Los expertos advierten de que subidas excesivas elevan la concentración del mercado y los precios Leer Los expertos advierten de que subidas excesivas elevan la concentración del mercado y los precios Leer
«No hubo ninguna hecatombe». Con esta sentencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cargaba este martes contra los agoreros de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y contra el conjunto de la «teoría neoliberal» que había pronosticado que esta política laboral destruiría empleo e impactaría negativamente en la capa más débil del tejido productivo patrio, que son las pequeñas empresas. «Los niveles de ocupación hoy son de récord en todos los sectores», zanjó la ministra de Trabajo durante una comparecencia en la que anunció una nueva subida del SMI para 2025.
Sin embargo, y a pesar de que ciertamente las proyecciones más catastrofistas sobre el impacto de las subidas del SMI en el empleo no se han cumplido y hay más ocupados que nunca en el mercado laboral, organismos como el Banco de España o la OCDE han demostrado que la escalada de esta referencia salarial sí ha perjudicado a determinados colectivos, como los jóvenes o los mayores de 45 años, en términos de oportunidades laborales. E incluso los propios registros estadísticos de la Seguridad Social revelan que la senda ascendente del SMI ha venido discurriendo en paralelo a una destrucción de empleo en las empresas de menor tamaño y a un claro trasvase de trabajadores a las más grandes.
En concreto, la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social refleja que mientras la cifra total de afiliados ha crecido de media un 14,2% desde el año 2019, han sido las compañías de mayor tamaño las que han tirado del empleo, permitiendo alcanzar ese récord de ocupación del que presumía Yolanda Díaz. La diferencia en los ritmos es tan contundente que mientras en las microempresas de uno y dos trabajadores no sólo no ha crecido el empleo sino que se han destruido puestos de trabajo, con una caída de afiliados del 2,7% en los últimos cinco años, en las grandes empresas de entre 250 y 499 trabajadores la afiliación ha crecido un 19,7% y en las de mayor tamaño se ha disparado más de un 25%.
Desde la CEOE vienen advirtiendo en sus últimas valoraciones de los datos de paro y afiliación mensuales de que la gran empresa está compensando la caída de la ocupación en las más pequeñas. En concreto, en la nota del pasado mes de octubre señalaban que el peso del empleo en las microempresas ha pasado de suponer un 21,6% del total en 2019 a un 18,9% en 2024, con variaciones interanuales muy dispares que van desde una caída del 1% en la afiliación de empresas de entre uno y dos trabajadores a un crecimiento del 5% en las de más de 499 empleados.
Esta tendencia está despertando la atención de los analistas, que empiezan a detectar que las pequeñas empresas, incapaces de soportar el aumento de los costes laborales que conllevan las subidas del salario mínimo, acaban desapareciendo y permitiendo a las grandes compañías aumentar su cuota de mercado y mantener sus márgenes de beneficio con subidas de precios.
Así lo constata un estudio que acaban de publicar los economistas Salvatore Lo Bello, del Banco de Italia, y Lorenzo Pesaresi, de la Universidad de Zurich. En él explican que «un salario mínimo más alto redistribuye a trabajadores de empresas pequeñas a grandes, aumentando la cuota de mercado de las grandes empresas y permitiéndoles incrementar sus márgenes de precio». Es lo que denominan el «canal de concentración del salario mínimo», que «expulsa a las pequeñas empresas del mercado».
«Los aumentos en el salario mínimo tienen efectos positivos y negativos», introduce el economista Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Entre los primeros, señala que «reducen la desigualdad salarial y mejoran a los que permanecen empleados». Y entre las consecuencias negativas, advierte de que «reducen el empleo y pueden aumentar la concentración en los mercados, así como los precios de los productos».
Esa última advertencia, en línea con los efectos de ese «canal de concentración del salario mínimo», resulta especialmente relevante para España porque, siendo un país de pymes, en paralelo al SMI que fijen por ley los sucesivos gobiernos, aquí operan unas reglas de negociación colectiva que permiten a las empresas de mayor tamaño establecer las reglas del juego. Así lo explica el economista e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen: «Un puñado de grandes empresas imponen sus condiciones al resto del mercado y utilizan su poder para erigir barreras a la competencia, echando a las pequeñas o complicándoles la vida».
El economista Javier Santacruz coincide en que «quien puede soportar unos costes superiores, sale ganando» y apunta que «son las grandes empresas las que pueden absorber salarios mínimos más altos, con una mayor capacidad tanto de contratación como de despido».
En total, el salario mínimo acumula un incremento del 54% con este Gobierno y alcanza ya los 1.134 euros, una cantidad que la vicepresidenta Díaz está dispuesta a aumentar en otro 4%. De momento ha encargado a su comité de expertos en la materia que calculen el incremento necesario para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que orbitan en ese nivel salarial y que la referencia no caiga del 60% del salario medio. Sin embargo, este grupo de trabajo no va a estudiar ni los efectos de las subidas acumuladas del SMI en el empleo ni el eventual impacto de un nuevo incremento en 2025.
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