El juez instructor del caso Bolsonaro dice que la trama golpista buscó imponer «una dictadura» en Brasil

Malas perspectivas para el ex presidente brasileño en el inicio del juicio por su intento de asonada Leer Malas perspectivas para el ex presidente brasileño en el inicio del juicio por su intento de asonada Leer  

Brasil ha puesto en marcha este martes algo que es mirado con admiración, por algunos, y alarma, por otros: la fase final de un juicio contra un ex presidente por tentativa de golpe de Estado. El ex presidente es Jair Bolsonaro y el mandatario a derrocar era Luiz Inácio Lula da Silva, actual jefe de Estado. Las perspectivas no son buenas para el líder de la derecha dura brasileña, pese a que cuenta con el apoyo vehemente de Donald Trump, dispuesto a seguir castigando a Lula.

«Confundir la pacificación saludable y necesaria con la cobardía del apaciguamiento significa impunidad y falta de respeto a la Constitución federal y, además, significa incentivar nuevos intentos de golpe de Estado«, ha dicho Alexandre de Moraes, poderoso miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) y relator del proceso contra Bolsonaro y otros siete acusados.

«Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura», dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio.

Bolsonaro, de 70 años, no asistió a la primera jornada de la fase final del juicio, que se espera tener concluido para el 12 de este mes. El hombre que gobernó Brasil entre el 1 de enero de 2019 y los días finales de diciembre de 2022, antes de huir a Estados Unidos para no entregar el poder a Lula, siguió las audiencias desde su casa en Brasilia junto a dos de sus hijos, Carlos y Jair Renan, concejales en Río de Janeiro y Camboriú, respectivamente.

Los amigos de Bolsonaro hicieron saber a la prensa brasileña que el líder derechista, resentido físicamente desde que en 2018 lo atacaran con un cuchillo durante un acto de campaña, está «muy mal» y «conmocionado» ante la casi certeza de que será condenado. El ex presidente ha estado «sollozando mucho» y los episodios, en algunos momentos, terminan convirtiéndose en crisis de náuseas y vómitos.

Según esos amigos, Bolsonaro cree que De Moraes se está vengando de él por el discurso del 7 de septiembre de 2021, Día de la Independencia brasileña, en Sao Paulo, cuando llamó «canalla» al juez. En mayo de este año, la situación fue diferente: en las audiencias preliminares del juicio, Bolsonaro le dijo en tono jocoso a De Moraes que le ofrecía ser su candidato a vicepresidente el próximo año. Meses más tarde, el juez decretó la prisión domiciliaria de Bolsonaro, le confiscó sus teléfonos móviles y le prohibió utilizar las redes sociales, que fueron su trampolín para ganar la presidencia en 2018.

El juicio a Bolsonaro es seguido con atención en los principales ministerios de Exteriores internacionales, porque es una suerte de casus belli para situaciones similares. Lo dio a entender con claridad el semanario The Economist en su última edición, en la que destaca que Brasil está haciendo con Bolsonaro, a partir del ataque a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, lo que Estados Unidos fue incapaz de lograr con Donald Trump tras la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.

«A diferencia de otros países en los que ha surgido el populismo antiliberal, como Estados Unidos, Hungría o Turquía, las instituciones de Brasil, en particular su Tribunal Supremo, no lo han aceptado de forma pasiva», señaló la publicación de tendencia liberal-conservadora.

En Brasil se siguen con especial atención esos análisis de los grandes medios del mundo, y en el Gobierno de Lula sorprendió un reciente reportaje de The New York Times titulado «El dilema democrático de Brasil: cómo juzgar a un [ex] presidente».

«La forma en que Brasil lo hizo ha dejado a la nación enfrentándose a incómodas preguntas sobre la propia democracia que pretendía proteger», escribió el periódico antes de hacerse una pregunta: «¿Representa esto un giro peligroso y autoritario para el Tribunal Supremo de Brasil?».

El tono del artículo asombró al Gobierno de Lula, que a partir de la guerra de los aranceles iniciada por Trump busca erigirse en la encarnación del progresismo mundial y la defensa de la soberanía nacional. Al imponer los aranceles del 50% contra las exportaciones brasileñas, el inquilino de la Casa Blanca pidió poner fin «a la caza de brujas» contra Bolsonaro e impuso duras sanciones contra De Moraes y otros jueces. Si Bolsonaro es finalmente condenado, como todo indica, es presumible que las sanciones contra Brasil se intensifique y que el Ejecutivo se vea en problemas.

De eso ha sido muy consciente De Moraes este martes. El juez ha repetido cinco veces las expresiones «respeto al debido proceso legal y amplia defensa», seis veces «independencia» del Poder Judicial y cuatro veces «soberanía nacional», además de aludir cinco veces a la coacción y la injerencia extranjera, según destacó la analista Patricia Campos Melo en Folha de São Paulo.

Pese a que los ataques de Trump a la economía brasileña contribuyeron a reforzar su imagen, la popularidad de Lula comienza a descender, según una reciente encuesta de Latam Pulse para la agencia Bloomberg. Su imagen negativa es del 51% contra el 48% de positiva y, si se presenta en 2026 a las elecciones para intentar ser presidente por cuarta vez, como todo indica que sucederá, la batalla será dura. Esa misma encuesta señala que el gobernador del estado de Sao Paulo, el conservador Tarcisio de Freitas, lo aventajaría por dos puntos, 48 a 46, en una eventual segunda vuelta.

El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo, ha afirmado este martes en la apertura del pleito que los acusados buscaron imponer «una verdadera dictadura» en el país.

«Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura», dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que empezó este martes y se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia.

De Moraes ha empezado la lectura del informe del caso afirmando que una «verdadera organización criminal» intentó romper el orden democrático en momentos en el que el país atravesaba «una nociva radical y violenta radicalización política». El magistrado ha citado que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra el actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva, el Supremo ha dictado cerca de 700 condenas relacionadas con ese episodio.

En este sentido, ha pedido no confundir la pacificación del país con la impunidad. «La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia», añadió.

Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil ha iniciado este martes la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros sietes acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado además marcado por las injerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El dirigente republicano ha sancionado a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos De Moraes, e impuesto aranceles del 50% a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una «caza de brujas» contra su aliado político.

Sin embargo, De Moraes dijo que «ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces del tribunal». «La soberanía nacional no puede, no debe y jamás será vilipendiada o negociada. La independencia judicial constituye un derecho fundamental de los ciudadanos» y «es un principio inflexible de la constitución brasileña», añadió.

 Internacional // elmundo

Te puede interesar