Estaban en el ojo del huracán de Diosdado Cabello, que mostró su disgusto, pese a que desmintieron con su investigación que los deportados llegados desde EEUU tuvieran algo que ver. Leer Estaban en el ojo del huracán de Diosdado Cabello, que mostró su disgusto, pese a que desmintieron con su investigación que los deportados llegados desde EEUU tuvieran algo que ver. Leer
Nakary Ramos grabó el pasado martes en una zona céntrica de Caracas su último reportaje sobre el impacto de los aranceles de Donald Trump para el medio digital Impacto Venezuela. Minutos después desapareció junto a su marido y asistente de cámara, Gianni González. Poco importó a los agentes chavistas que se los llevaron a la fuerza que ambos dejaran en casa a su hija de cinco años. Tampoco que los abuelos maternos estén enfermos y que la familia paterna haya emigrado, como tantos, al extranjero.
La pareja ya sabía a esa hora que su reportaje sobre el incremento de robos de Caracas, un runrún surgido en redes sociales, les había puesto en el ojo del huracán, pese a que desmintieron con su investigación que los deportados llegados desde EEUU tuvieran algo que ver. Nakary ya había escuchado a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, mostrar su disgusto por el reportaje y proferir amenazas contra todo aquel que se atreviera a poner en duda que su gestión no sólo es la mejor del mundo, sino que con su sola presencia ha conseguido reducir al máximo la violencia en una ciudad que llegó a ser una de las más sangrientas del planeta antes de la gran diáspora.
Agentes chavistas mantuvieron 70 horas en desaparición forzada a la pareja, a la que finalmente presentó el pasado jueves ante el juez del Tribunal 1 de Control, quien decidió encarcelarles bajo la acusación de odio y publicación de noticia falsa. Ramos ya está presa en la cárcel femenina del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), con lo que pasa a engrosar la lista de periodistas encarcelados tras la represión salvaje que acompañó al megafraude electoral de Nicolás Maduro. A González le espera una celda en la cárcel del Rodeo II.
La sucesión de acontecimientos detalla lo que durante años han precisado distintas organizaciones locales e internacionales: Cabello pone su dedo inquisidor sobre alguien, supuestos profesionales al servicio del chavismo multiplican las amenazas y el objetivo señalado acaba en la cárcel tras una nueva operación tuntún, la forma sarcástica en que denominan las detenciones ilegales en la revolución.
«La detención de Ramos ocurre una semana después del que Cabello advirtiera en su programa televisivo de los miércoles. Con el mazo dando, que se investigaría las denuncias de aumento de criminalidad en Venezuela. Para Cabello, las denuncias de estos delitos forman parte de una campaña mediática, coordinada por la oposición, para desprestigiar al gobierno en general y a su ministerio en particular», precisó para EL MUNDO el sociólogo Gianni Finco, uno de los principales expertos en propaganda revolucionaria.
«Esta es la forma en que se gobierna en Venezuela: un ministerio que no publica datos oficiales confiables sobre criminalidad (se tiene que recurrir al trabajo de las ONG también perseguidas por el régimen) y un ministro que asume en claves personales las críticas de la ciudadanía, con un sistema judicial condescendiente con el estado de ánimo del peligroso ministro», añadió Finco.
La persecución de periodistas y su criminalización forman parte del habitual modus operandi de la presidencia de facto, aunque luego cada uno de ellos haya sido el objetivo del jerarca chavista de turno, en este caso el poderoso número dos del régimen. «Hay en Cabello una necesidad de presentarse como el hombre fuerte, el superministro capaz de hacer frente a las bandas criminales, narcotraficantes, retar al imperio (de manera dialéctica, guardando la prudente distancia del campo de batalla), acosar a la oposición y castigar a los venezolanos cuando se insinúa cualquier brote de disidencia. Una puesta en escena que hace contrapeso a la imagen de Maduro, más propenso a buscar el amor de su pueblo, una calculada dicotomía del poder: un presidente que baila y bromea con su gente y un superministro que amenaza y ordena actos de crueldad», redondeó el sociólogo Finco.
Con la detención de la pareja son al menos 15 los profesionales de la información que forman parte de las listas de presos políticos en Venezuela, alrededor de 900 en la actualidad. En lo que va de año fueron detenidos Rory Branker, reconocido periodista de La Patilla, el medio digital con más seguidores en el país petrolero; Julio Balza, que formaba parte del equipo de prensa de la líder opositora, María Corina Machado; y Leandro Palmar y Salvador Cubillán, detenidos cuando documentaban en Maracaibo la represión en vísperas de la coronación fraudulenta de Maduro.
Más tarde también cayó en manos de los represores revolucionarios el estudiante de Comunicación Social Juan Francisco Alvarado, detenido en un peaje en el interior del país y acusado posteriormente de instigación al odio.
Antes y después de las elecciones, en 2024, los organismos de seguridad chavistas y distintos jerarcas decidieron sacar de la circulación a otro grupo de periodistas, encabezado por Carlos Julio Rojas, el reconocido activista vecinal, que cumple estos días un año en prisión con falsas acusaciones. Al joven Gabriel González, también del equipo de Machado, se lo llevaron antes del 28 de julio, así como a Luis López. José Camero fue detenido durante una protesta postelectoral y a Víctor Ugas, expreso político, se lo llevaron por discutir con un influencer gubernamental en un lugar de ocio. Los dirigentes opositores, también periodistas, Biagio Pilieri y Roland Carreño cierran la lista.
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