Miembros de bandas asesinan a ocho policías e hieren a otros 10 por la toma de control estatal de tres cárceles en las que se habían amotinado Leer Miembros de bandas asesinan a ocho policías e hieren a otros 10 por la toma de control estatal de tres cárceles en las que se habían amotinado Leer
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró este domingo el estado de sitio en todo el país durante un plazo de 30 días, con el fin de autorizar al Ejército y a la Policía Nacional Civil a actuar contra las pandillas, después de que ayer asesinaran a ocho agentes policiales e hirieran a otros 10 en represalia por la toma de control por parte del Estado de tres cárceles en las que se habían amotinado los pandilleros para exigir beneficios penitenciarios.
Arévalo hizo este anuncio en un mensaje a la nación después de que el Ejército y la Policía retomaran el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, así como de los centros preventivos de la zona 18 de Ciudad de Guatemala y Fraijanes II, donde los privados de libertad se amotinaron el sábado y secuestraron a varios agentes del Sistema Penitenciario para presionar al Gobierno, con el fin de que trasladara a cárceles de menor seguridad a los cabecillas de las pandillas, entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, considerado el máximo jefe del Barrio 18.
Precisamente, El Lobo fue neutralizado en la cárcel Renovación 1 y el Ministerio de Gobernación difundió a través de sus redes sociales al máximo dirigente del Barrio 18 de rodillas, esposado y ensangrentado. Ello provocó que ocho agentes de la PNC fueran asesinados en las calles de Ciudad de Guatemala y en municipios cercanos a manos de sicarios de esa pandilla. Durante los enfrentamientos con la policía, un pandillero también resultó muerto. El Gobierno ha decretado tres días de luto por estos crímenes «cobardes» y ha ordenado que todas las banderas ondeen a media asta.
Durante su comparecencia, Arévalo remarcó que la lucha de su Gobierno contra las pandillas «no les gusta a los criminales, ni a las maras, ni a las estructuras políticas desestabilizadoras que están detrás de ellas». Así, achacó los amotinamientos y los asesinatos de policías a que la estrategia contra los criminales «está teniendo éxito sin pactos, sin privilegios, ni medias tintas», teniendo en cuenta que «no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas», sino que «con la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas».
«Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado están cayendo ante la fuerza y acción contundente de un pueblo y Gobierno que ya decidieron vivir en paz en democracia, justicia y bienestar», recalcó. Como prueba de ello, mencionó que ayer se pudieron ver imágenes «históricas» en las que «los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley».
Sin embargo, el presidente de Guatemala lamentó que, en respuesta a las acciones emprendidas por su Gobierno para desarticular las pandillas criminales, estos grupos «desesperados quisieron infundir el terror y el caos, primero amotinándose en las cárceles y tomando rehenes para forzar al Estado a que cediera ante la exigencia de privilegios ilegales que durante años les fueron otorgados».
Sin embargo, resaltó que las pandillas «fracasaron», dado que se recuperó el control en todas las cárceles y se liberó a todos los rehenes, al tiempo que auguró que «las estructuras que ellos mueven por detrás también caerán, porque pierden poder ante un Gobierno fuerte y determinado a no ceder».
En represalia a los «exitosos» operativos, indicó que los grupos criminales «han atacado cobardemente a la PNC y estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror».
Por ese motivo, señaló que ha decidido decretar el estado de sitio, con el objetivo de «garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos y utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la PNC y el Ejército para actuar contra las pandillas y maras e impedir sus acciones terroristas».
«No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo en nuestro país», advirtió, al tiempo que aclaró que esta medida «no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, ni el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas ni la movilidad de los ciudadanos o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o de ningún otro proceso de naturaleza política». Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas en todo Guatemala durante este lunes. Arévalo incidió en que la aplicación del estado de sitio se restringirá a los «ámbitos del combate contra la criminalidad organizada de las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población».
Para el mandatario del país centroamericano, «nada de esto es casualidad», ya que, según recordó, «ocurre justo cuando el avance del país para liberar a las instituciones de las redes criminales que trafican corrupción e impunidad rinden resultados claros». En este sentido, considera que detrás de la violencia de las pandillas se encuentran «grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras y se niegan a que como país vivamos con justicia».
«Son las mafias política criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia», refiriéndose así al proceso de elección de la nueva fiscal general del Ministerio Público, en sustitución de la actual jefa de la Fiscalía, Consuelo Porras, quien ha emprendido una persecución judicial contra Arévalo desde las elecciones de 2023 llegando a ilegalizar a su partido, el Movimiento Semilla.
A partir de ahora, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, anunció que el Ejército y la Policía «vamos a ir directamente a atacar la presencia de los terroristas denominados mareros». Precisamente, el Congreso de Guatemala declaró en octubre del pasado año a las pandillas como organizaciones terroristas, después de que 20 cabecillas del Barrio 18 se fugaran de la cárcel Fraijanes II. La ley aprobada elevó de 12 a 18 años la pena máxima de cárcel por extorsión, uno de los principales delitos que cometen el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que se disputan el control de las calles del país centroamericano asesinando a comerciantes y transportistas que se niegan a pagar las extorsiones.
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