Los pagos realizados desde la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, vuelven a estar bajo la lupa de la justicia tras la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como supuesto cabecilla de una “organización” delictiva diseñada para “desestabilizar” las causas judiciales que afectan al partido o al Gobierno. La Audiencia Nacional ya investigaba desde el año pasado los reembolsos de dinero en efectivo que el PSOE entrega a sus cargos y trabajadores cuando estos anticipan gastos cotidianos, pero a esta causa, que el juez Ismael Moreno mantiene secreta desde diciembre, se han sumado ahora las pesquisas sobre posibles transferencias de dinero, amparadas en facturas falsas, para pagar a los miembros de la supuesta red corrupta centrada en torpedear investigaciones judiciales. El partido defiende que sus cuentas están fiscalizadas y que si algún dirigente cometió irregularidades estas eran “indetectables”.
La causa sobre los supuestos abonos a cambio de torpedear investigaciones judiciales se suma a la que indaga en los reembolsos de gastos en efectivo
Los pagos realizados desde la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, vuelven a estar bajo la lupa de la justicia tras la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como supuesto cabecilla de una “organización” delictiva diseñada para “desestabilizar” las causas judiciales que afectan al partido o al Gobierno. La Audiencia Nacional ya investigaba desde el año pasado los reembolsos de dinero en efectivo que el PSOE entrega a sus cargos y trabajadores cuando estos anticipan gastos cotidianos, pero a esta causa, que el juez Ismael Moreno mantiene secreta desde diciembre, se han sumado ahora las pesquisas sobre posibles transferencias de dinero, amparadas en facturas falsas, para pagar a los miembros de la supuesta red corrupta centrada en torpedear investigaciones judiciales. El partido defiende que sus cuentas están fiscalizadas y que si algún dirigente cometió irregularidades estas eran “indetectables”.
Las dos investigaciones que instruye la Audiencia sobre los pagos del PSOE se centran en aspectos distintos, pero tienen un elemento común: las supuestas irregularidades fueron ideadas, cometidas, o al menos avaladas, por los secretarios de Organización (primero José Luis Ábalos y luego Cerdán), que, en la práctica, son los jefes de la sala de máquinas del partido y quienes autorizan los gastos de todo su departamento. El exgerente Mariano Moreno lo explicó durante su declaración como testigo en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo. “¿Ábalos se autorizaba a sí mismo sus propios gastos?”, le preguntó el abogado de la acusación popular, dirigida por el PP. “Sí, los suyos y todos los que se imputaban a la Secretaría de Organización”, afirmó Moreno. El gerente revisaba y, si cada gasto venía explicado y justificado con un tique o factura, daba el visto bueno definitivo, ya fuera para hacer un reembolso en metálico o para hacerlo por transferencia.
Las entregas en metálico se circunscribían hasta hace unos meses (ya se hace todo por transferencia) a reembolsar los gastos de viajes, de representación o los llamados “de actividad”, que, según explicó el exgerente, suelen corresponderse con comidas, alojamiento, transportes, gasolina o peajes. Estos son los que investiga el juez Moreno desde el año pasado después de que el Supremo derivara a la Audiencia Nacional las supuestas “faltas de concordancia” advertidas por la Guardia Civil entre la documentación enviada por el partido y las liquidaciones de gastos percibidas por Ábalos y Koldo García. Según el partido, ese descuadre (de 500 euros) se debía a que el PSOE solo entregó al tribunal los gastos liquidados individualmente de los dos ex secretarios de Organización investigados (Ábalos y Santos Cerdán) y el antiguo asesor del ministro; pero estos tres pudieron recibir también liquidaciones de gastos por sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada.
Una auditoría externa encargada por el partido descartó que existiera financiación ilegal, pero cuestionó algunos de los gastos presentados por el exministro de Transportes. El informe, elaborado por un catedrático y un profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid (el segundo, César Martínez Sánchez, fue jefe de gabinete en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno) concluyó que todos los ingresos y gastos en metálico en la caja del PSOE estaban justificados y no había ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería.
Los autores señalaron que en todos los ejercicios analizados, “sin excepción”, la caja de Ferraz se nutre “fundamentalmente” del remanente del ejercicio anterior y de reposiciones en efectivo realizadas desde una cuenta del partido en el BBVA que cuentan “con justificante bancario individualizado y coinciden exactamente con los importes y fechas” reflejados en la documentación del partido. En total, el informe daba cuenta de 39 ingresos que suman casi un millón euros (940.388 euros), de los cuales más de 500.000 corresponden a la etapa de Ábalos y más de 400.000, a la de Cerdán. “No existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería”, concluyeron los autores.
El documento recogía el total de los reembolsos año a año, pero solo analizó una muestra en la que se incluyeron todas las liquidaciones con un importe igual o superior a 2.000 euros, que sumaban 64.784,7 euros (el 51,07% del importe total liquidado a Ábalos y su equipo, que fue 127.395 euros). La mayoría eran gastos de comidas y taxis, aparentemente correctos, pero los auditores advirtieron algunas anomalías en comprobantes de gastos presentados por el extitular de Transportes y su equipo, como comidas inusualmente caras (la más alta, 703 euros),tiques de menús infantiles, una comida para nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad o facturas distintas del mismo día y en la misma franja horaria.
La intención del PSOE es que esta documentación se incorporara a la pieza separada y secreta que investiga Moreno, de la que solo se sabe que ha obligado a Ferraz a presentar todos los pagos efectivos que ha abonado desde 2017. Una de las tesis de los investigadores es que Ábalos, Cerdán y Koldo García podrían haber blanqueado dinero usando las liquidaciones de gastos, una posibilidad que la Guardia Civil vincula a conversaciones intervenidas al antiguo asesor ministerial y su expareja en las que hablan de ir a la sede socialista a recoger “sobres” con “chistorras”, “soles” y “lechugas”, como se referían a los billetes de 500, 200 y 100 euros. Durante el juicio en el Supremo, la defensa de Koldo García intentó atribuir todo el dinero en metálico que manejaba su cliente al reembolso de gastos, pero el exgerente cegó esa estrategia al asegurar que resultaba “imposible” que Ábalos y su asesor tuvieran fondos en efectivo entregados por el PSOE que no estuviera previamente justificado en gastos anticipados por ellos.
Hasta esta semana no estaban bajo sospecha ninguno de los abonos por transferencias realizados por el partido, pero el juez Santiago Pedraz ha puesto ahora el foco en algunos de ellos porque existen indicios de que se falsearon facturas para pagar encargos supuestamente delictivos, sobre todo maniobras contra fiscales y jueces que han dirigido las investigaciones contra el hermano y la mujer de Pedro Sánchez, así como contra la instructora del caso de los ERE, por el que el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías (imputado en esta causa) fue condenado.
Según Pedraz, Cerdán ordenó que la exmilitante socialista Leire Díez fuese remunerada con 4.000 euros al mes “con cargo a los fondos del partido” mediante un sistema de facturación “falaz” en el que habría participado la gerente, Ana Fuentes. El instructor considera que Díez cobró a cambio de buscar información para perjudicar las investigaciones judiciales, y que este dinero lo recibió a través de una empresa de Zarrías y de sociedades interpuestas del abogado Ismael Oliver, que fue defensor de Koldo García y cuyo despacho la UCO registró miércoles.
Fuentes de Ferraz niegan que se pagara con facturas falsas a Díez y advierten de que, de confirmarse el modus operandi, era “indetectable” para la auditoría externa del año pasado. “Las facturas no son falsas, son verdaderas, y por eso [esos pagos a Díez] son indetectables. Otra cosa es a qué se destinaban en realidad”, explican las fuentes consultadas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió este jueves a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, por “un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido”. “No tenemos ahora mismo ninguna razón para dudar de su honestidad”, ha añadido. La víspera, Sánchez marcó la senda oficial de defensa de la gerente: “Es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista”, sostuvo en Roma tras verse con el Papa.
La tesis de otros dirigentes de la dirección socialista es que Cerdán se habría aprovechado de la “confianza” de Fuentes y su “situación jerárquica” para financiar la supuesta trama, ordenando una serie de gastos que en realidad luego destinaba a otros fines ilícitos. “A un secretario de Organización no se le cuestiona, salvo que sea una manifiesta ilegalidad obviamente, ¿pero quién va a pensar eso si te viene con un contrato con un despacho? Eso no es ilegal. Otra cuestión es que hubiera otras razones”, añaden fuentes de Ferraz en referencia a Zaño Sociedad Consultora SL, de Gaspar Zarrías, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. “Al final hablamos de lo mismo que hace un año: si tienes al zorro cuidando del gallinero, sucede lo que sucede”, lamenta otro integrante de la ejecutiva del PSOE.
España en EL PAÍS
