Quedan cuatro días para que Gobierno y Generalitat formalicen, en una reunión de la Comisión Bilateral en Barcelona, el acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Todo apunta a que será una maratón de negociaciones hasta el último minuto. Aunque ambas partes y Esquerra (ERC), que también ha estado sentado en la mesa, reconocen que el marco general está listo, en las últimas horas los tres han constatado que, si se baja al detalle, aún queda mucho trabajo pendiente antes de que se pueda registrar la reforma para su tramitación en el Congreso. Los republicanos, por ejemplo, recelan del modelo de “gestión en red” pactada por ambos Ejecutivos, porque creen que se mantiene una tutela de la Agencia Tributaria sobre su homóloga catalana. El Gobierno, a diferencia de la Generalitat y ERC, cree que no se debe aumentar tanto la dimensión de Agencia Tributaria Catalana (ATC) y que no existe a corto plazo ni la capacidad técnica ni los recursos para hacerlo de otro modo. Esta gestión en red implicaría que se usa el sistema de la Agencia Tributaria estatal, que el modelo es aplicable a otras comunidades y que el Ministerio de Hacienda tendría el control último a diferencia de lo que ocurre con las provincias forales.
La Generalitat recaudaría, aún sin gestionar, unos 14.000 millones de euros más
Quedan cuatro días para que Gobierno y Generalitat formalicen, en una reunión de la Comisión Bilateral en Barcelona, el acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña. Todo apunta a que será una maratón de negociaciones hasta el último minuto. Aunque ambas partes y Esquerra (ERC), que también ha estado sentado en la mesa, reconocen que el marco general está listo, en las últimas horas los tres han constatado que, si se baja al detalle, aún queda mucho trabajo pendiente antes de que se pueda registrar la reforma para su tramitación en el Congreso. Los republicanos, por ejemplo, recelan del modelo de “gestión en red” pactada por ambos Ejecutivos, porque creen que se mantiene una tutela de la Agencia Tributaria sobre su homóloga catalana. El Gobierno, a diferencia de la Generalitat y ERC, cree que no se debe aumentar tanto la dimensión de Agencia Tributaria Catalana (ATC) y que no existe a corto plazo ni la capacidad técnica ni los recursos para hacerlo de otro modo. Esta gestión en red implicaría que se usa el sistema de la Agencia Tributaria estatal, que el modelo es aplicable a otras comunidades y que el Ministerio de Hacienda tendría el control último a diferencia de lo que ocurre con las provincias forales.
Hace casi un año que, a cambio del voto para investir a Salvador Illa como president, los socialistas aceptaron la petición de ERC de crear un modelo de financiación “singular” para Cataluña. Antes de que terminara el primer semestre de este año, dice ese compromiso, Gobierno y Generalitat deberían bendecir en una reunión las bases de un modelo para dar al Govern la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña. En un acuerdo en la línea del concierto vasco, la Generalitat daría después al Gobierno central una cuota de solidaridad interterritorial y un pago por concepto de los servicios prestados al Estado. Ambas cantidades aún están pendientes de calcular y, según varias fuentes, en el documento que se aprobará el lunes no aparecen.
El acuerdo que se bendecirá en Barcelona satisface en parte a los republicanos, que ven cómo finalmente tanto el PSOE como el PSC hacen suyo el camino para cambiar la financiación. Pero una cosa es el teatro y otra las musas, y ahí en ese último tramo es donde radica el malestar de los republicanos. Más allá de la voluntad del Gobierno y la Generalitat, para sacar adelante el nuevo modelo son necesarias varias reformas legales y aún no hay acuerdo, dicen los republicanos, sobre el texto de la proposición de ley que ha de comenzar su andadura en el Congreso y que implica modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009).
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el texto del acuerdo, que cuenta con cuatro folios, no desarrolla el detalle del nuevo sistema, aunque sí que esboza “una pista de aterrizaje” para que Cataluña pueda recaudar más. Eso no quiere decir, de entrada, que sus ingresos mejoren de manera automática, pero sí se estaría dando más margen de maniobra: sobre esos ingresos extra que gestionen tendría después que descontarse la aportación que haga Cataluña a la solidaridad y por los servicios que presta el Estado.
Con las cifras más actualizadas, los ingresos que gestiona la Generalitat podrían subir en más de 14.000 millones de euros. Por un lado, el primer impuesto que se ha prometido traspasar a la ATC es el IRPF. Por esta figura tributaria podrían elevar sus ingresos en más de 12.000 millones de euros. Y algo más de 1.000 millones de recaudación llegarían porque Cataluña pasaría a embolsarse el IVA de las pymes. Normalmente Hacienda reparte el IVA entre las comunidades en función del porcentaje de consumo que tienen sobre el total nacional, en el caso de Cataluña se lleva alrededor de un 19% según los cálculos que hace el INE. Pero con el nuevo acuerdo la Generalitat se quedaría con el IVA de las pymes catalanas, que representa un 25% del total nacional, mientras seguiría recibiendo el 19% del IVA que facturan las grandes. Estos puntos porcentuales extra que recaudaría por las pymes conllevan esos más de 1.000 millones de ingresos adicionales para Cataluña.
El secretario de Hacienda estará en la reunión del lunes y ha participado en los trabajos previos, aunque el peso de la Bilateral recae sobre el Ministerio de Política Territorial, en manos de Ángel Víctor Torres. En la apuesta por desmarcarse están las ambiciones políticas de la vicepresidenta primera y titular de esa cartera, María Jesús Montero, que aspira a presidir la Junta de Andalucía. Pese a ello, los técnicos de ese ministerio han estado en las negociaciones y el mensaje es que el modelo que se está diseñando es singular para Cataluña en tanto que, de momento, tiene competencias específicas y singulares, como las prisiones (que suponen un coste de unos 479 millones de euros) o los Mossos. Sin embargo, resaltan su escalabilidad: la comunidad que dé el paso para asumir nuevas competencias podría adaptarlo también a sus necesidades.
Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y ahí radica el temor de los republicanos. Los Gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa necesitan del apoyo de ERC en un momento de máxima debilidad por los escándalos de corrupción en el seno del PSOE, y el líder catalán necesita actualizar los Presupuestos de la Generalitat. Es por ello que fuentes de la dirección del partido independentista alertan de que, por mucho acuerdo que haya en el marco general, sigue estando en el aire el texto de la proposición de ley que se ha de registrar en el Congreso. Su tramitación parlamentaria estará sometida a muchas incertidumbres al depender de los equilibrios de la mayoría que sostiene a Sánchez.
ERC, que ya ha aceptado que la singularidad del modelo depende de lo que decida el resto de las comunidades, sí tiene grandes dudas respecto a otros puntos más espinosos. El calendario para preparar la ATC para que pueda recaudar el IRPF el próximo año apremia, y el Govern presentará en 20 días su plan para conseguirlo. Tendría que estar listo todo para que en febrero se puedan efectuar las primeras retenciones, algo que se antoja complicado.
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