El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este hecho insólito, que ya se daba por hecho, ha adquirido hoy carácter formal después de que el magistrado Ángel Hurtado haya dictado auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, un trámite que supone que el jefe del ministerio público pase a estar oficialmente acusado de un delito de revelación de secretos. La decisión de Hurtado no es recurrible y ahora será la Sala Penal la que tendrá que fijar la fecha para un juicio sin precedentes en la reciente etapa democrática. El juez rechaza suspender cautelarmente del cargo a García Ortiz, pero le da cinco días para entregar una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer en caso de condena.
El magistrado rechaza suspender a García Ortiz de su cargo
El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este hecho insólito, que ya se daba por hecho, ha adquirido hoy carácter formal después de que el magistrado Ángel Hurtado haya dictado auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, un trámite que supone que el jefe del ministerio público pase a estar oficialmente acusado de un delito de revelación de secretos. La decisión de Hurtado no es recurrible y ahora será la Sala Penal la que tendrá que fijar la fecha para un juicio sin precedentes en la reciente etapa democrática. El juez rechaza suspender cautelarmente del cargo a García Ortiz, pero le da cinco días para entregar una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer en caso de condena.
García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por, supuestamente, filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía en febrero de 2024 por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión.
Durante los ocho meses que ha durado la instrucción, Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. El volcado del teléfono móvil de la fiscal provincial de Madrid reveló que ella le envió ese mail a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, pero en los mensajes cruzados entre ambos no había ninguno que apuntara a que ese correo luego se envió a algún medio de comunicación. El fiscal general, por su parte, ha borrado todo el contenido de su teléfono móvil, por lo que los investigadores no han podido acceder a sus comunicaciones de esa noche.
Con todo, el juez considera que hay indicios suficientes para juzgar a García Ortiz, que será el primer fiscal general del Estado que se siente en el banquillo, salvo que presente su dimisión antes de que empiece la vista oral. Hasta ahora, el jefe del Ministerio Público ha rechazado esta posibilidad y ha defendido su inocencia, y así volvió a hacerlo el pasado viernes en la apertura el año judicial, en la que también reafirmó su confianza en la justicia. Fuentes fiscales señalan que su postura no cambia con la apertura de juicio oral.
En el auto dictado este martes, el instructor concluye que “no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento”, por lo que acusa formalmente a García Ortiz y acuerda la apertura de juicio oral por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”, recogido en el artículo 417.1 y 2 del Código Penal.
En su resolución, Hurtado argumenta que el correo del abogado de González Amador del 2 de febrero de 2024 contenía “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso”. Esos correos, señala Hurtado, estaban “sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía que han de presidir este tipo de conversaciones […] en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”.
Hurtado va más allá del delito de revelación de secretos y también reprocha a García Ortiz que su actuación “pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta”, asegura el juez, si se pone “la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.
El juez asegura que García Ortiz asumió este daño a la institución y al derecho de defensa de González Amador desde el momento en que, “a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”.
El magistrado rechaza la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente de sus funciones al jefe del Ministerio Público porque, advierte, “existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general del Estado” porque el jefe del Ministerio Público no forma parte de la carrera fiscal. “Hay, pues, un vacío legal sobre este particular”, señala Hurtado, quien, no obstante, acuerda enviar su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que tome la decisión que considere.
El instructor sí adopta contra el fiscal general otra medida cautelar: una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades económicas que se puedan derivar, “con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad”. González Amador reclama una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, pero el juez la considera “excesiva”. No obstante, tiene en cuenta el alcance de otras responsabilidades económicas que pudieran atribuirse a García Ortiz, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, por lo que, “en una valoración de conjunto”, cifra en 150.000 la cantidad que deberá aportar el fiscal general.
Las acusaciones habían pedido que, además de por revelación de secretos, se abriera juicio contra García Ortiz por otros delitos, como de prevaricación administrativa, descubrimiento y revelación de secretos o infidelidad en la custodia de documentos públicos. El instructor no accede a esta demanda, pero tampoco los excluye expresamente, lo que deja la puerta abierta a que las acusaciones mantengan esta petición para el juicio. Hurtado, por otra parte, da un plazo de 10 días al abogado de García Ortiz para que presente su escrito de defensa, frente a las acusaciones ya formuladas.
El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, mientras que el séptimo componente se fijará cuando se dicte la apertura de juicio oral. Las fuentes consultadas señalan que, previsiblemente, serán Ana Ferrer o Javier Hernández, ambos considerados de sensibilidad progresista.
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