El Ministerio de Economía forzó hasta siete concesiones clave para hacer viable el sector de los ‘data center’ que, según la patronal SpainDC, se juega 70.000 millones de inversión Leer El Ministerio de Economía forzó hasta siete concesiones clave para hacer viable el sector de los ‘data center’ que, según la patronal SpainDC, se juega 70.000 millones de inversión Leer
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El Ministerio de Economía ha sido el gran contrapeso, dentro del propio Gobierno, al decreto que pone coto a los centros de datos, que ayer se debatió en el Consejo de Estado. El departamento que dirige Carlos Cuerpo abrió fuego amigo en favor del sector durante la tramitación y arrancó a Transición Ecológica siete concesiones clave que acabaron suavizando la norma. Además, el vicepresidente primero se ha asegurado la última palabra sobre cualquier revisión futura, según consta en la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) consultada por EL MUNDO.
La Dirección General de Política Económica, que depende de Cuerpo, elevó varias peticiones para flexibilizar las exigencias, principalmente energéticas, que el equipo de Sara Aagesen incorporó al borrador presentado en el mes de agosto. Aquel texto preliminar soliviantó a las grandes tecnológicas que promueven estas infraestructuras -de Amazon a Microsoft- y a CCAA como Madrid o Aragón, que han convertido la economía de la inteligencia artificial en su principal vector de crecimiento. También a eléctricas y renovables, que confían en los centros de datos para levantar la demanda y vender su producción sorteando el cóctel de vertidos y precios negativos que está alterando el mercado en horas solares.
El borrador recibió 632 alegaciones en apenas dos semanas. Economía fue contundente: pidió ampliar de 18 a 36 meses la ventana de adicionalidad, es decir, el plazo para vincular cada centro de datos a nuevas plantas renovables. También rebajar de diez a seis años la duración mínima de los contratos de energía verde (PPA), y dar seis meses de margen tras obtener el acceso a la red, para cumplir ese requisito.
El equipo de Cuerpo puso el foco en una de las exigencias más polémicas: la correlación horaria. La obligación de que los centros de datos acrediten, hora a hora, que al menos el 80% de la electricidad que consumen es renovable. El ministerio sugirió medirla en periodos más amplios. Transición Ecológica accedió a medias, con una vía transitoria de cinco años para aquellas instalaciones que acepten adaptar su consumo a las órdenes de Red Eléctrica en aquellos tramos del día en los que la operación del sistema es más complicada.
Total o parcialmente, todas las alegaciones de Economía fueron atendidas. La de mayor calado fue dejar en manos del vicepresidente primero la llave de cualquier futura modificación del decreto que tenga cierta envergadura. Y es que se necesitará el acuerdo previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para actualizar la norma. Es decir, Carlos Cuerpo, que preside ese órgano, tendrá la última palabra.
Hacienda también alegó y pidió «revisar el impacto económico y presupuestario por los costes de adaptación de los proyectos públicos ya iniciados». Lo que subyace es la duda de si los centros de datos de la propia Administración se salvarían de la quema. El departamento de Arcadi España tuvo menos suerte: se rechazaron tres de sus seis peticiones, aunque sí se excluyeron del decreto instalaciones estatales consideradas críticas.
Las medidas de alivio que elevaron Economía y Hacienda evidencian una preocupación compartida por el posible efecto económico de la norma. La patronal de los centros de datos, Spain DC, cifra en unos 70.000 millones de euros la inversión en juego, además de una notable contribución fiscal, algo que preocupa especialmente a las autonomías más expuestas al sector.
Ello contrasta con la implicación directa y el respaldo sin fisuras del equipo económico de Moncloa, liderado por Manuel de la Rocha, a un marco que el lobby tecnológico califica como el más exigente de Europa. Según evidencia la memoria, el Gobierno no ha realizado ningún informe de impacto económico ni cuantificado cuánto costará cumplir un decreto que, siempre según el sector, abocará una fuga de capital si sale adelante.
Los promotores siguen considerando insuficientes los cambios del texto definitivo, pero los cambios introducidos a instancias de Economía reflejan el creciente peso de Carlos Cuerpo en el Gobierno. De perfil técnico, el vicepresidente primero ha ido ganando protagonismo y, sin perder su condición de independiente, se ha convertido en una baza electoral de Pedro Sánchez para el 29-N, incluso antes de que el líder socialista delegara en él las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.
De la memoria se desprende también el silencio de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, bajo el paraguas de Moncloa. El órgano recibió el 31 de agosto la petición de informe, pero nunca lo emitió, sin que se ofrezca explicación alguna. Y eso pese a que el Gobierno ha tramitado la norma por la vía de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad. El Gobierno justifica el acelerón en la necesidad de anticiparse a una avalancha: los centros de datos acumulan ya 12 GW de permisos de acceso a la red, el triple de las estimaciones más ambiciosas.
Uno de los efectos que más temen en Transición Ecológica es que ese aluvión de demanda acabe encareciendo la luz para todos los consumidores. Según la memoria, ni siquiera el nuevo real decreto impedirá que parte de la carga de integrar a los data center, auténticos devoradores de energía, se reparta entre hogares y empresas. Al exigir que el 80% de cada hora de su consumo esté cubierto por renovables, el impacto del 20% restante «será socializado y asumido por el resto de consumidores». Tecnológicas y energéticas sostienen, en cambio, que la llegada de los centros de datos abaratará los peajes del recibo al repartir los costes fijos del sistema entre más usuarios.
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