La reducción de la factura energética de centenares de empresas electrointensivas ha quedado excluida del acuerdo ‘in extremis’ del Gobierno y Junts, que ha salvado el paquete de medidas sociales pero no las de carácter tributario Leer La reducción de la factura energética de centenares de empresas electrointensivas ha quedado excluida del acuerdo ‘in extremis’ del Gobierno y Junts, que ha salvado el paquete de medidas sociales pero no las de carácter tributario Leer
Jarro de agua fría para la gran industria. La negociación in extremis entre el Gobierno y Junts, que ayer obligó a retrasar varias horas el Consejo de Ministros, consiguió salvar las medidas del bloque social comprendidas en el fallido decreto ómnibus, pero casi ninguna de las del paquete económico. Entre las disposiciones que no han sobrevivido a la criba del partido de Carles Puigdemont se encuentra la rebaja de la factura de la luz de los consumidores electrointensivos, es decir, industrias devoradoras de energía, como la química o la metalúrgica, para las que esta medida supone un alivio de unos 200 millones de euros anuales.
El decreto ómnibus ampliaba hasta finales de 2025 el recorte para la industria electrointensiva del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, una de las partidas de costes regulados que integra la factura de la luz. La disposición beneficiaba a alrededor de 200 empresas para las que el recibo eléctrico supone cerca del 40% de los costes totales de sus procesos productivos. En el decreto que fue derogado el pasado miércoles en el Congreso, el Gobierno describía la medida como un «mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad» de la industria y la tachó de «imprescindible», incluso en el actual escenario de precios eléctricos que, pese a haberse normalizado tras el shock de 2022, para el año en curso todavía se prevé que sean un 60% más caros que la media del periodo 2000-2020.
Según un documento técnico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descuento a los consumidores electrointensivos del 80% de la facturación de peajes de transporte y distribución se tradujo en una merma de ingresos para el sistema -o lo que es lo mismo, supuso un ahorro para sus beneficiarios- de 212,4 millones de euros. «La cifra no debería cambiar mucho este año», apuntan fuentes del ámbito industrial. No obstante, el impacto será desigual según el tipo de actividad. En Feique, la patronal química, calculan que el golpe rondará los 50 millones de euros, mientras que Unesid, la asociación siderúrgica, cifra el sobrecoste en el entorno de los 40 millones.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Pedro Sánchez aseguró que ya ha iniciado los contactos con los grupos políticos para salvar esta y otras medidas que no entrarán en el decreto pactado con la formación catalana para sustituir al ómnibus. «Ya estamos negociando el paquete económico para llevarlo en las próximas semanas, con medidas para industria electrointensiva, las entregas a cuenta para las autonomías, o el plan MOVES (de ayudas a la compra de vehículos eléctricos)», aseveró el líder del Ejecutivo.
A la vista de lo ocurrido ayer, cuando el Ejecutivo logró aprobar una nueva norma con medidas sociales en el tiempo de descuento, todo es posible y nada puede darse por sentado. Por eso, la mayoría de los gremios industriales prefieren no hacer comentarios hasta conocer el resultado de la nueva ronda de negociaciones. Si bien, desde todos los frentes se confía en que la rebaja de los peajes salga adelante, sobre todo, en un momento como el actual, donde grandes referentes como Alcoa o ArcelorMittal ya han condicionado su permanencia en España a una energía asequible.
Por ahora, es algo que nuestro país no puede ofrecer. Los costes adheridos al recibo de la gran industria (impuestos, cargos, servicios de ajuste y ahora también los peajes) hacen que la factura final en España sea un 193% más cara que en Francia y un 78% superior a la de Alemania, según el último barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), que viene reclamando que la rebaja en los peajes se convierta en estructural. El pasado lunes, Aege lanzó un comunicado instando a los partidos políticos a salvar el citado balón de oxígeno alegando que sin la aportación que supone esta medida «no habrá mejora de competitividad en 2025» y que, en cambio, aumentará un 5% la factura eléctrica de la industria electrointensiva.
«La reducción del coste energético en la industria debe ser una prioridad del Gobierno y del Legislativo. Son necesarias múltiples medidas, incluyendo la reducción de los peajes, la eliminación del impuesto de generación, maximizar las compensaciones… es prioritario y es urgente», diagnostican en conversación con EL MUNDO desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, plataforma que agrupa a nueve asociaciones sectoriales (del cemento a la automoción) que aglutinan el 55% del PIB nacional.
Según los cálculos de Aege, que agrupa a gigantes como Acerinox, Sidenor o Celsa, la muerte de la medida se traducirá en un sobrecoste de unos 70 millones de euros anuales para el conjunto de sus asociados. Se trata de un segmento para el que el peso de los peajes sobre la factura final es relativamente pequeño, pues, en su mayoría, son colosos industriales enganchados a la red de alta tensión o de transporte, donde los peajes son más baratos. Aguas abajo, en la red de media tensión o de distribución, sectores como el papel o el refino sufrirán más el final de la medida, ya que, en términos relativos, el importe de sus peajes es más relevante para el conjunto de sus recibos.
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