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La COP17 celebrada en Armenia reconoce la urgencia de acelerar las acciones y cerrar la brecha financiera, pero deja las tareas más importantes para la próxima conferencia
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Las negociaciones internacionales sobre biodiversidad empiezan a tener un patrón: las decisiones se toman pasando la noche en vela. Sobre las 10:30 am de Ereván, Armenia, los delegados de los países, evidentemente agotados, dieron cierre a una serie de acuerdos que han sido catalogados como de progreso, pero a la vez tímidos por organizaciones como Greenpeace. A las seis de la mañana, la Conferencia de Diversidad Biológica (COP17) empezó a replicar los ecos de su antecesora: la cumbre de Cali, en Colombia, que quedó suspendida por falta de quórum hace dos años. La sala comenzó a quedar vacía e incluso el representante de República Democrática del Congo pidió aplazar temas críticos de la agenda hasta la próxima conferencia. “En 30 minutos no habrá quórum”, dijo.
Gracias a una estrategia de carisma, experiencia en resolución de conflictos y pidiendo a los delegados simplemente mostrar “sus pulgares arriba o pulgares abajo” para mostrar si estaban de acuerdo o no, y así agilizar el proceso, el presidente de la COP17 y ministro de Ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosyan, logró navegar los desacuerdos de último minuto. Entre ellos, la oposición de Indonesia para determinar cuáles son las reglas para que los indígenas tengan un asiento con poder en las negociaciones de biodiversidad, y el intento fallido de Argentina de evitar que se usen palabras como género, una cruzada que el Gobierno de Javier Milei ya ha desplegado en otros espacios de Naciones Unidas.
“El género es una agenda transversal y Argentina peleó para reducirlo”, comenta a El PAÍS Oscar Soria de la organización The Common Initiative. “Pero fracasó en ese intento”. Uno de los puntos que Matevosyan no logró surcar con el mismo éxito fue que en los acuerdos se plasmó un lenguaje considerado “débil” frente al reconocimiento de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, conocida como IPBES.
Dando el brazo a torcer frente al bloqueo liderado por Rusia, la delegación de Suiza, en nombre de 55 países, incluyendo a los que conforman la Unión Europea y Colombia, lamentó que la ciencia fuera objeto de controversia por cuestiones políticas dentro de la COP17. “La ciencia no es negociable y debe ser la base para la formulación de políticas”.
Desde su inicio, la COP17 tenía dos grandes promesas: crear una ruta para cumplir las 23 metas alrededor del uso sostenible de biodiversidad para 2030 y encontrar cómo financiar esos objetivos. Las decisiones al respecto, precisamente, pasaron durante la última jornada sin mayor controversia, pero también sin mayor claridad sobre cómo lograrlo. Y es que la conferencia de Armenia comenzó con saldos en rojo: tras revisar el estado actual de las 23 metas, el mismo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señaló que “menos de la mitad van por buen camino”. Entre el grupo de las que están más atrasadas, se incluyen la promesa de reunir al menos 200.000 millones de dólares por año para la biodiversidad a 2030 y la de reducir los subsidios que son perjudiciales para la diversidad biológica en al menos 500.000 millones de dólares para el mismo año.
En los documentos acordados, a pesar de que los países reconocen que se necesitan acciones para ir más rápido, cerrar lo que llaman la “brecha financiera” y se “alienta” a los países a reducir los subsidios que arrasan con la naturaleza, no hay una ruta de cómo hacerlo, certeza de dónde va a salir la plata o quién la va a poner. “Se ha avanzado en el debate sobre la reducción y la reorientación de los subsidios perjudiciales para la naturaleza, aunque el texto final podría haber sido mucho más contundente”, es como lo ve Catherine Weller, directora de Política Global de Fauna & Flora.
La secretaria ejecutiva de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), Astrid Schomaker, dice, en cambio, que la COP de Armenia sirvió para crear un “impulso en el diálogo” sobre los subsidios dañinos y así, eventualmente, crear acuerdos más vinculantes, sugiriendo que eso podría darse en la próxima COP18 que se hará en Ecuador. Una gran porción de las decisiones clave se aplazó hasta entonces. “Esta ha sido la COP de la procrastinación diplomática”, describe Soria.
El balance de cómo ha funcionado el fondo mundial para la biodiversidad creado en 2023, por ejemplo, quedará para esa COP. Además de los pocos recursos que ha logrado desembolsar a los países, una de las críticas es que lo maneja el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), del que hace parte Estados Unidos: el único país, junto al Vaticano, que no forma parte de la CDB. Las decisiones de fondo sobre cómo recolectar y distribuir los beneficios económicos que desarrollan las compañías a partir de información genética digital y pública igualmente fueron aplazadas para la siguiente conferencia.
A la COP17 es difícil ponerle solo un adjetivo. La presidencia la llamó desde el día uno la de “actuar por la naturaleza” y fue bautizada por muchos como la de “la implementación” o el punto medio. También puede ser la COP en la que se probó el ahora débil multilateralismo, pero sin Estados Unidos en la mesa; o en la que se celebró en los pasillos que Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil. Es la antesala, además, de la conferencia de cambio climático que se celebrará la próxima semana en Turquía: un espacio diplomático ambiental que tiene muchos más ojos encima.
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