La semana parlamentaria se inició bajo la sombra de Carles Puigdemont, con su demanda de que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza, y terminó este jueves con claroscuros para el Gobierno. En el apartado legislativo fue convalidado el segundo decreto de ayudas para los damnificados por la dana, con el único voto en contra de Vox; el bloque de investidura funcionó para derrotar el intento de este último grupo y del PP de frenar la reforma de la ley mordaza, y quedó lista la norma para proteger a los donantes de órganos en vivo, tras el rechazo a una enmienda que los populares habían aprobado en el Senado con su mayoría absoluta. Pero, al igual que hace tres meses, el Gobierno tropezó con Venezuela. En este caso, Junts, PNV y Coalición Canaria (CC) volvieron a descolgarse de la izquierda y permitieron con su abstención que la Cámara pida el arresto de Nicolás Maduro.
Solo Vox se opone a las ayudas por la dana, mientras el PP logra que se reclame el arresto de Maduro
La semana parlamentaria se inició bajo la sombra de Carles Puigdemont, con su demanda de que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza, y terminó este jueves con claroscuros para el Gobierno. En el apartado legislativo fue convalidado el segundo decreto de ayudas para los damnificados por la dana, con el único voto en contra de Vox; el bloque de investidura funcionó para derrotar el intento de este último grupo y del PP de frenar la reforma de la ley mordaza, y quedó lista la norma para proteger a los donantes de órganos en vivo, tras el rechazo a una enmienda que los populares habían aprobado en el Senado con su mayoría absoluta. Pero, al igual que hace tres meses, el Gobierno tropezó con Venezuela. En este caso, Junts, PNV y Coalición Canaria (CC) volvieron a descolgarse de la izquierda y permitieron con su abstención que la Cámara pida el arresto de Nicolás Maduro.
La convalidación del decreto con otros 3.765 millones en ayudas para paliar la catástrofe de Valencia permitió asistir este jueves a un inusual debate de guante blanco en el que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, llegó a agradecer el tono constructivo de las críticas del responsable de Economía del PP, Juan Bravo. El único que se salió del carril volvió a ser, como en el primer paquete de ayudas, Vox, cuyo diputado José María Figaredo declaró al Gobierno culpable de los muertos por las riadas.
Mucho más bronca resultó la discusión sobre las enmiendas a la totalidad de la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, presentadas por PP y Vox. El muy áspero debate revivió viejos fantasmas y salieron a relucir desde el franquismo hasta los regímenes comunistas de la órbita soviética. El diputado ultra Javier Ortega Smith hasta tachó de “drogadictos” a los representantes de la izquierda. El rechazo a las propuestas de la derecha de ámbito estatal reprodujo milimétricamente el bloque que invistió a Sánchez, incluidos Junts y CC. La reforma sigue su curso y ahora resta transformar ese rechazo común a la norma todavía vigente en un consenso sobre un nuevo texto. Para ello, el Gobierno tendrá que lidiar con las reticencias de los dos grupos menos dispuestos a cerrar filas, Junts y Podemos. Ambos consideran demasiado tímida la propuesta pactada en un principio por los dos partidos del Ejecutivo, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.
FERNANDO VILLAR (EFE)
Si la oposición a la ley mordaza afianza lo que algunos llaman la “mayoría plurinacional” en torno a Sánchez, uno de los asuntos que más claramente siembra la discordia entre sus grupos es la posición sobre Venezuela. En ese caso, como en las cuestiones económicas, afloran las diferencias entre derecha e izquierda. Ya ocurrió en septiembre, cuando la Cámara, contra el criterio del Gobierno y gracias a que el PNV se sumó a los grupos de la derecha de ámbito estatal, aprobó una declaración reconociendo como presidente legítimo al líder opositor Edmundo González Urrutia. El PP rescató esta semana la cuestión de Venezuela y, aunque con mucho menos ruido que entonces, consiguió de nuevo infligir una derrota parlamentaria al Gobierno.
La propuesta perseguía básicamente instar a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Maduro. La defendió el pasado martes la que viene ejerciendo de portavoz del PP en este asunto, Cayetana Álvarez de Toledo, que basó su discurso en un remedo del Yo acuso de Émile Zola. Y entre los acusados figuraba, claro está, el Gobierno, tachado de “cómplice” del “tirano”. Tal imputación fue rebatida por la socialista Cristina Narbona, quien recordó que el Ejecutivo ha promovido varias declaraciones internacionales condenando el régimen chavista.
FERNANDO VILLAR (EFE)
El texto, sometido este jueves al veredicto del pleno, no contenía una censura directa al Gobierno. La parte sustancial de la proposición no de ley, que se votó dividida en cuatro puntos, era la petición de arresto de Maduro y salió adelante con el apoyo de PP, Vox y UPN, sumado a las abstenciones de Junts, PNV y CC. Estos tres últimos evitaron votarla expresamente argumentando que el TPI no permite que organismos externos condicionen sus actuaciones. Sí dieron su respaldo, en cambio, a otro de los puntos, igualmente rechazado por la izquierda, que exige a la Embajada española en Caracas que en el plazo de un mes envíe al Congreso un informe sobre sus gestiones para liberar a los ciudadanos españoles encarcelados por el régimen.
El martes, al comienzo del pleno, los partidos del Gobierno sufrieron otra derrota, también a causa de las posiciones de Junts y PNV. Ambos votaron contra la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que pretendía regular el derecho a dejar instrucciones previas sobre los cuidados y el tratamiento médico que se desea en el final de la vida. Los dos grupos argumentaron, entre otras razones, que invadía competencias autonómicas.
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