El Congreso, tras las quejas de ambos partidos, asegura que fiscalizará lo ocurrido por si fuera un crimen de guerra Leer El Congreso, tras las quejas de ambos partidos, asegura que fiscalizará lo ocurrido por si fuera un crimen de guerra Leer
La semana pasada, The Washington Post reveló que el ejército estadounidense había rematado a sangre fría a los supervivientes de un ataque con drones a una presunta lancha de narcotraficantes. A diferencia de ataques previos, los responsables militares dieron la orden de lanzar un segundo proyectil para acabar con quienes permanecían con vida en aguas internacionales, lo que viola todas las convenciones y las prácticas de combate de las tropas estadounidenses. Según el periódico, la orden llegó directamente del secretario del Guerra, Pete Hegseth, que pidió que «mataran a todos».
Desde entonces, la cuestión sigue golpeando al Gobierno y al presidente Donald Trump. En los últimos días, Trump, que se fue a Florida a pasar Acción de Gracias y no regresó hasta el domingo, dijo que él no sabía nada del asunto, que no había dado ninguna orden en ese sentido y que no le constaba que Hegseth, probablemente el miembro más controvertido de su Administración (tanto durante su proceso de confirmación como ahora, por decenas de escándalos sucesivos), hubiera hecho algo así.
Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se ha visto en apuros para justificar lo ocurrido y exculpar al mismo tiempo al presidente y al responsable del Departamento de Guerra. En una comparecencia, Leavitt confirmó que Hegseth autorizó el ataque, pero sin dar expresamente la orden de rematar a los supervivientes, algo que hizo el almirante Frank Bradley. «El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados como tales están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos», ha afirmado Leavitt. «El almirante actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para Estados Unidos de América», añadió.
La Casa Blanca asegura que lo ocurrido, un segundo ataque contra supervivientes que por razones obvias no suponían en el agua una amenaza directa ni contra EEUU ni contra el ejército, fue completamente legal y en legítima defensa propia. «El presidente tiene el derecho de eliminarlos si amenazan a Estados Unidos, si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es lo que están haciendo», ha concluido reiterando que los medios son apropiados para proteger a los estadounidenses y que todo ocurrió «en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados».
Durante el fin de semana, numerosos congresistas y senadores han expresado su preocupación por la información del Post, por los mensajes del Ejecutivo y la ligereza de las órdenes, sobre todo porque hay una polémica a nivel nacional muy fuerte después de que seis demócratas, todos con experiencia militar, hicieran un vídeo instando a los soldados a no cumplir órdenes ilegales, citando el código de Justicia militar. Algo que ha llevado a Trump a amenazar con acusarlos de sedición, a hablar de penas de muerte por traición y al propio Hegseth a amenazar a uno de ellos, el senador Mark Kelly, con reincorporarlo al servicio activo para ser juzgado por una corte marcial.
«Esto se sitúa al nivel de un crimen de guerra si es cierto», avisó el senador Tim Kaine, de Virginia. «Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave y coincido en que sería un acto ilegal», reconoció el congresista Mike Turner, republicano por Ohio. Los responsables de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado, ambos republicaros, han prometido investigar lo ocurrido. «Nos tomamos muy en serio las informaciones sobre ataques consecutivos contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en la región del Comando Sur y vamos a tomar medidas para obtener un informe completo de la operación», prometió en un comunicado el congresista Mike Rogers. Haremos una supervisión rigurosa», se sumó Roger Wicker, presidente del Comité en el Senado.
La oposición planea volver a presentar una resolución que exigía la prohibición de la guerra contra Venezuela sin la aprobación del Congreso, después de que un texto similar no saliera adelante a principios de noviembre. «La idea fracasó, pero eso fue antes de que todos estos datos se acumularan alrededor de Venezuela y antes de que el presidente Trump dijera que el espacio aéreo debía cerrarse», señaló el senador Kaine el domingo en el programa Face the Nation de la CBS.
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