España debería “intensificar sus esfuerzos” para implementar reformas que permitan reforzar los mecanismos anticorrupción en las altas instancias del Gobierno y en las fuerzas de seguridad. Entre ellas, los aforamientos o la regulación de los lobbies, que siguen copando el debate en torno a nuevos escándalos como los del caso Ábalos-Cerdán o el caso Montoro. Así lo recoge el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, tras la revisión de los pasos dados por Madrid desde que publicara, en 2019, el último Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa critica que sus recomendaciones no se hayan “implementado de forma satisfactoria”
España debería “intensificar sus esfuerzos” para implementar reformas que permitan reforzar los mecanismos anticorrupción en las altas instancias del Gobierno y en las fuerzas de seguridad. Entre ellas, los aforamientos o la regulación de los lobbies, que siguen copando el debate en torno a nuevos escándalos como los del caso Ábalos-Cerdán o el caso Montoro. Así lo recoge el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, tras la revisión de los pasos dados por Madrid desde que publicara, en 2019, el último Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El informe de seguimiento destaca avances como la aprobación del plan de regeneración democrática. Sin embargo, en el documento el Greco dice tomar nota de una “falta de acción decisiva y de resultados tangibles” sobre las recomendaciones que efectuó hace ya casi seis años en materia de las más altas funciones del Gobierno central, sobre el que se concentraban 10 de las 19 indicaciones efectuadas. Además, recuerda que “sigue pendiente” la “implementación” del plan de regeneración democrática —con sus medidas para una mayor transparencia y control en la política y en los medios y una defensa del derecho a la libertad de expresión— y la todavía pendiente Ley de Administración Abierta (en fase de anteproyecto), que proponen mejoras en el terreno de la lucha contra la corrupción y por la transparencia.
“España no ha aplicado satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda” (publicado en 2019), lamenta el análisis de seguimiento. De todas las recomendaciones, el grupo de trabajo cree que 16 se han ejecutado, pero solo “parcialmente”, pero otras tres siguen sin aplicarse. Eso ya supone un avance, puesto que en el informe de 2021 solo se habían aplicado de forma parcial siete medidas. Ese progreso permite al Ministerio de Justicia considerar que el Greco le reconoce los “avances” del último año. Sin embargo, el grupo concluye que España “no cumple suficientemente las recomendaciones”, por lo que pide a las autoridades que presenten un informe sobre los avances en su aplicación antes del 30 de junio de 2026.
Una de las principales críticas efectuadas en la nueva revisión se refiere a la cuestión del aforamiento político y que ha vuelto a estar en cuestión tras el caso Ábalos. Precisamente, esta medida estaba en el centro de una de las recomendaciones realizadas en 2019, aunque el Gobierno ha respondido a la institución que esta figura, con rango constitucional, no supone en ningún sentido la impunidad de los aforados.
“Las autoridades se han referido a diversas modificaciones en diferentes entidades subnacionales para modificar el procedimiento de aforamiento, pero no se han producido cambios a nivel central, que es el objeto de la actual ronda de evaluaciones”, destaca el nuevo informe, que concluye que “no se han tomado medidas para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno” para que este no obstaculice que la justicia pueda actuar sobre ellos en caso de ser sospechosos de haber cometido delitos de corrupción.
Abordar las “puertas giratorias”
De igual manera, señala que los esfuerzos para regular las prácticas de lobby, que han vuelto a estar en primera línea del debate a raíz de los recientes casos de corrupción, “todavía están por materializarse en la práctica” y que la cuestión de la publicación de las agendas “sigue estando pendiente”. Además, el Gobierno no ha atendido aún de manera suficiente la cuestión de las “puertas giratorias”, cuyos mecanismos de control pedía fueran revisados y reforzados: “Las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de divulgación financiera deben reforzarse aún más, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados”, señalan los especialistas del Consejo de Europa. En el mismo sentido, lamentan que la Oficina de Conflictos de Interés “siga sin tener verdadera independencia ni presupuesto propio”.
En el informe original, los expertos del Greco pedían también una mayor “transparencia e integridad” de los integrantes de estas instituciones, especialmente en un área que sigue en una “zona gris”, la de los asesores, para los que pedía un estándar de exigencia “equivalente” a los demás ocupantes de altas funciones ejecutivas. Para estos últimos, el Greco reclamaba además una “estrategia de integridad para analizar y mitigar las áreas de riesgos de conflicto de intereses y de corrupción”. El Gobierno está abordando el régimen aplicable a los asesores dentro del anteproyecto de Ley de Administración Abierta.
También, la adopción de normas que regulen su contacto con “grupos de interés y otros terceros que tratan de influir en el trabajo legislativo o de otro tipo del Gobierno”. Y sugería publicar un “código de conducta”, para que los ciudadanos puedan juzgar si los altos funcionarios cumplen con las buenas prácticas.
Los avances en la implementación de las recomendaciones que el Greco hacía para la Policía Nacional y la Guardia Civil también son “mixtos”. A ambos organismos les recomendaban, hace seis años, “mejorar sus mecanismos internos de prevención de corrupción”, así como una “mayor transparencia, objetividad y justicia” en relación con los procesos internos relacionados con la carrera profesional y la concesión de bonos, medallas y otros beneficios. También les instaba a prestar “especial atención” a la integración de la mujer “en todos los niveles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Según la nueva revisión, si bien “ha llevado a cabo evaluaciones de riesgos y acciones de supervisión”, en la Policía Nacional “aún no existe una estrategia específica contra la corrupción”. Además, el Código de Conducta de 2013 “sigue sin tener medidas de aplicación práctica”, mientras que la contratación y los nombramientos discrecionales “aún requieren una mayor transparencia”. Y si bien se reconocen los “esfuerzos normativos” en materia de formación policial, cree que las “mejoras estructurales” en materia de ética e integridad “siguen siendo incompletas”.
La Guardia Civil ha hecho, en comparación, “más avances”, especialmente mediante el desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (Sintegc) y el Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP), si bien destaca que algunas de sus iniciativas clave, como el Protocolo de buenas prácticas que debía acompañar al PLAEP, “siguen pendientes de adopción”.
El Ministerio de Justicia considera que el informe reconoce “los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional”.
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