Inquietud en el PSOE y Sumar por el mensaje contra “la política”

El tiempo de los políticos ha terminado; es el tiempo de la calle. Este lema recorrió todo el fin de semana numerosas ciudades de España, impulsado por el movimiento del Sindicato de Inquilinas. Ese desdén por lo institucional estuvo presente desde el nacimiento de la protesta. “¿Dónde está el Gobierno progresista?”, es la pregunta del movimiento, fuertemente crítico con la acción gubernamental, aunque haya más énfasis en el grito contra la especulación, el rentismo, los fondos buitre y el PP por no facilitar suelo a través de sus ayuntamientos ni planes de vivienda en sus comunidades autónomas. ¿Pero, insisten, dónde ha estado el Gobierno en el impulso de la legislación para limitar precios en el alquiler y detener los desahucios? Se obvia la mayoría parlamentaria, que ha impedido la aprobación de 14 decretos. Y algunas iniciativas de protección a los más vulnerables que empezaron con la pandemia.

El reproche absoluto a la política tiene su corolario con la llamada a la huelga general. Otro motivo de inquietud para el PSOE, también para Sumar y las izquierdas nacionalistas, aunque no para Podemos. Tampoco es un escenario ilusionante para los grandes sindicatos, UGT y CC OO.

Para el movimiento ciudadano que ha logrado poner en pie el Sindicato de Inquilinas nadie se salva de la responsabilidad por la crisis de la vivienda. De ahí la cautela con la que los partidos de izquierda se mueven en este estallido. Al PSOE y a su socio de coalición, Sumar, ni por asomo se les ocurre tratar de ponerse al frente de esa manifestación; saldrían mal parados. No aceptan en absoluto, por fuera de la realidad, los análisis que sitúan al Gobierno al frente de la operación de respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal. Pero en el PSOE y en Sumar, sin buscar el enfrentamiento con el Sindicato de Inquilinas, sí preparan respuestas a la recriminación de no haber hecho nada durante ocho años. Tampoco callarán ante la sentencia de “todos son iguales”, en referencia al PP y al PSOE. Los socialistas tienen ya a mano el listado de medidas que empezaron a tomarse desde 2019 en materia de vivienda para utilizarlas como autodefensa de manera inmediata o como comienzo de la campaña electoral, si es que llega el caso.

No negarán las organizaciones políticas de izquierda la fuerza de la calle y del clamor social, pero no por eso van a dejar de defender la institucionalidad, la autoridad y la legitimidad de los representantes políticos elegidos en las urnas para que lleven a efecto las propuestas de la calle. ¿Quién legisla lo que se consiga con las movilizaciones? Esta pregunta la formulan interlocutores de los partidos de izquierda al escuchar el nulo papel que el movimiento en la calle concede a los representantes políticos. Solo Podemos dio el paso de ponerse a disposición del Sindicato de Inquilinas cuando estas apostaron por apoyar los dos decretos rechazados el viernes. Y siguieron esa estela. La fuerza política que dirige Ione Belarra es tan crítica con el Gobierno como lo es la organización que ha conmocionado el mundo político y social con su fuerza de convocatoria.

Los partidos a la izquierda de los socialistas que ahora conforman Sumar harán el acto de presentación del Frente Amplio, su nueva denominación, el próximo 17 de octubre. Al anunciarlo, aluden directamente a “las históricas movilizaciones de esta semana” en las que se han puesto de manifiesto “que la vivienda y el rentismo son la herida en la que se desangra” España. Las políticas de vivienda serán su principal argumento electoral. También del PSOE, aunque los primeros se erigen como “el motor del Gobierno en esta legislatura”. Sin cabeza de cartel aún, los ministros Mónica García, de Sanidad, y Pablo Bustinduy, de Asuntos Sociales, son los que reúnen mayor consenso. El último, tras su defensa en el Congreso de uno de los dos decretos sobre vivienda, relanzó el ímpetu de sectores de la izquierda que le colocan como el mejor de los candidatos, pese a que él mantiene su negativa a encabezar el frente.

Estos partidos señalan que han escuchado a la calle, pero no hacen referencia a que el movimiento de inquilinas clama por una huelga general. Tampoco el PSOE. A todos les inquieta. Los sindicatos recuerdan que las huelgas tienen el cauce de sus representantes en los centros de trabajo. No dicen que no. Tampoco que sí. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ve en la crisis de la vivienda un conflicto laboral, que es ante lo que se convocan las huelgas. Sería “ilegal”, dictamina. Legal o ilegal, incomoda a partidos de izquierda y sindicatos.