Los sindicatos ya asumen que el Gobierno tendrá que cambiar el acuerdo firmado hace apenas dos semanas para conseguir el apoyo parlamentario Leer Los sindicatos ya asumen que el Gobierno tendrá que cambiar el acuerdo firmado hace apenas dos semanas para conseguir el apoyo parlamentario Leer
Carlos Cuerpo mantiene el pulso a Yolanda Díaz en el arranque del año nuevo. En sus primeras intervenciones públicas de 2025, el ministro de Economía ha dejado clara su postura respecto a la reducción de la jornada laboral y ha asegurado que, siendo un objetivo compartido en el seno del Gobierno, el camino para alcanzarlo debe incluir un plan de acompañamiento para la adaptación de las empresas a las 37,5 horas semanales. Una iniciativa que, de facto, enmienda el acuerdo alcanzado entre la ministra de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, ya que en el documento firmado hace apenas dos semanas no se incluyeron las ayudas a las pymes que la vicepresidenta segunda rechazó incorporar como castigo a los empresarios por no sumarse al pacto.
Inicialmente, el Ministerio de Trabajo puso sobre la mesa el bautizado como ‘Plan Pyme 375’, una propuesta basada en bonificaciones a la contratación para empresas de menos de 10 trabajadores con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros. En un primer intento por atraer a la patronal al acuerdo, el equipo de Díaz diseñó un paquete de exenciones aplicables a las cotizaciones de nuevos contratos indefinidos o conversiones de jornadas parciales en completas que los empresarios rechazaron con un argumento básico: ningún negocio, especialmente los de menor tamaño, va a asumir el coste extraordinario de contratar a un trabajador fijo para cubrir las necesidades productivas derivadas de la nueva jornada máxima legal.
Una vez constatado el fracaso de esa primera oferta, Yolanda Díaz redobló su apuesta con un paquete de ayudas directas cuantificado en 375 millones de euros. En realidad, lo que planteaba Trabajo en ese plan era extraer el dinero del conocido como Kit Digital, que está incluido en el Programa Acelera Pyme, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. En concreto, ofrecía dos instrumentos –Kit Digital 5 y Kit Consulting 5– dotados con 187,5 millones de euros cada uno para «estimular la productividad» a través de la digitalización en las empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores de hostelería, comercio, agricultura, peluquerías y limpieza, por tratarse de las actividades con mayores dificultades para reducir la jornada.
Pero ese segundo paquete tampoco convenció a los empresarios porque, según sus cálculos, las ayudas no llegarían ni a 800 euros por empresa y la inversión total anunciada apenas cubriría el 3% del coste total que van a soportar las compañías por las horas de trabajo perdidas que van a tener que seguir remunerando, unos 11.800 millones de euros. Además, la CEOE consideró que el planteamiento del Ministerio de Trabajo era excesivamente restrictivo, ya que ambas líneas de ayudas estaban condicionadas a que las empresas beneficiarias mantuvieran el empleo durante tres años. Es decir, los empresarios que obtuvieran dinero público en forma de ayudas directas o subvenciones a la contratación tendrían prohibido despedir en ese plazo y, de hacerlo, estarían obligados a devolver el importe íntegro recibido.
Con todo, en los últimos compases de la negociación, y a la vista de que la reducción de la jornada tenía muy difícil encaje entre los de Antonio Garamendi, la vicepresidenta Díaz amenazó a los empresarios con retirar las ayudas si no se sumaban al acuerdo. Y así fue. En el texto firmado el pasado 20 de diciembre con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, no hay ni rastro de las bonificaciones a la contratación ni de las ayudas para estimular la productividad a través de la digitalización.
El ministro Cuerpo irrumpió entonces en el debate con una propuesta de aplicación más flexible de la reducción de la jornada. Primero, se mostró partidario de flexibilizar los plazos de entrada en vigor de la norma, que finalmente se alargaron para dar margen a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos a incorporar las 37,5 horas hasta el 31 de diciembre de 2025. Y en paralelo sostuvo que las empresas, sobre todo las más pequeñas y aquellas que operan en sectores más impactados por el recorte de jornada, necesitan un plan de acompañamiento. Y es precisamente este último punto en el que está insistiendo estos días, en la necesidad de diseñar un paquete de ayudas enfocadas a las pymes para que sean «capaces de digerir este cambio» y puedan «subir su productividad».
La iniciativa encabezada por el titular de Economía tiene un doble objetivo. Por un lado, suavizar la aplicación de una medida que, tal y como está plasmada en el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, va a tener un gran impacto en el tejido empresarial. Por eso Cuerpo busca fórmulas para amortiguar los efectos en las pymes que puedan atraer a la CEOE al acuerdo. Y por otro lado, el ministro es consciente de que el respaldo de la patronal favorecería un aterrizaje más suave de la norma en el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos el Gobierno no tiene los apoyos necesarios para sacarla adelante, especialmente los de socios clave como Junts o el PNV.
De este modo, el máximo responsable de la política económica del Ejecutivo ha dado paso a un nuevo escenario en el que no se descarta incluso la reapertura de la mesa de negociación. Fuentes de la patronal consultadas por EL MUNDO admiten que estarían dispuestos a sentarse a negociar con el Ministerio de Economía e incluso a dar su apoyo a la reducción de la jornada si se modifica el planteamiento actual para flexibilizar aún más los plazos y se incluye un paquete de ayudas que efectivamente «compense el aumento de los costes» y tenga en cuenta las distintas necesidades de los sectores económicos.
Incluso los sindicatos ya asumen que el Gobierno va a tener que cambiar el texto que firmaron hace apenas dos semanas para que prospere la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley que aspira a situar la jornada laboral semanal máxima en 37 horas y media. Sordo y Álvarez han constatado que el rechazo de Junts o el PNV podría tumbar la norma en el Congreso o, como poco, retrasar su tramitación hasta bien entrado el año, lo que aplazaría aún más el hito de las 37,5 horas. Por ello, tanto en CCOO como en UGT admiten que un acuerdo a tres que incluya la firma de CEOE tiene muchas más garantías de salir adelante en el Parlamento y reconocen que estarían dispuestos a hacer cesiones. Eso sí, siempre que no se toque el grueso del acuerdo ni se modifique la esencia del documento pactado con Díaz tanto respecto a la jornada como al control del registro horario.
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