Hace cuatro años que las denuncias por supuestos malos tratos a menores migrantes llegaban a los despachos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario y de la Fiscalía. Al menos desde 2021, ambas tuvieron constancia de situaciones que habrían requerido de su intervención. En varios centros y a cargo de diferentes entidades. Varias ONG e incluso el Defensor del Pueblo lo advirtieron. Pero no se actuó con contundencia. Hoy —cuatro años, dos presidentes autonómicos, tres directoras generales de Infancia después— una investigación judicial a la entidad que más menores migrantes atiende en las islas (casi 2.000) pone en cuestión un sistema desbordado que ha crecido sin control. “Ha fallado estrepitosamente la labor de inspección”, lamenta Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional.
La investigación judicial a la entidad que atiende a 2.000 menores migrantes en las islas destapa una realidad que denunciaban sin éxito el Defensor del Pueblo, varias ONG, trabajadores y menores
Hace cuatro años que las denuncias por supuestos malos tratos a menores migrantes llegaban a los despachos de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno canario y de la Fiscalía. Al menos desde 2021, ambas tuvieron constancia de situaciones que habrían requerido de su intervención. En varios centros y a cargo de diferentes entidades. Varias ONG e incluso el Defensor del Pueblo lo advirtieron. Pero no se actuó con contundencia. Hoy —cuatro años, dos presidentes autonómicos, tres directoras generales de Infancia después— una investigación judicial a la entidad que más menores migrantes atiende en las islas (casi 2.000) pone en cuestión un sistema desbordado que ha crecido sin control. “Ha fallado estrepitosamente la labor de inspección”, lamenta Virginia Álvarez, responsable de Investigación de Amnistía Internacional.
A la entidad investigada, Quorum Social 77, se le atribuyen presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas, entre otros. Las denuncias que finalmente activaron a la Dirección General de Protección a la Infancia, a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, especializado en violencia contra menores, incluyen agresiones físicas y castigos en cuartos de aislamiento, donde se encerraba a los adolescentes durante días. Tras registrar varios centros, el juez ordenó el cierre de dos de ellos. Once trabajadores han sido detenidos, incluida la presidenta de la entidad. El golpe ha sacudido al pulmón del sistema: Quorum atiende a más de un tercio de los casi 5.500 menores migrantes acogidos en las islas y, desde 2023, ha recibido más de 150 millones de euros de dinero público.
Para muchos, esto era un secreto a voces. Menores, médicos, organizaciones de protección de la infancia y trabajadores llevan años contando atrocidades sin que les hiciesen demasiado caso. Uno de los centros precintados, conocido como Bandama, recibió una visita inesperada del Defensor del Pueblo en noviembre de 2021. El informe de aquella visita no se hizo público, pero entre otras instituciones, se envió a la Fiscalía General del Estado. Se identificaron, según fuentes del defensor, “conductas o hechos presumiblemente delictivos”.
Pero el lugar, al que enviaban a los chicos con mayores problemas de conducta, siguió abierto. “Nosotros ya habíamos recibido denuncias, pero cuando fuimos en noviembre de 2024, a mí me ponen el Bandama como ejemplo de buen funcionamiento. ¿Cuál es el grado de conocimiento del Gobierno canario cuando están usando como referencia un lugar así?”, se pregunta Álvarez. La propia Dirección General había inspeccionado ese centro en febrero de 2024 junto a la Agencia Europea de Asilo y no encontró situaciones de violencia, apenas carencias subsanables. La valoración fue de “riesgo leve”.
El problema, cuenta un extrabajador del servicio autonómico de protección de infancia, es que —aún hoy— se hacen visitas comunicadas y no inspecciones sorpresa. “Mi experiencia fue que el control no era algo prioritario. Recibíamos de forma habitual denuncias de agresiones. Nos llegaban partes de lesiones de los centros de salud, casos que recogían las ONG que están en contacto con menores… Se comunicaba a la fiscalía, alguna vez se pedía el despido del trabajador involucrado, pero ahí acababa. No se tomaban acciones específicas”, relata bajo condición de anonimato. “El problema es que la fiscalía de menores no ha hecho una labor de supervisión exhaustiva”, añade Álvarez, de Amnistía Internacional. “Consideraban que este no era un tema suyo”, señala en referencia al deber de los fiscales de visitar los centros de menores para prevenir situaciones de violencia.
El abogado Daniel Arencibia ha sido uno de los que más ha apuntado las fallas del sistema, aunque sin demasiado éxito. “Desde 2020, trabajadores sociales cualificados de distintos centros empezaron a levantar alarmas sobre uso de la fuerza por matones no cualificados. Muchos lo hacían desde el anonimato por miedo”, explica. “Algunos niños se fugaban de sus centros y formulaban denuncias, pero se generalizó la idea de que denunciar era un riesgo para el denunciante y no servía para nada”.
El de 2021 fue un año crítico porque la llegada imparable de pateras y cayucos ya había puesto al límite el sistema de protección y empezaron a surgir los problemas. Con un tercio de los menores que hay ahora, ya era un sistema colapsado En aquel entonces, el último responsable en el Gobierno de Canarias era el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “Ese año, un grupo de personas, incluidos extrabajadores, se pusieron en contacto con Amnistía Internacional por desesperación, porque no se les hacía caso”, recuerda Álvarez. “Ya ese año empezamos a escuchar el término de porteros de discoteca en referencia a los cuidadores, un concepto que a lo largo de estos años hemos visto como ha calado en el imaginario colectivo, está totalmente normalizado”, observa Álvarez.
El primer caso del que Amnistía Internacional informa al fiscal de sala de menores es el de un menor al que le rompen la mandíbula en un centro de Gran Canaria. Así consta en el informe de la organización de aquel año: “Es especialmente llamativo el bofetón que un agente propina a uno de los chicos, sin que hubiera habido interacción previa entre ambos, lo que indicaría una conducta claramente abusiva y desproporcionada (…) La organización tuvo información contrastada de que la persona que yacía en el suelo tenía la mandíbula rota tras haber sido golpeado por un educador”. Pero hubo más. “Teníamos testimonios de personas que nos estaban alertando. Nos entrevistábamos con chavales, sobre todo marroquíes, que contaban que les estaban maltratando. El centro de Bandama ya era problemático entonces”, cuenta Álvarez.
Los casos de violencia siguieron apareciendo. En noviembre de 2023, ya con Fernando Clavijo en la presidencia del Gobierno canario, una denuncia de 12 adolescentes marroquíes hizo saltar las alarmas. Se trataba, en esa ocasión, de un centro de acogida gestionado por la fundación Siglo XXI, investigada por desviar los fondos dedicados a los menores a tratamientos de belleza, restaurantes y viagra. Su denuncia señalaba “forcejeos, agresiones físicas y amenazas por parte de trabajadores”, agresión a un menor “en cara y boca sufriendo mucho sangrado”, “golpes fuertes por parte del director”… Y concluye: “Nos sentimos asustados, desprotegidos y en peligro”. El caso está desde entonces en manos del mismo juzgado que investiga ahora a Quorum, aunque no ha trascendido la adopción de medidas, ni el archivo. La organización sigue acogiendo 250 menores.
Y en 2024 hubo más. EL PAÍS recogió en julio de ese año varios testimonios que denunciaban que en un hotel gestionado por Quorum, en el norte de Tenerife, existía una habitación de aislamiento y los educadores infligían castigos físicos, una información que compartió con la Dirección General y la propia entidad, que consideró que lo denunciado eran “falsedades”. Por su parte, Save the Children remitió siete informes —alguno de ellos hacía referencia a agresiones físicas y psicológicas a más de una persona— a la Dirección General, tal y como marcan los protocolos.
Y Amnistía Internacional volvió a la carga en 2025. Muchas de las descripciones de su último informe, publicado en 2025, coinciden con las revelaciones que se están sucediendo estos días. Antes de publicarlo, en enero de este año, la organización remitió cartas a la fiscal jefe de Canarias y al presidente de Canarias. Les pidió que garantizasen un sistema exhaustivo de control con visitas periódicas y no anunciadas.
La Fiscalía no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS. El Gobierno de Canarias defiende que su gestión debe circunscribirse a una situación de colapso y destaca que la investigación actual ha salido adelante, precisamente, gracias a las denuncias que ha remitido al juzgado y al ministerio público. Asegura que aumentará los controles.
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