EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
El pacto tiene carácter retroactivo, según el ministro de Justicia. El convenio con los obispos y el Defensor del Pueblo se formalizará en febrero
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han firmado este jueves un histórico acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Española. El pacto, que tiene validez de un año prorrogable a otro, llega tras años de negativa por parte de los obispos de hacer frente al escándalo. Según la base de datos de El País, la única contabilidad existente en España sobre la pederastia en el clero, hay 1.571 acusados y 2.948 víctimas. De estas, la Iglesia ha reparado apenas el 1,9% a través de su propio plan de reparación conocido como PRIVA. Estas son las claves del acuerdo, del que aún falta desarrollar la letra pequeña:
¿A qué víctimas incluye el acuerdo?
El acuerdo es para víctimas de pederastia en el clero español. Bolaños ha insistido en que “No hay ningún objetivo más fuera de ese título”. La CEE, sin embargo, asegura en su comunicado que para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la “reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social”, como solicitaba la propia Iglesia. Eso quiere decir, según entiende la Iglesia, que abarca otros ámbitos como el deportivo, escolar, familiar, por ejemplo. El ministro Félix Bolaños, por su parte, ha hablado únicamente de víctimas del clero español que durante años “se han encontrado con un muro de silencio, incomprensión y ocultamiento”. En los que sí coinciden ambos es que las víctimas que podrán solicitar una reparación son únicamente aquellas cuyos casos no tiene recorrido judicial, bien porque haya prescrito (en la gran mayoría de los casos) bien porque el victimario haya fallecido.
¿Seguirá abierta la vía para reclamar directamente a la Iglesia?
Sí, los que quieran seguir reclamando una reparación a través del PRIVA, el plan de la Iglesia, podrán seguir haciéndolo. Lo ha explicado así Bolaños: “Por supuesto, el PRIVA es un camino independiente que seguirá existiendo. Aunque por lo que me han contado algunas víctimas con las que me he ido reuniendo estos meses, no tenían demasiada confianza en ese Plan porque la Iglesia era juez y parte”.
¿Cuándo podrán empezar las víctimas a solicitar su reparación?
Las víctimas podrán empezar a solicitar su reparación dentro de un mes, según ha dicho el ministro de Justicia. “Como el Defensor del Pueblo tendrá una participación imprescindible, diría nuclear, en el proceso para abonar las indemnizaciones, vamos a trabajar en un convenio que tenemos que firmar los hoy firmantes [CEE, Confer y Gobierno] con el propio Defensor del Pueblo y lo vamos a hacer en el próximo mes. A partir de ahí se podrán solicitar las reparaciones”, ha dicho Bolaños. También ha aclarado que tendrá carácter retroactivo.
¿Llega a tiempo el acuerdo?
Las víctimas llevaban años pidiendo que el Estado interviniera en el proceso de reparación. No se sentían arropadas ni seguras recurriendo a una institución que ejercía de juez y parte y que no les protegió durante su infancia. A Bolaños le han preguntado precisamente por si ese acuerdo llega tarde para centenares y centenares de víctimas. Ha contestado que sí: “Claro que para muchas víctimas el Gobierno ha llegado tarde. Pero muchos de ellos ayer no tenían nada y hoy tienen la posibilidad de ser indemnizados”.
¿Quién y cómo estudiará cada caso?
El Gobierno creará una unidad de tramitación para la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o el recabado de informes. A partir de ahí, la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará el caso y elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y su reparación. Esa propuesta será enviada a la víctima y a la Comisión Asesora del PRIVA. Si ambas están conformes, será firme y la Iglesia pagará la indemnización. Si hay disconformidad de las partes y estas presenten alegaciones, actuará una tercera instancia, la Comisión Mixta. Formada por miembros de la Iglesia, del Estado y entidades que representen a las víctimas, intentará llegar a un acuerdo. Si no lo hubiera, prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo y la Iglesia lo acatará. Según indicó Argüello a preguntas de los medios sobre qué pasaría si los criterios del Defensor del Pueblo discrepan, este ha contestado: “En el acuerdo se contempla que los criterios de reparación tienen que ser los mismos”.
¿Quién pagará las indemnizaciones?
La institución eclesiástica responsable del agresor (diócesis, orden o congregación religiosa) deberá cumplir con las reparaciones que se fijen. En el caso de que no las pueda asumir, la CEE y la Confer se hará cargo de los pagos o de ejecutar las medidas. Bolaños ha sido claro en este aspecto: “El Estado decide; la Iglesia Católica lo paga, esa es la clave”.
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