El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo reglamento de extranjería con el que se simplificará y facilitará la regularización de inmigrantes. El documento ha sido aprobado en el Consejo una semana más tarde de lo que estaba previsto debido a la movilización gubernamental que han exigido los estragos causados por la dana en Valencia. El nuevo reglamento, con una clara vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros y aflorar la economía sumergida, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Gobierno estima que regularizaría a 300.000 personas al año durante los próximos tres años. Es la tercera vez en tres años que el Ministerio de Migraciones reforma esta norma, una evidencia de cómo la ley se va adaptando a las nuevas necesidades laborales y demográficas de España, pero que también esconde un pero: no se está dando tiempo para que se consoliden y se estudie el impacto de los cambios.
El nuevo reglamento, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, entrará en vigor en seis meses
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo reglamento de extranjería con el que se simplificará y facilitará la regularización de inmigrantes. El documento ha sido aprobado en el Consejo una semana más tarde de lo que estaba previsto debido a la movilización gubernamental que han exigido los estragos causados por la dana en Valencia. El nuevo reglamento, con una clara vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros y aflorar la economía sumergida, entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Gobierno estima que regularizaría a 300.000 personas al año durante los próximos tres años. Es la tercera vez en tres años que el Ministerio de Migraciones reforma esta norma, una evidencia de cómo la ley se va adaptando a las nuevas necesidades laborales y demográficas de España, pero que también esconde un pero: no se está dando tiempo para que se consoliden y se estudie el impacto de los cambios.
El último borrador, adelantado por EL PAÍS en octubre, había pasado ya el filtro del Consejo de Estado y de los ministerios y se han realizado varias modificaciones “más de forma que de fondo”, según fuentes que han acompañado el proceso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha descrito este nuevo reglamento como “la reforma más ambiciosa e integral” que se haya hecho a la Ley de Extranjería en la última década y ha dicho que “va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”.
El máximo órgano consultivo del Gobierno sugirió cambios que no alteran la esencia de la norma, pero que pueden ser relevantes en su aplicación. El Consejo, por ejemplo, rechaza que se interprete el silencio administrativo —cuando la Administración no responde en plazo— como una respuesta positiva, como proponía el reglamento en varios supuestos. En contra de este criterio, el Consejo sugirió que, por regla general, cuando las oficinas de extranjería no respondan en el plazo establecido, se dé por desestimada la petición y no al contrario. Migraciones, según la última versión del reglamento a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ha aplicado el criterio del Consejo, un cambio perjudicará a los extranjeros que dependen de unas oficinas de extranjería que no siempre resuelven dentro los plazos legales.
La revisión del Consejo no ha planteado objeciones a una de las grandes novedades de la norma que beneficia a los solicitantes de asilo. A pesar de los recelos del Ministerio del Interior para que el asilo no se convierta en la puerta trasera para regularizar a inmigrantes económicos, el nuevo reglamento permitirá — durante un año — que los solicitantes a los que les hayan denegado la protección tengan una vía específica para obtener sus papeles. Se les exigirá llevar al menos seis meses en situación irregular cuando entre en vigor el reglamento. Se trata de una regularización acotada de un colectivo muy numeroso —solo en 2024 se han registrado más de 140.000 solicitudes— que se queda sin permiso para vivir y trabajar en España cuando les deniegan su solicitud, algo que ocurre en la mayoría de los casos.
En su dictamen, al que tuvo acceso EL PAÍS, el Consejo de Estado se detiene para regañar al Ministerio de Migraciones por abusar del procedimiento de urgencia y más en una materia tan compleja, una recriminación que lleva meses haciéndole al conjunto del Gobierno. “El plazo ordinario de emisión del dictamen de dos meses se ha visto reducido a quince días, un plazo a todas luces insuficiente para examinar con rigor un texto que se caracteriza por su extensión y complejidad y que viene a integrarse en un grupo normativo singularmente intrincado”, señala.
También los ministerios remitieron observaciones, muchas desestimadas. El Ministerio de Juventud y Trabajo fueron de los más activos con propuestas que buscaban facilitar el acceso a la documentación. El departamento que dirige Yolanda Díaz pidió que se redujese de 24 a 18 meses el tiempo exigido de estancia en España o que no se vetase a los solicitantes de asilo el acceso a un permiso de residencia por arraigo. También sugirió que se incluyese un visado extraordinario para solicitar protección internacional. No se aceptaron.
El reglamento, por tanto, llegó al Consejo de Ministros con varias modificaciones pero sin alterar cuestiones medulares. Entre las novedades principales que aporta la nueva norma se reduce de tres a dos años el tiempo necesario para que un extranjero pueda acceder a un permiso de residencia y trabajo. Además, se introduce la figura del arraigo de segunda oportunidad, al que podrán acogerse las personas que tuvieron una autorización de residencia en el pasado y por alguna razón no pudieron renovarla. El texto reduce plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo, se harán renovaciones de mayor duración, se eliminarán requisitos y se facilitará, de forma generalizada, la incorporación al mercado laboral.
Otra de las novedades es que los inmigrantes que obtengan un permiso gracias al arraigo para la formación podrán también trabajar hasta 30 horas semanales. Esta figura —que ahora se llamará arraigo socioformativo— se creó en 2022 con la idea de rescatar a las personas en situación irregular que llevaban más de dos años en España, siempre que se matricularan en algún curso. Hasta ahora necesitaban un contrato para pedir una autorización de trabajo que ahora se concederá de forma automática.
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