EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
Los magistrados revocan el archivo de la causa, ordenan abrir juicio y ponen en duda el trabajo de los jueces de instrucción y de la Guardia Civil
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
───────────
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado el archivo de la causa abierta por presuntas agresiones sexuales a 11 alumnos de edades comprendidas entre 4 y 7 años del colegio Fomento El Vedat de Torrent y ordena seguir la investigación al apreciar indicios “plurales, concurrentes y claros” de posibles hechos delictivos susceptibles de ser calificados como “agresión sexual a niños”. Los magistrados, en un extenso auto al que ha tenido acceso este periódico, consideran que ha de ponerse fin a lo que califican de “desafortunada deriva procesal” y ordenan: “Los niños deben ser oídos”.
Mandan, asimismo, citar como investigados a dos trabajadores del colegio del Opus Dei y que se tome declaración en calidad de testigos a tres agentes de la Guardia Civil para que “expliquen las gestiones que realizaron y en particular las relacionadas con la remisión por el colegio de información sobre adultos relacionados con los niños de infantil, habida cuenta la omisión de información en que incurrió el centro cuando remitió el listado de personal”. Pide, además, al mismo colegio que “identifique a los restantes varones con acceso al patio de infantil en los cursos 2022-2023 y 2023-2024″.
Las denuncias de cinco padres, que empezaron a presentarse en diciembre de 2023, afectan, presuntamente, a seis niños. Estos seis, además, mencionan a otros 5 menores en sus relatos por lo que el número total de presuntas víctimas es 11. Los menores habrían relatado a sus padres episodios de exhibicionismo, tocamientos e, incluso, felaciones. Uno de los padres que denunció lo cuenta así a este periódico: “Son muchos niños de hasta cuatro clases diferentes que hacen el mismo relato de un mismo adulto con una misma series de comportamientos muy parecidos entre ellos y la descripción que dan del adulto a es muy similar: gordo y calvo con una camisa a cuadros”, cuenta este padre a la vez que celebra que por fin una institución judicial “reconoce la existencia de unos hechos”. El auto recoge esos relatos sobre felaciones (“le chupaba la pilila”), y/o masturbaciones a los niños, auto-masturbaciones del sujeto activo a presencia de tales niños y/o fomento de felaciones y/o masturbaciones entre distintos menores».
Algunas de las frases que se recogen en los 69 folios del auto son muy críticas con el trabajo realizado durante la instrucción que archivó el caso en junio de 2025. La instrucción del juzgado de Torrent consideró que “no existen indicios suficientes para considerar ni probado la existencia de abuso sexual contra los menores ni tampoco para poder dirigir la causa contra una persona en concreto a la vista de falta de concreción de los datos para poder identificar al supuesto autor”. El auto que enmienda esa decisión alude a la “deriva judicial”, pero también se califica de “sesgada y partidaria” la testifical del centro. En uno de los párrafos del auto se lee: “No puede sobreseerse un procedimiento por denuncia de agresiones sexuales a múltiples niños pequeños, por parte de personas fácilmente identificables porque, del examen por una psicóloga de dos de los 11 menores a que hace referencia la noticia criminis, dicha perito, diga que el relato de uno de tales dos menores, es, según su parece, no creíble, y que, el otro es muy pequeño y es probable que sea sugestionable”.
La instrucción hacía referencia a la “falta de concreción” de los datos para poder identificar al autor. Pero la Audiencia Provincial, en el auto, da un tirón de orejas al juzgado también en esto. En primer lugar indica que, aunque “las manifestaciones de unos niños de cinco años no son específicas en la descripción identificativa de las personas, bien sencillo es, en un grupo pequeño de niños concretar a quién/es se está haciendo referencia”.
En segundo lugar, la Audiencia Provincial reprocha que hubo un menor que reconoció en un vídeo a uno de los adultos de los que hablaba sin que se haya presentado “atención alguna a ese indicio”. Reprocha en tercer lugar que uno de los niños “pequeñísimos” hiciera un “relato pormenorizado, detallado, concreto, acreditativo de una claridad mental y una memoria notables” de quienes eran los profesores que le daban clase y no fue explorado hasta un año y medio más tarde de los hechos. “Desconoce este tribunal por qué no se da credibilidad a esta víctima, y sí se le da a la testifical de los responsables del centro cuando dicen que a los de preescolar solo le daban clases mujeres, cuando del análisis de las actuaciones se desprende que existía profesorado masculino asignado a dicho grupo de preescolar y se menciona, asimismo, por la totalidad de los otros menores”.
Además, la Audiencia muestra su asombro por el hecho de que otro niño “da algunos datos precisos de identificación, tanto de otros niños cuanto del hombre adulto a que hace referencia, que afirma se trata de un profesor, identificando concreta y nominativamente a una presunta víctima y del profesor como presunto autor”. Prosigue la Audiencia: “Nunca se citó a declarar a [dicho] profesor al que se menciona con nombre y apellido. Tampoco al menor”. Señala a otros niños que “han sido explorados jamás”. El auto reclama: “Esos niños han de ser oídos”. De ahí que se solicite que “sean explorados los menores que aún no lo han sido, a través de Cámara Gesell”.
La Audiencia Provincial pide asimismo los “expedientes iniciados en el centro” a raíz de las denuncias presentadas y “los expedientes abiertos a empleados del centro que han sido identificados por los menores y sus padres”. A la Consellería de Educación se le pide que remita una copia “del expediente incoado al empleado del centro educativo que ha sido identificado por los menores”. Desde Consellería aseguran a este periódico que se enviaron envió al juzgado de Torrente “todos los informes que se solicitaron en su momento”. Y añaden: “Al ser concertado, la conselleria no tiene competencia sobre el personal del centro pero sí se abrió un expediente sobre el caso”. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el colegio.
Sociedad en EL PAÍS
