En la justicia hay debate sobre cuándo se jodió el Perú, qué y quién originó esta ola de tensión institucional, de guerra abierta entre un sector de los jueces y el Gobierno, pero lo que nadie niega es que la sima es muy profunda. Y es probable, admiten fuentes jurídicas y políticas de todos los sectores, que ya no tenga solución e incluso vaya a más hasta el día en que caiga el Gobierno de Pedro Sánchez. En el Ejecutivo están convencidos no solo de que hay jueces que quieren hacer política, como dijo el presidente el lunes en su entrevista en TVE, sino de que su objetivo real es tumbar al Gobierno y, por tanto, su ofensiva no parará hasta que vuelva la derecha al poder.
El Gobierno se siente víctima de un grupo de jueces que quieren hacer política para tumbarlo y el sector conservador se moviliza para ir al choque con el Ejecutivo. Varios coinciden en que la clave de todo está en el ‘procés’ y la politización de la justicia
En la justicia hay debate sobre cuándo se jodió el Perú, qué y quién originó esta ola de tensión institucional, de guerra abierta entre un sector de los jueces y el Gobierno, pero lo que nadie niega es que la sima es muy profunda. Y es probable, admiten fuentes jurídicas y políticas de todos los sectores, que ya no tenga solución e incluso vaya a más hasta el día en que caiga el Gobierno de Pedro Sánchez. En el Ejecutivo están convencidos no solo de que hay jueces que quieren hacer política, como dijo el presidente el lunes en su entrevista en TVE, sino de que su objetivo real es tumbar al Gobierno y, por tanto, su ofensiva no parará hasta que vuelva la derecha al poder.
Representantes de los jueces conservadores responsabilizan exclusivamente al Ejecutivo de esta tensión y ponen una fecha clave para el inicio de la batalla: el día en que se pactó con Junts la investidura de Sánchez y en el texto del acuerdo ponía el término lawfare. Aunque en realidad, si se mira con perspectiva, la cuestión venía de antes. El procés siempre estuvo en el trasfondo de todo, y los pactos con los independentistas son citados por el sector conservador como el origen de todos los males. Pero al tirar del hilo original, todos los caminos conducen a una frase que se le escapó en un chat de senadores en 2018 al entonces portavoz del PP, Ignacio Cosidó: “Ponemos un presidente excepcional [Manuel Marchena, entonces pactado con el PSOE como presidente del CGPJ, que retiró su candidatura al conocerse este mensaje], un gran jurista con capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás”.
Esa batalla por el control del Supremo, en especial la Sala Segunda, la de lo Penal, que juzga los grandes delitos que afectan a la política —el procés, la corrupción, el fiscal general— no ha cesado nunca. Y de momento la siguen ganando de calle los conservadores.
Algunos responsabilizan más a los jueces de esta tensión institucional, que esta semana ha explotado por la presión de sectores judiciales conservadores y del PP para que dimita Álvaro García, el fiscal general, a punto de sentarse en el banquillo por la filtración de información relativa al proceso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos contra la Hacienda Pública. Otros ponen más el foco en el Gobierno, otros en el PP, pero nadie le ve una salida fácil porque las posiciones están muy enquistadas.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces por la Democracia, la única asociación progresista, centra el problema en algunos jueces y su voluntad de influir en política. “Hay una parte de la judicatura española que quiere volver al enfrentamiento entre poderes. Es indudable que existen procedimientos cuya única finalidad es ser munición del debate político. Y no siempre se atajan esos intentos. El llamamiento del [expresidente José María Aznar] cuando dijo aquello de “el que pueda hacer que haga” ha tenido eco en algunos jueces. Y eso es un problema. Estamos preocupados, porque justo ahora que se estaba intentando recuperar la normalidad, que se está renovando la cúpula judicial después de cinco años de bloqueo del CGPJ, los vocales conservadores han vuelto a poner en crisis la institución por seguidismo del PP y han vuelto a un ambiente del consejo anterior”, asegura.
Los vocales conservadores del CGPJ, que como es habitual actúan como un bloque sólido mientras los progresistas ya se han dividido un año después de su nombramiento, algo también histórico en el Poder Judicial, pidieron a la presidenta, Isabel Perelló, que reclamara al fiscal general, Álvaro García, que no acudiera al acto de inauguración del año judicial. No sucedió, pero la tensión quedó y la fotografía de un bloque conservador enfrentado al Gobierno y haciéndolo público va a marcar los próximos meses.
Mientras, María Jesús Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora, mayoritaria y decisiva cuando se trata de nombramientos, de movimientos de fondo en el CGPJ, y sobre todo de pronunciamientos políticos —llegaron a decir que la amnistía era “el principio del fin de la democracia”— cree que el principal responsable de la situación es el Gobierno y apunta a sus negociaciones con los independentistas para explicar cuándo se abrió esta sima. “El Gobierno está buscando un enfrentamiento con el Poder Judicial. Al revés no existe. No hay jueces haciendo política. ¡Qué casualidad que sean justo los que investigan cuestiones que afectan a la familia del presidente! El problema de fondo es que el Gobierno ha asumido los planteamientos de los independentistas. Ya en enero de 2020 [cuando se pactó la anterior investidura de Sánchez] el Gobierno habló de exceso punitivo con referencia al procés para ganarse el favor de esos votos. Y en 2023, en el pacto con Junts, se asume el mensaje del lawfare que llevaban diciendo mucho tiempo los independentistas condenados. Y ya con la ley del sólo sí es sí nos llamaban fascistas con toga, jueces machistas. Esto viene de lejos. Y no es muy distinto a lo que hacen Trump o Bolsonaro”, explica.
Barco defiende las manifestaciones a la puerta de los juzgados contra la Ley de Amnistía cuando aún no se había tramitado, una prueba evidente para el Ejecutivo de la politización de algunos sectores de la justicia. “Es obligación de los jueces defender el Estado de Derecho, y esas manifestaciones lo hacían”, señala.
Un miembro del Gobierno cree que sí hay solución, pero en este ambiente tóxico parece muy compleja. “Bastaría con que el Consejo General del Poder Judicial diera un toque serio por algunas instrucciones indefendibles, especialmente la del juez Peinado [que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente, por tráfico de influencias]. Eso oxigenaría todo mucho. Pero se encierran en el corporativismo y no hay manera de que los jueces controlen a los jueces, que es lo normal por el propio bien la de la justicia, que está perdiendo credibilidad con esto”, señala.
Encuestas
Las encuestas son, efectivamente, muy reveladoras. La política está muy baja en valoración, la más baja de todas las instituciones, pero la justicia está cayendo a toda velocidad en los últimos años. Según una encuesta reciente del CIS, el 90% de los españoles no cree que la justicia sea igual para todos y el 78% cree que la justicia no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos. Otros sondeos privados muestran que más del 60% de los españoles cree que se instrumentaliza la justicia con fines políticos y sobre todo se ve una gran sima ideológica. Los votantes de derecha confían mucho más en la justicia que los progresistas, que la ven escorada hacia los conservadores.
En la Asociación Francisco de Vitoria, que no tiene vocales en el CGPJ, reparten las culpas de forma equitativa. Sergio Oliva, su portavoz, también transmite una gran preocupación por la situación. “El sistema de elección de los vocales del CGPJ favorece la politización de la justicia. La apariencia es la que es. Ahora hay bastante tensión provocada por vocales del Poder Judicial conservadores y también por la permanencia del fiscal general en su puesto pese a su situación procesal. No hemos pedido su dimisión pero sí que haga una reflexión de si vale la pena que siga. Y el hecho de que el PP no acudiera a la apertura y además amparándose en el jefe del Estado es muy peligroso. La situación está así por falta de confianza en las instituciones. No sé quién tiró la primera piedra, pero todos han participado. Si Sánchez piensa que hay jueces haciendo política debe decirlo con nombre y apellidos”.
Todos los consultados, algunos magistrados de altas instituciones en activo que no quieren revelar su nombre por la situación de máxima tensión, ven muy difícil la salida a este enfrentamiento porque el fondo de la cuestión es político, es un rechazo de una parte de los jueces a las actuaciones del Gobierno, también las reformas profundas de la justicia que está llevando a cabo el ministro, Félix Bolaños. Algunos sí plantean que una solución, a largo plazo, sería que España hiciera como el resto de países de su entorno europeo y entregara la instrucción a los fiscales con jueces de garantías para evitar excesos. De hecho en España esto ya funciona porque todos los asuntos relacionados con fondos europeos los instruye un fiscal y no un juez, porque el sistema europeo es ese.
Un magistrado de un tribunal relevante lo tiene claro. “Un fiscal de EE UU me preguntaba: ‘¿A quién pide autorización un juez instructor en España para adoptar medidas limitadoras de los derechos fundamentales contra su investigado?’. ‘A sí mismo’, le dije. ‘¿Y alguna vez se las deniega?’, ‘Evidentemente, no’. Esto no pasa en ningún otro país. Hemos tenido 40 años para solucionarlo pero nunca se consideró urgente. Y así estamos”, señala. El sistema español consiste en que el juez de instrucción decide de forma totalmente autónoma, después el afectado recurre, y una sala decide si le da la razón y corrige al juez, algo que pasa en muy pocas ocasiones. En el resto de Europa el fiscal decide, pero está controlado por un juez de garantías.
Esta reforma para dar la instrucción a la fiscalía está en marcha por iniciativa del Gobierno, pero aún le queda mucha tramitación parlamentaria y en cualquier caso entraría en vigor en la siguiente legislatura. El texto tiene muchísima contestación precisamente por el ambiente de enfrentamiento y politización. “¿En un país en el que la ministra de Justicia pasa directamente a ser fiscal general [como sucedió con Dolores Delgado] puede fiarse un ciudadano de la independencia de la fiscalía?“, dice Barco, de la APM.
Oliva, de la Francisco de Vitoria, tampoco lo ve claro, al menos ahora. “Es verdad que en el resto de Europa la instrucción la llevan los fiscales, pero hay que garantizar la independencia. Los jueces de instrucción tienen mucho poder en España, es verdad, pero pueden ser tumbadas sus decisiones. Hay segunda y tercera instancia. En este contexto de trinchera con dos Españas que dudan una de la otra es mal momento para hacer que los fiscales instruyan, sí se podría mirar en el futuro”, señala.
Bolaños ha explicado que esta ley, que es probable que tenga apoyo de la mayoría de la investidura, servirá para homologar España al resto de Europa pero además incluirá un refuerzo de la independencia del fiscal general, que perdurará cuando caigan los gobiernos, porque su mandato será de cinco años e inamovible por el siguiente Ejecutivo.
Tomás de la Cuadra Salcedo, un reconocido jurista que fue presidente del Consejo de Estado y después ministro de Justicia a finales de los año 80 y principios de los 90, cree que el problema de fondo es que “algunos jueces creen que están salvando España”, y toman decisiones en función de esos criterios personales, con el trasfondo del procés de forma inevitable. “La amnistía ha sido un momento muy difícil, sobre todo por cómo se hizo, cómo se explicó por parte de los independentistas. Pero hay gente en el mundo de la justicia que parece querer instalarse en 1936. Me temo que esto acaba mal”, sentencia, después de aclarar que en su opinión hay cosas “escandalosas como la instrucción del juez Peinado”.
En este contexto, esta semana arranca el Congreso con una sesión de control que se prevé muy tensa. El Gobierno cree que Alberto Núñez Feijóo ha cometido un grave error al no acudir a la apertura del año judicial porque eso le coloca cada vez más entregado a Vox, que sigue subiendo en las encuestas y comiendo espacio poco a poco al PP. El Ejecutivo tratará de poner el foco en otros asuntos, como la reducción de jornada laboral, que se vota el martes, o los buenos datos económicos para ofrecer sensación de normalidad, pero el PP está justo en lo contrario: “La excepcionalidad que se vive en este país hay que evidenciarla con medidas excepcionales”, señalan en el PP para justificar la inédita ausencia de su líder a un acto presidido por el Rey. La temporada política viene cargada de tensión, que se ha trasladado a la justicia. Los dos mundos cada vez están más interconectados, uno contagia al otro y viceversa, por lo que todo indica que la batalla seguirá el resto de la legislatura.
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