Las llegadas de migrantes a las costas de Italia se redujeron el año pasado un 58%, pero los expertos cuestionan que Europa se vuelva dependiente de Libia y Túnez en estas cuestiones Leer Las llegadas de migrantes a las costas de Italia se redujeron el año pasado un 58%, pero los expertos cuestionan que Europa se vuelva dependiente de Libia y Túnez en estas cuestiones Leer
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha venido acompañada de un giro en la política migratoria de EEUU. En realidad, se trata de una de las cuestiones que más preocupan en otros muchos lugares del mundo, incluido Europa, donde también asistimos a un profundo debate, uno de los más divisivos en el seno de la UE.
En el Mediterráneo central, atendiendo a los últimos datos de 2024, las llegadas a las costas de Italiadisminuyeron un 58% respecto al año anterior. El Gobierno de Meloni defiende ese dato a nivel internacional. Pero la disminución de migrantes se debe fundamentalmente a que Libia y Túnez -a modo de estados tapón– reciben importante financiación para bloquearlos. Porque los flujos migratorios en el Mediterráneo central van a ser constantes en los próximos años, según todos los expertos, que advierten de que esa política comporta muchos riesgos y es «contraproducente» ya que hace de un país como Italia cada vez más «dependiente» de regímenes norteafricanos. Muchos analistas prevén que habrá un flujo estructural de unos 60.000 migrantes anuales en el Canal de Sicilia.
Los acuerdos con Libia y Túnez «se celebran como un éxito por parte de los políticos europeos -recordemos que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmó en nombre de la UE a finales de 2023 un acuerdo de asociación estratégica con las autoridades tunecinas para luchar contra los traficantes de personas y reforzar las fronteras en un intento de frenar los flujos hacia territorio comunitario-, pero generan un negocio millonario que enriquece aún más a los traficantes de seres humanos«, explica a EL MUNDO Juan Matías Gil, jefe de operaciones de búsqueda y rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Mediterráneo central.
Se defiende la idea del control de fronteras, pero cediendo la gestión migratoria a terceros países que tendrán cada vez más poder«, dice por su parte la profesora Virginie Collombier, experta en Migraciones en el Mediterráneo central de la Universidad LUISS de Roma. Collombier señala una «paradoja» que favorece la «dependencia» y la «debilidad» de Italia y el conjunto de Europa frente a terceros países que pueden «aumentar sus precios» y «ampliar estas prácticas». Lo opuesto, subraya la experta, «a tomar el control de las fronteras».
Uno de los aspectos más controvertidos de la financiación europea a países como Libia y Túnez tiene que ver con la simbiosis entre las autoridades locales y los traficantes de seres humanos que, a menudo, como en el caso de Libia, operan de forma conjunta para reprimir el movimiento de los migrantes. «La gobernanza entre los diferentes protagonistas», según explica la profesora Collombier, favorece el perfeccionamiento de las redes criminales que operan como «empresas transnacionales muy especializadas» dedicadas a un «negocio muy sofisticado».
La contradicción aumenta, sobre todo en el caso de Libia, cuando los ingresos llegan por partida doble ante la complicidad implícita entre autoridades locales y los traficantes. Las primeras «se benefician de las ayudas europeas», explica esta profesora; mientras que los segundos «cobran a los migrantes», abunda Matías Gil, «beneficiándose repetidamente de ellos cuantas más veces sean interceptados». Todo ello, aplicando «violencia extrema y abusos hacia los migrantes» y «extorsionando a sus familias para liberarlos».
Las personas que no logran zarpar del norte de África no desaparecen. «Siempre intentarán salir por Libia, Túnez, y si no por cualquier otra ruta que les permita escapar», aclara Gil, asegurando que «aquéllos que han decidido marcharse de sus países de origen nunca volverán porque las rutas migratorias tienen siempre un solo sentido». Hace unos años, la frontera entre Libia y Túnez estaba bloqueada, pero hoy es una práctica habitual que las autoridades tunecinas intercepten a los migrantes en la costa de su país «para luego abandonarlos en la frontera libia», explica el jefe de operaciones de Médicos Sin Fronteras, quien señala que actualmente hay más de «800.000 migrantes bloqueados en Libia». Algunos de ellos, a través del desierto de Argelia, logran entrar nuevamente a Túnez para intentar lograr alcanzar las costas italianas.
Cabe destacar que una de las consecuencias del mayor control sobre el Mediterráneo central es que la llamada ruta africana occidental de la inmigración está registrando un aumento desenfrenado. Y España es, entre los miembros de la UE, uno de los países más afectados.
Así, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha disparado la llegada de cayucos a las costas baleares. Y, el año pasado, la de migrantes a las costas de Canarias -más de 46.000- batió todos los récords. Como señalaba a EL MUNDO José Bautista, director e investigador de la Fundación por Causa, «los flujos migratorios son como un río, el agua siempre fluye. Si tú la bloqueas, el agua se empantana y fluye por otro sitio, siempre encuentra su camino».
Para la Unión Europea, insistimos, la cuestión migratoria es hoy por hoy una de las que más preocupan y ocupan a sus dirigentes y al conjunto de los estados miembro. Después de muchos años de negociaciones, los Veintisiete aprobaron la reforma del Pacto sobre Migración y Asilo, que no entrará en vigor hasta 2026, y que sin haberlo hecho siquiera ya levanta los recelos de muchos socios. En diciembre, Von der Leyen remitió a todos los líderes de la UE una comunicación en la que explicaba que Bruselas estaba analizando ya los «costes» y el «encaje jurídico» de los centros de deportación para migrantes fuera de territorio comunitario, en línea con la política del Gobierno de Meloni. Un modelo hasta ahora firmemente rechazado por el Ejecutivo español de Pedro Sánchez.
Aunque Roma financie a terceros países para bloquear los flujos migratorios hacia Europa, lo cierto es que las organizaciones de traficantes de seres humanos son muy adaptables y deciden por los migrantes cuáles serán sus desplazamientos, con una constante violación de los derechos humanos. Esa capacidad de ajuste de las redes criminales y su logística se puede comprobar, de hecho, en las nacionalidades de los migrantes -Siria, Bangladesh, Afganistán o Malí, por ejemplo- que suelen coincidir en las distintas rutas del Mediterráneo, ya sea en el sector central, oriental u occidental -con un país como España especialmente afectado en los últimos años-.
Según las estadísticas del Ministerio del Interior italiano, en el año 2024 desembarcaron en las costas del país un total de 66.317 migrantes, de los cuales 8.043 eran menores de edad. Las nacionalidades principales fueron las de Bangladesh (13.779), Siria (12.504), Túnez (7.677), Egipto (4.296), Guinea (3.542), Pakistán (3.284), Sudán (2.137), Eritrea (2.130), Malí (1.667) y Gambia (1.618). Las cifras relativas al año anterior, el 2023, detallan que las personas que atravesaron el Mediterráneo central fueron 157.651, 18.820 menores.
El Gobierno italiano planea, además, expulsar en los próximos años por la vía rápida al 40% de los migrantes que desembarquen en el país. Y prevé hacerlo con la colaboración de Albania, territorio donde Roma ha construido dos centros de deportación -el de Shengjin, en la costa balcánica; y el de Gjader, unos kilómetros en el interior- para deportar allí a los migrantes procedentes de Bangladesh, Túnez y Egipto; países que representan dos quintas partes de las personas que cruzan el Mediterráneo central. Se trata de una medida controvertida porque para la Justicia de la UE dichos países no son seguros; pero el Ejecutivo de Meloni emitió en octubre un decreto para poder hacerlo.
Italia, mientras tanto, ya tiene al buque Cassiopea de la Marina Militar posicionado al sur de la isla siciliana de Lampedusa para reactivar, en las próximas horas, su sistema de deportaciones a Albania. Ya lo hizo de forma experimental el pasado mes de octubre, pero se concretaron tan sólo dos deportaciones -con una quincena de migrantes cada una-; aunque Italia pretende expulsar desde Albania a más de 3.000 personas al mes. El esquema prevé diferenciar entre los refugiados y los migrantes antes de que pisen suelo europeo: los primeros, con mayor posibilidades de protección internacional, desembarcarán en la isla siciliana de Lampedusa; los segundos, serán deportados a Albania para ser expulsados de una forma exprés desde los centros migratorios de Shengjin y Gjader.
El plan de Albania tuvo importantes contradicciones legales entre el ordenamiento jurídico italiano y el Derecho comunitario e internacional. De hecho, todos los migrantes que fueron deportados a Albania en octubre fueron finalmente trasladados a Italia para que pudieran tramitar su solicitud de asilo de forma ordinaria. Por el momento, los centros de deportación en el país balcánico siguen vacíos, pero centenares de funcionarios italianos están listos, a la espera de las próximas deportaciones.
El plan migratorio del Ejecutivo italiano en Albania ha llamado la atención de otros países de la UE. Pero la duda, en términos logísticos, será comprobar hasta qué punto Italia logrará deportar y expulsar a Albania sin que se colapsen los dos centros migratorios en el país balcánico. En los últimos años Roma no ha sido eficaz a la hora de devolver a los migrantes a sus países de origen y evitar la fuga de muchos de ellos al resto de Europa. Con la medida disuasoria del plan albanés, Meloni pretende lanzar el mensaje de que no será posible alcanzar Italia de forma irregular. Está por ver si esa medida política interna tiene consecuencia en los flujos migratorios internacionales hacia Italia.
El Mediterráneo central se confirma, además, como la ruta más letal para los migrantes en todo el planeta. Atendiendo a los datos recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y su programa de análisis Missing Migrants Project, en 2024 perdieron la vida aquí un total de 1.699 migrantes, el 72% de los fallecidos en todas las rutas del Mediterráneo -2.333 personas-.
La organización internacional vinculada a la ONU explica que ese nivel de riesgo se debe principalmente a «la duración de los viajes», a «la peligrosidad de las redes criminales» que trafican con los migrantes y a las «carencias» en las labores de «búsqueda y rescate» en el Canal de Sicilia. Tras una década registrando datos, la OIM contabiliza más de 17.000 migrantes fallecidos o desaparecidos en la última década en el Mediterráneo Central, siendo así «la ruta más mortífera del mundo».
Los conflictos armados, el cambio climático y el subdesarrollo seguirán favoreciendo las migraciones entre África y Europa en las próximas tres décadas. Matías Gil, de MSF, subraya que «las personas seguirán migrando para dejar, por necesidad, sus países de origen» ante un fenómeno que irá en «aumento» y que prevalecerá frente a «cualquier medida de contención».
Lo ideal sería que los países ricos invirtieran en el desarrollo de los más pobres para que nadie necesitara emigrar, pero es algo «poco realista», admite Collombier, quien recuerda que «la movilidad es un elemento central del ser humano». Todo ello, en un contexto en el que «la población de África doblará su tamaño en los próximos 30 años» mientras «en Europa se experimentará el fenómeno opuesto». Para ella, la clave está en establecer un equilibrio entre el «control de las fronteras» y la «gestión de los flujos» migratorios.
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