El guitarrista británico Samuel Gary Owens, miembro de la banda de heavy metal A II Z, reclama a España una indemnización de cinco millones de euros al entender que su presunción de inocencia se vio vulnerada durante el proceso judicial por el asesinato de un promotor musical noruego en 1991, del que fue acusado y posteriormente exonerado.
Owens, cuya demanda ha adelantado El Español y que fue telonero de grupos míticos del género como AC/DC, Iron Maiden o Black Sabbath, pasó 30 meses en prisión provisional por estos hechos, en un procedimiento que se alargó durante cerca de 25 años.
Treinta años después, el guitarrista ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que su carrera musical se vio «truncada» al ser «cancelado» por un crimen del que fue exculpado, según explica a Efe Víctor Soriano, su abogado.
El caso, que investigaba la muerte del promotor musical noruego Torbjorn Largaas Heia en Marbella (Málaga), se remonta a 1991. Según las pesquisas, Owens fue la última persona que le vio con vida en un encuentro que tuvo lugar pocos días antes de denunciarse su desaparición.
Tras el hallazgo de los restos humanos del promotor, el guitarrista fue detenido y enviado a prisión provisional en la cárcel de Alhaurín de la Torre durante dos años hasta su puesta en libertad, momento en el que volvió a Reino Unido. Víctor Soriano relata que Owens llegó a utilizar un pseudónimo en prisión para evitar «repercusiones negativas» durante el tiempo que estuvo privado de libertad, al temer por su vida.
Después de 15 años libre, el músico fue extraditado a España e ingresó en la prisión de Soto del Real en 2009, de donde volvió a salir al poco tiempo en libertad con fianza hasta 2016, cuando quedó exonerado. El caso quedó finalmente sin resolver.
«Reclamamos una indemnización de cinco millones de euros porque entendemos que España ha incumplido la presunción de inocencia. Gary estuvo 30 meses en prisión provisional, fue extraditado, y la dilación del proceso ha supuesto que una carrera de éxito, porque había llegado a tocar con AC/DC, se vea truncada por haber sufrido una cancelación», aduce el letrado.
En la denuncia, el músico también incide en la “dilación indebida” del proceso a causa «una anomalía» en la administración judicial que debe ser reparada, según el abogado. Ese funcionamiento «anormal» de la justicia empujó al guitarrista a elevar los hechos ante el Ministerio de Justicia, que rechazó ese extremo a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí apreció indicios de ello, afirma el letrado.
Más tarde, Owens interpuso sendos recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que, en todos los casos, fueron rechazados. «Los tribunales dicen que si bien hay una anomalía, porque no es normal que dure tanto, como lo que hay es un sobreseimiento provisional, no corresponde indemnización. Aplicando la doctrina del TEDH, esa interpretación es lo mismo que decirle a Gary que acredite su propia inocencia. La inocencia se presume; la culpabilidad es lo que debe demostrarse«, arguye.
Ahora, una vez presentada la demanda, el TEDH tiene que decidir si la admite a trámite y España, posteriormente, deberá responder. Un proceso se dilatará hasta el año que viene.
El guitarrista del grupo A II Z fue detenido por el asesinato de un promotor musical noruego en 1991.
El guitarrista británico Samuel Gary Owens, miembro de la banda de heavy metal A II Z, reclama a España una indemnización de cinco millones de euros al entender que su presunción de inocencia se vio vulnerada durante el proceso judicial por el asesinato de un promotor musical noruego en 1991, del que fue acusado y posteriormente exonerado.
Owens, cuya demanda ha adelantado El Español y que fue telonero de grupos míticos del género como AC/DC, Iron Maiden o Black Sabbath, pasó 30 meses en prisión provisional por estos hechos, en un procedimiento que se alargó durante cerca de 25 años.
Treinta años después, el guitarrista ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al entender que su carrera musical se vio «truncada» al ser «cancelado» por un crimen del que fue exculpado, según explica a Efe Víctor Soriano, su abogado.
El caso, que investigaba la muerte del promotor musical noruego Torbjorn Largaas Heia en Marbella (Málaga), se remonta a 1991. Según las pesquisas, Owens fue la última persona que le vio con vida en un encuentro que tuvo lugar pocos días antes de denunciarse su desaparición.
Tras el hallazgo de los restos humanos del promotor, el guitarrista fue detenido y enviado a prisión provisional en la cárcel de Alhaurín de la Torre durante dos años hasta su puesta en libertad, momento en el que volvió a Reino Unido. Víctor Soriano relata que Owens llegó a utilizar un pseudónimo en prisión para evitar «repercusiones negativas» durante el tiempo que estuvo privado de libertad, al temer por su vida.
Después de 15 años libre, el músico fue extraditado a España e ingresó en la prisión de Soto del Real en 2009, de donde volvió a salir al poco tiempo en libertad con fianza hasta 2016, cuando quedó exonerado. El caso quedó finalmente sin resolver.
«Reclamamos una indemnización de cinco millones de euros porque entendemos que España ha incumplido la presunción de inocencia. Gary estuvo 30 meses en prisión provisional, fue extraditado, y la dilación del proceso ha supuesto que una carrera de éxito, porque había llegado a tocar con AC/DC, se vea truncada por haber sufrido una cancelación», aduce el letrado.
En la denuncia, el músico también incide en la “dilación indebida” del proceso a causa «una anomalía» en la administración judicial que debe ser reparada, según el abogado. Ese funcionamiento «anormal» de la justicia empujó al guitarrista a elevar los hechos ante el Ministerio de Justicia, que rechazó ese extremo a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí apreció indicios de ello, afirma el letrado.
Más tarde, Owens interpuso sendos recursos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que, en todos los casos, fueron rechazados. «Los tribunales dicen que si bien hay una anomalía, porque no es normal que dure tanto, como lo que hay es un sobreseimiento provisional, no corresponde indemnización. Aplicando la doctrina del TEDH, esa interpretación es lo mismo que decirle a Gary que acredite su propia inocencia. La inocencia se presume; la culpabilidad es lo que debe demostrarse«, arguye.
Ahora, una vez presentada la demanda, el TEDH tiene que decidir si la admite a trámite y España, posteriormente, deberá responder. Un proceso se dilatará hasta el año que viene.
20MINUTOS.ES – Gente