La brecha de costes aleja los objetivos ambientales gracias a un modelo europeo que desde 2016 ha ahorrado a la industria española 16.000 millones por sus emisiones, según BBVA Research Leer La brecha de costes aleja los objetivos ambientales gracias a un modelo europeo que desde 2016 ha ahorrado a la industria española 16.000 millones por sus emisiones, según BBVA Research Leer
A principios de semana, mientras arrancaba la COP30 en Belém (Brasil), a casi 7.000 kilómetros de distancia, el Parlamento Europeo salvó el expediente en el tiempo de descuento, al pactar su nueva meta de recortar un 90% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2040. Que la UE, uno de los bloques más combativos en cada cumbre del clima, no haya logrado oficializar esa meta común hasta el último día, evidencia que la lucha ambiental está en horas bajas.
Una de las palancas con las que cuenta Europa para alcanzar ese objetivo es la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). Atrapar, guardar y, a veces, reutilizar los gases contaminantes que genera con su actividad económica. Bruselas apuesta fuerte por esa tecnología, que suscita recelos en el espectro más verde, donde temen que se utilice como excusa para seguir contaminando. Es, sin embargo, la opción más realista para minimizar la huella ambiental de industrias hard to abate (de difícil abatimiento) como cemento, química o metalurgia. En España, estas concentran el 33% de las emisiones, 10 puntos porcentuales más que en el resto del mundo. El problema es que en Europa capturar CO2 sigue siendo más caro que emitirlo.
Es la conclusión del informe La oportunidad de la captura de carbono para la economía española de BBVA Research al que ha tenido acceso EL MUNDO. Este cifra el coste medio de capturar una tonelada de CO2 entre 100 y 200 euros, según el tipo de instalación y tecnología empleada, mientras que el precio de emitirla, en el marco del mercado europeo de derechos (ETS), ronda los 60 euros. La ecuación es sencilla: contaminar sigue siendo más barato que descontaminar.
«Esa brecha de costes deja fuera de la tecnología a España y a todos los demás. La prueba de que aún es más barato emitir, es que de los grandes emisores, ninguno está haciendo inversiones potentes en captura de CO2. El termómetro son las cementeras y el mejor canario en la mina, las plantas de incineración de basura», resaltan fuentes del mercado. Hoy, en casi toda Europa, los proyectos anunciados son de prueba y los planes a escala industrial, casi una entelequia.
Hay factores estructurales que perjudican la escalabilidad de esa tecnología. Durante años, buena parte de la industria europea se ha beneficiado de una bula para contaminar en forma de derechos gratuitos de emisión. Bruselas los ideó para evitar la fuga de carbono, que sus fábricas se mudaran del continente para sortear los costes climáticos. De acuerdo con el informe, entre 2016 y 2024 la industria española emitió CO2 por valor de 17.514 millones de euros, pero pagó por esas emisiones menos de 1.300 millones. El propio sistema ahorró a esas empresas más de 16.200 millones.
Europa está acabando progresivamente con ese modelo. Aunque, recientemente, la presión de países como Francia ha retrasado un año el llamado ETS2, por el que se empezará a cobrar el CO2 a sectores como el transporte o los edificios, hasta ahora exentos. En paralelo, la UE acaba de ordenar el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, una suerte de arancel climático que gravará ciertas importaciones extracomunitarias (acero, cemento, fertilizantes…) para igualar la factura ambiental que lastra a la industria europea frente a la de países con regulaciones más laxas. «Hasta que aterrice, los primeros sectores que deberían invertir en captura piensan ‘bastante ruina tengo ya para meterme a capturar CO2′», apuntan fuentes del mercado.
«Cada año se va reduciendo la brecha de rentabilidad entre capturar y pagar por emitir carbono», asegura Julián Cubero, economista jefe de Economía del Cambio Climático de BBVA Research. Señala que 2026 debe ser el año en que se sienten las bases para que la tecnología despegue: «Las compañías industriales empezarán a pagar progresivamente más por los derechos de emisión, por lo que la presión para actuar subirá«.
Charles Kirby, socio del área de Sostenibilidad en Consulting de EY, coincide en que la realidad actual del mercado «dificulta la viabilidad económica de muchos proyectos», pero prevé que la ecuación económica va a cambiar «significativamente» en los próximos años, por la retirada progresiva de derechos gratuitos y las previsiones de alza de los precios de carbono. «Llegaremos a un punto de corte donde invertir en captura será económicamente más favorable que seguir comprando derechos de emisión». Por eso, llama a las empresas a actuar anticipadamente y no esperar a ese punto de corte, momento en que «la presión de costes y los plazos de implementación podrían comprometer la viabilidad operativa».
A diferencia de otros países europeos, España no tiene una hoja de ruta específica para la captura. En el plan energético del Gobierno las referencias escasean y la enmarcan como una tecnología de último recurso. Ello dificulta el despegue de proyectos -por ahora en fase piloto- cuyos ciclos de desarrollo son largos, de ocho a 10 años.
¿Por qué? «Al no ser un país productor de hidrocarburos como Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Noruega; hay una menor oportunidad potencial de captura y una percepción de riesgo geológico de almacenamiento no justificado. La captura se ha considerado tradicionalmente sustitutiva de la mitigación de emisiones, se vincula con la pervivencia del uso de combustibles fósiles, algo que se evita con los incentivos apropiados. Para industrias hard to abate no existe alternativa factible y económica a corto plazo», analiza Cubero.
Kirby también defiende que la captura debe entenderse como «parte de una estrategia integral de descarbonización, no como justificación para perpetuar el uso de combustibles fósiles«. Y destaca su papel en aquellos sectores donde no existen alternativas factibles, para «facilitar la transición, aprovechando infraestructuras existentes mientras avanzamos hacia sistemas completamente descarbonizados».
- Más allá de cuestiones regulatorias o de mercado, el coste de los proyectos de captura de carbono depende mucho de la concentración del CO2. «Cuanto menos concentrado está el gas, más cuesta atraparlo, por eso las soluciones de captura directamente de la atmósfera son tan caras», explican en el sector. A veces, incluso, el proceso requiere acondicionar primero la corriente de gases donde flota el carbono que se quiere capturar, lo que también puede encarecer considerablemente el proceso. En definitiva, antes de invertir, las empresas miran con lupa los pormenores de una tecnología que no siempre se acopla con facilidad a los procesos industriales.
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