Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo. Leer Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo. Leer
La guerra de Irán no solo hace que cada mes suba lo que nos cuesta la gasolina sino que, como cualquier otro conflicto, tiene otras muchas facturas. Una de las más claras, la de la munición, que no es pequeña y, solo en el caso de los cazabombarderos, ha salido a 1,7 millones de euros por avión al mes, a un promedio de 93.000 euros por proyectil. Así lo estima la web de defensa TWZ para el Escuadrón VFA-41 de la Marina de EEUU, formado por cazabombarderos F/A-18F Super Hornet, que estuvo destinado en el portaviones Abraham Lincoln en los momentos más duros de la guerra. El cálculo se basa en una fotografía compartida por el fotógrafo Jeff Rojas que muestra el scoreboard (literalmente, «marcador de resultados») del VFA-41. Estados Unidos llegó a desplegar contra Irán unos 300 aparatos tácticos de combate como el Super Hornet, a los que se deben sumar los bombarderos pesados, los buques de guerra y baterías de tierra, que también dispararon, y mucho.
La reanudada guerra entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudí podría denominarse la Guerra de los Congresos, porque la milicia proiraní yemenita parece decidido a arruinar los planes de la Monarquía saudí de convertir a Riad, la capital del país, en un centro global de conferencias que refuerce la imagen de apertura del reino y lo haga avanzar en su plan estratégico Vision 2030, que persigue la transformación de Arabia Saudí en una especie de Abu Dhabi pero de tamaño gigantesco. Los hutíes han bombardeado el aeropuerto de Riad, lo que lógicamente no incentiva viajar allí aunque sea para participar en eventos como el World Petroleum Congress (que se está celebrando estos días), la Future Investment Initiative (el mes que viene) y el Future Minerals Forum (en enero). El hombre fuerte saudí, Mohamed bin Salman (MBS), no quiere ni oír hablar de cancelar esos eventos. Y los hutíes tampoco parecen estar por la labor de dejar de poner a Riad en el punto de mira.
Todos sabemos que India es un país muy nacionalista. Todos sabemos, también, que en India gobierna desde 2014 Narendra Modi, que pertenece al partido nacionalista BJP y, además, a los Cuerpos de Voluntarios Nacionales, que es la mayor organización de ultraderecha del mundo. En ese contexto, Elon Musk, ha decidido que la mejor forma de que el Gobierno de Modi autorice la entrada en India de su servicio de internet Starlink es insultar a Modi en Twitter. Para ello, ha colgado mensajes dirigiéndose a Mukesh Ambani, el segundo hombre más rico del país y propietario de la competidora de Starlink, JioSpaceFiber, como «el que de verdad manda en India». La furia de Musk obedece al eterno aplazamiento de la licencia de Starlink en el país, atascada desde hace seis años en los vericuetos de la burocracia india. Delhi apoya a Ambani por nacionalismo, compadreo político y seguridad nacional, dado que Musk da y quita a voluntad a los países el acceso a Starlink.
¿Quién podría haber imaginado que, al dejar de ayudar a alguien, se pierde influencia sobre esa persona? Desde luego, Donald Trump no. Desde que llegó al poder, hace 21 meses, el presidente de EEUU ha cancelado la ayuda militar a Ucrania, y ha relajado todo lo que ha podido las sanciones a Rusia por su invasión de ese país, en 2022. El resultado es que, ahora que Trump quiere forzar una rendición de Ucrania (exactamente igual que hace 11 meses), se encuentra con que tiene pocas herramientas para presionar a Kiev. Ucrania puede sobrevivir sin armas de Washington con la excepción de los (pocos) misiles antimisiles de largo alcance Patriot que posee, y que han sido comprados por los europeos y Canadá a EEUU. Eso deja a Trump con solo dos bazas para presionar a Kiev y ayudar a Putin: las comunicaciones y el espionaje. Ahí es donde se encuadra la neegacion por Elon Musk del servicio de Starlink a las unidades ucranianas de primera línea, drones y misiles.
Desde finales de septiembre, si uno busca en Google Maps en el Reino Unido «gasolinera», no solo encontrará las estaciones de servicio sino, también, el precio en cada una de ellas. Google, a su vez, lo obtiene de FuelFinder, que es la web del Estado que informa a los ciudadanos de los precios en cada gasolinera con un retraso máximo de 30 minutos. La presteza del Gobierno británico para ayudar a los ciudadanos a encontrar gasolina lo más barata posible choca, sin embargo, con su vacilación para aumentar la oferta. El primer ministro Andy Burnham sigue deshojando la margarita de la reaper-tura a la explotación comercial de dos campos de petróleo y gas en el Mar del Norte, Jackdaw, de la británica Shell, y Rosebank, de la noruega Equinor. Burnham había hecho bandera de la autorización de las extracciones para demostrar a la clase obrera británica y a los sindicatos que la agenda verde no va a destruir empleos, pero lleva aplazando la medida desde el verano.
Hace quince años, cuando España se jugaba su futuro en medio de la crisis del ladrillo, las agencias de calificación de riesgos se convirtieron en las empresas más temidas y odiadas por la opinión pública. Dado que las agencias han recibido su poder de los Estados, que les han otorgado el poder de decidir qué emisiones de deuda tienen categoría de inversión, dirigir la furia ciudadana contra ellas es un tanto demagógico. Pero, desde la crisis, ha habido múltiples intentos para crear agencias de calificación, incluso sin ánimo de lucro, como hizo la Fundación Bertelsmann alemana. Ahora, los países de la Unión Africana acaban de decidir crear su propia agencia de rating de deuda, la AfCRA para acabar con la, según ellos, discriminación de las ‘tres grandes’ –S&P, Moody’s y Fitch– contra los países del continente, que ha llevado a que la deuda de 23 de los 55 miembros de esa institución no tenga ninguna nota, lo que indica, en principio, que su riesgo es máximo.
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