabilidades y escudarse en un mandato popular que muchas veces no representa al conjunto de la ciudadanía ni refleja una deliberación informada. Lejos de fortalecer la democracia, pueden terminar siendo instrumentos de legitimación política que encarecen decisiones estratégicas y erosionan la confianza institucional.
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