El éxito de la compra del fabricante ferroviario refuerza una agresiva política industrial de las instituciones y entidades financieras vascas Leer El éxito de la compra del fabricante ferroviario refuerza una agresiva política industrial de las instituciones y entidades financieras vascas Leer
Imanol Pradales (Santurtzi, 1975) tenía prisa el pasado jueves por llegar a la planta de Talgo en el sur de Álava. Durante casi año y medio había soñado con ese momento y también temido porque su apuesta por convertir la operación Talgo en santo y seña de su política industrial se viniera abajo. Cuando aún faltaban cuatro minutos para la hora convenida, Pradales estrechó la mano del presidente de Talgo, Carlos de Palacios y Oriol, y del nuevo líder industrial y dueño de Sidenor, José Jainaga. Lograda la compra de Talgo por el autodenominado ‘consorcio vasco’, las instituciones políticas y financieras controladas por el PNV daban el pistoletazo de salida para destinar hasta 4.000 millones de euros inicialmente para la compra de empresas. Una arriesgada apuesta que incluye el pago de precios por encima del mercado en operaciones cuestionadas tanto por los inversores como por los partidos de la oposición críticos con el lehendakari.
El PNV ha otorgado a Pradales el liderazgo en una ambiciosa estrategia de compra de acciones industriales para la que cuenta con 1.000 millones de euros de fondos públicos, más el músculo financiero del banco Kutxabank y de sus tres fundaciones bancarias. Pero las instituciones políticas y económicas del País Vasco quieren más. En la búsqueda de más recursos para otras ‘operaciones Talgo’ tienen subrayados los 30.000 millones de euros de las EPSV, los recursos del Grupo Mondragón y de bancos como Caixabank, la segunda entidad financiera en Euskadi con casi 200 oficinas.
El modelo Talgo que Pradales ondeó en su primera visita a la planta vasca de la compañía ejemplifica, con sus luces y sombras, el objetivo del PNV de blindar empresas tractoras en una Euskadi que durante los últimos cuarenta años ha perdido peso industrial y económico en el conjunto de España. La economía vasca representó hasta el 7,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de España en el inicio de la Transición, pero ahora se sitúa en el 5,7%. Un evidente retroceso que choca con la dulce perspectiva que trasladan los responsables económicos del Gobierno vasco al destacar el bajo nivel de desempleo (entre el 6,7% y el 7%) y un récord de cotizantes a la Seguridad Social de 1.036.000 trabajadores.
¿Por qué Euskadi necesita aumentar su deuda en 1.000 millones de euros, alinear a sus instrumentos financieros y presionar a los fondos de pensiones si su economía va bien?
«Si eres incapaz de atraer industria, la única política que te queda es garantizar que las que tienes no se vayan y para eso el Gobierno vasco ha decidido que la mejor opción es entrar en su accionariado en vez de solucionar los problemas por los que no vienen nuevas empresas», advierte el parlamentario y experto en Economía del PP vasco Álvaro Gotxi.
Las instituciones vascas niegan que Euskadi no sea un lugar atractivo para inversores internacionales y se escudan, ante la contundencia de los datos, en las dificultades para competir con la Comunidad de Madrid. «Madrid se ha convertido en una capital total que drena los recursos de la periferia», ha llegado a denunciar el lehendakari para intentar justificar que el País Vasco ha recibido solo el 3,37% del total de las inversiones extranjeras en el primer semestre de 2025, a una distancia sideral del 53,2% de Madrid, con 4.500 millones de euros en un mal arranque de 2025.
Ante la constatación de que esta tendencia ya se ha consolidado, el lehendakari Pradales junto a su consejero Mikel Jauregi han reactivado un instrumento de inversión creado por el Gobierno de Iñigo Urkullu pero que se había activado en una serie de compras deslabazadas con resultados dispares. El Ejecutivo autonómico vasco cuenta con una entidad denominada Instituto Vasco de Finanzas (IVF) que es la encargada de analizar, proponer y materializar las inversiones en adquisiciones de empresas. Situados en el tercer piso del edificio de la Bolsa, en el centro de Bilbao, este grupo conformado por una quincena de técnicos lidera formalmente el destino de los casi 1.000 millones de euros de dinero público con los que se pretende movilizar otros 3.000 aportados por inversores privados.
Hasta el cierre de la operación Talgo, el Gobierno vasco había adquirido a través de Finkatuz el 6% de la aeronaútica ITP, el 3% de la ferroviaria Construcciones Auxiliares de Ferrocarril (CAF), el 7,31% de la central lechera Kaiku y el 6,25% del grupo Arania, empresa vizcaína dedicada al acero procesado. Casi 122 millones de euros en participaciones de empresas en las que no cuenta con representantes en sus consejos de administración. Compras a las que se suman las del 24,9% en sendas empresas de José Jainaga en junio de 2025 por un montante total de 33,3 millones de euros. Estas dos adquisiciones realizadas hace seis meses alimentaron las dudas sobre si estaban vinculadas con la compleja negociación para que Jainaga asumiera el liderazgo industrial de Talgo, donde ha comprometido solo 45 millones de euros de los 250 millones de euros aportados, en compra de acciones a 4,25 euros y en bonos convertibles, por las instituciones vascas y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Un respaldo público a la operación que se completa con el aval de la CESCE por 500 millones de euros, más la ampliación hasta los 650 millones de euros de un crédito bancario sindicado.
El Gobierno vasco y las dos fundaciones bancarias que completan el respaldo del PNV a la operación de Talgo han encontrado el visto bueno de los partidos de la oposición, al interpretar la compra como la única salida de la compañía ferroviaria después de dos años de incertidumbres por la decisión del fondo Trilantic de vender al mejor postor el 30% del fabricante de trenes.
Pero partidos como el PP vasco y EH Bildu -en las antípodas en el escenario político vasco- coindicen en cuestionar la inminente compra de Ayesa Tecnología por otro ‘consorcio vasco’ que sigue la estela de Talgo. La nueva «cuadrilla» -un término coloquial que utilizó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, en unforo organizado por el Diario Vasco- ultima la compra al fondo A&M Capital Europe (AMCE) y a la familia Manzanares de la antigua Ibermática por 500 millones de euros. «Nos comeremos las uvas con el acuerdo cerrado», anunció Jauregi después de haber alcanzado un acuerdo de exclusividad con el fondo AMCE, que había desembarcado en la consultora sevillana en 2021.
La adquisición de Ayesa Informática exigirá, de nuevo, una importante inversión de dinero público después de asegurar que la fundación bancaria BBK aportará 100 millones de euros y que Kutxabank -el banco controlado por la BBK- destinará otros 200 millones de un nuevo fondo de inversión para la compra de empresas denominado Indar (fuerza, en euskera) y dotado de 500 millones de euros. Las instituciones controladas por el PNV quieren culminar 2025 con esta compra en la que trabajan desde el pasado mes de octubre pero en la que aún no se ha oficializado quién será el «socio industrial» que, como Jainaga en Talgo, asuma el control real de Ayesa Tecnología. A pesar de la «discreción» -la palabra más repetida por Pradales al abordar estas operaciones industriales- que envuelve al nuevo socio de las instituciones vascas, todo apunta a que la elegida será Teknei. El grupo tecnológico creado en 2010 en México ha multiplicado sus proyectos en el País Vasco, liderado por sus fundadores Joseba y Jon Lekube y por el CEO Rafael López.
En un ambicioso plan de desarrollo acelerado durante los dos últimos años destaca el Atlantic Data Infraestructure, un centro de datos de última generación en el que cuenta como socios con el Gobierno vasco, Kutxabank, Iberdrola y el Grupo Mondragón. Los vínculos entre los fundadores del grupo con el PNV -Joseba Lekube fue delegado del partido nacionalista en México D.F.- y la presencia en su plantilla de familiares de dirigentes nacionalistas han multiplicado las sombras sobre esta compra inminente. Entre las nuevas contrataciones destaca la de Mireia Zárate, pareja de Andoni Ortuzar y ex dirigente del PNV que fue apartada por Aitor Esteban de la Fundación Sabino Arana el pasado 11 de noviembre. «El Gobierno vasco va a tener difícil de explicar la compra y venta de Ibermática: se vendió por 160 millones y ahora se vuelve a comprar por 500 y sin las sedes de San Sebastián y Zamudio (Vizcaya), que fueron vendidas a un fondo francés por 16,8 millones. Hay muchas explicaciones pendientes», advierte el parlamentario del PP Álvaro Gotxi.
El Gobierno vasco ya ha logrado que la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) Itzarri se comprometa a invertir en su estrategia de compra de acciones de empresas vascas. La junta de gobierno de esta EPSV de Empleo, que se nutre con aportaciones de la administración vasca y de los trabajadores, aprobó el pasado jueves su compromiso de aportar parte de los 1.400 millones de euros que gestiona. Itzarri cuenta con 120.000 socios -tanto trabajadores en activo como ya jubilados- que, a partir de ahora, serán indirectamente accionistas de las empresas que interesen a los ‘consorcios vascos’ auspiciados por el PNV.
El paso adelante de Itzarri forma parte del objetivo marcado por el lehendakari Imanol Pradales y de su consejero de Hacienda, Nöel D’Anjou, para reforzar el músculo financiero inversor con parte de los 30.000 millones de euros que gestionan estos fondos de pensiones vascos. El primer paso se centra el lograr el visto bueno de las EPSV de empleo, algunas con participación pública como Itzarri y Elkarkidetza (de los funcionarios forales y municipales), y de las impulsadas por colectivos empresariales como la guipuzcoana Geroa.
Pradales llegó a advertir a principios de diciembre que su departamento de Hacienda estudiaba cambios fiscales para empujar a que los gestores de este patrimonio se sumaran a la ola de compras de acciones que impulsa el Gobierno vasco. «Es importante recordar que el patrimonio acumulado ha contado con ventajas fiscales», subrayó, antes de exigir que ahora haya un «camino de doble sentido».
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