La crisis sanitaria iniciada hace tres semanas en Andalucía con los problemas en cribados de cáncer de mama en Andalucía, comunidad presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), se ha convertido este viernes en una grave crisis política que ha reventado el Consejo Interterritorial de Sanidad, convocado para este viernes en Zaragoza. Los consejeros populares han boicoteado la reunión de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades al levantarse de la mesa al poco de iniciarse la reunión entre duros cruces de acusaciones de deslealtad y sectarismo.
Sanidad lo califica de “gesto de deslealtad que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía” mientras cristaliza a escala nacional la trifulca política andaluza
Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo Interterritorial de Sanidad a los pocos minutos de haber comenzado esta mañana en Zaragoza. El plantón dado al máximo órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades supone un salto cualitativo en la crisis política provocada por los problemas detectados en Andalucía en los programas de cribado de cáncer de mama y la negativa de las comunidades del PP a compartir sus datos con Sanidad. El boicoteo se produce a pesar de que los consejeros del PP asistieron ayer jueves a la cena oficial y haber acudido al encuentro en viaje oficial.
“El Ministerio lamenta este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía”, afirman fuentes del departamento, que no ocultan su sorpresa por lo ocurrido. La ausencia de los consejeros populares ha impedido, según estas fuentes, “votar dos acuerdos: la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer”. Esto pone de manifiesto la “irresponsabilidad [de la posición del PP], que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública”, sostiene Sanidad.
En una declaración enviada a los medios, el PP ha denunciado, por su parte, la “utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno”.
Los populares acusan a la ministra Mónica García de haber “transformado el Consejo Interterritorial en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las comunidades y vulnerando el reglamento que regula su funcionamiento”.
El escrito pone como “ejemplo de esta deriva la manipulación unilateral de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril” donde, según el PP, el ministerio se comprometió a poner a disposición de la comunidades “la herramienta imprescindible para la gestión de los datos, estando los indicadores [todavía] en fase de revisión actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud”.
En una rueda de prensa celebrada al poco de publicar esta declaración, los consejeros han reiterado estos mensajes y lanzado duras críticas contra la ministra Mónica García. “Lo sucedido en las últimas semanas es la gota que ha colmado el vaso. Es la utilización partidista contra las comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud. Hemos dado la oportunidad de que la ministra pudiera rectificar y se ha limitado a leernos el orden del día, que no estábamos dispuestos a oír de su boca”, ha afirmado el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos.
La dirección nacional del PP, por su parte, “respeta” el plante de sus consejeros, según afirman fuentes de la cúpula popular. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ya había avalado este jueves la negativa de sus Gobiernos autonómicos a informar al Ministerio de Sanidad de los datos de los cribados en sus comunidades, informa Elsa García de Blas.
“Desde hacía meses se estaba trabajando en un protocolo que no está acabado”, justificó en Bruselas el líder del PP, “sorprende que el Ministerio de Sanidad pida datos que no están homogeneizados y todo parece indicar que tiene que ver con un interés más político y partidista que sanitario”.
Minutos antes del inicio del Consejo, la ministra Mónica García había hecho un llamamiento a las comunidades del Partido Popular para que cambiaran su negativa a compartir los datos de los programas de cribado. “Les diremos que tienen una oportunidad para rectificar, porque la transparencia no es una opción”, ha afirmado.
“Ahora mismo que tenemos una crisis de confianza en los programas de cribado, el Partido Popular no puede ocultar los datos”, ha avisado García con respecto a los problemas detectados con estas pruebas diagnósticas en Andalucía, “Los datos [permitirán] dar confianza a las mujeres de este país. El Partido Popular cree que está boicoteando al Ministerio de Sanidad y lo que está boicoteando es la confianza de los ciudadanos […] en el Sistema Nacional de Salud. Y esto no nos lo podemos permitir”, ha seguido la ministra.
García ha recordado que la Ley de Transparencia obliga a las comunidades a hacer públicos los datos sobre la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos: “Los datos no son de las comunidades, no son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, no son del señor Moreno Bonilla. Son de la ciudadanía”.
A continuación, ha lamentado que la negativa del PP se haya extendido por las comunidades que gobierna, una crisis que, originalmente, estaba limitada a Andalucía. “La ciudadanía ha perdido la confianza inicialmente en Andalucía. Y el Partido Popular, de manera absolutamente inexplicable, lo ha extendido a todas las comunidades gobernadas por su partido. ¿Quién es el lumbreras que le dijo al Partido Popular que, en un momento de crisis sanitaria y de crisis de confianza en los programas de cribado, tenía que ocultar los datos? Yo no lo puedo entender y así se lo he hecho también ver a muchos consejeros. No entiendo por qué en este momento en el que la ciudadanía necesita confianza, el Partido Popular lo único que ofrece es opacidad”, ha dicho García.
La reunión del Consejo Interterritorial de este viernes cierra una semana en la que se ha recrudecido la crisis sanitaria originada en Andalucía, con la entrada de la Fiscalía en el caso para investigar los fallos ocurridos en las pruebas para detectar el cáncer de mama y las denuncias de algunas pacientes cuyas pruebas, colgadas en el sistema informático de la sanidad andaluza, habrían sido manipuladas.
En la arena política, el debate ha cogido vuelo con la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a responder a la petición del Ministerio de Sanidad de compartir los resultados e indicadores de sus programas de cribado, una negativa de la que, sin embargo, este jueves se desmarcó Castilla y León.
Una posición que ya criticó con fuerza la ministra de Sanidad el pasado martes, cuando acusó a los populares de querer “ocultar” a los pacientes los datos de los programas de cribado frente al cáncer de mama, de colon y de cérvix porque estos son “malos” debido a la mala gestión de los respectivos gobiernos conservadores.
Mónica García incidió en que estos datos no pertenecen a las comunidades, sino a los pacientes, y anunció que su departamento recurriría a la Ley de Transparencia hasta las últimas consecuencias para que esta información sea hecha pública. “La falta de transparencia revela un modo de incompetencia”, remachó García.
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