El Ejecutivo plantea que el 85% de la población tenga que tener acceso a red móvil durante al menos cuatro horas si se producen otra vez las circunstancias de abril Leer El Ejecutivo plantea que el 85% de la población tenga que tener acceso a red móvil durante al menos cuatro horas si se producen otra vez las circunstancias de abril Leer
El borrador de Real Decreto para blindar la resistencia de la red móvil e Internet ante apagones incluye la posibilidad de multar a los directivos de las empresas que no apliquen estas normas con hasta 30.000 euros.
«Además de la sanción, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 30.000 euros a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedarán excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos directivos o de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto», señala el texto sometido a consulta pública.
Esta posibilidad de sanción se une a las sanciones de hasta dos millones de euros para la empresa infractora que recoge el texto. Este pretende imponer una obligación de que la red móvil aguante hasta cuatro horas en caso de apagón, así como medidas dedicadas a que otras infraestructuras de Internet como centros de datos, cables submarinos o puntos de intercambios de Internet. En las infraestructuras críticas, se llega a pedir hasta 24 horas de aguante.
Las sanciones pueden imponerse en caso de que la red no responda como debe en uno de estos sucesos, evitar o no colaborar en grado suficiente con las inspecciones, fallos en las notificaciones o informes posteriores a una caída, así como el cumplimiento de otros de los requisitos de seguridad incluidos en el texto, y que en el caso de los operadores de telecomunicaciones se cumplen ampliamente.
Entre los incidentes considerados como significativos se encuentran los incidentes que afecten a más de 10.000 líneas durante más de una hora entre las 07.00 horas y las 24.00 horas, catástrofes naturales, incidencias que afectan a centros de emergencias, un incidente que afecta a la degradación significativa del servicio prestado.
La medida recoge una tendencia cada vez mayor en la legislación relacionada con lo digital de extender la responsabilidad a la cúpula de las compañías, especialmente cuando se trata de actuaciones relacionadas con la seguridad. Así, por ejemplo, la directiva europea Nis 2 también recoge una posible culpabilidad del Consejo de las compañías en caso de que haya ciberataques en los que no se han realizado las suficientes labores de prevención.
El Gobierno calcula que las medidas recogidas en el decreto supondrán una inversión de hasta 73 millones de euros, debido a la necesidad de comprar baterías para las antenas, una inversión que se considera menor por parte de los operadores.
Entre otras medidas también se recoge la creación de una mesa de coordinación entre empresas del sector y los distintos niveles de Gobierno.
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