Las transferencias ascienden a 15.452 millones hasta mayo por los fondos para cubrir «gastos impropios» Leer Las transferencias ascienden a 15.452 millones hasta mayo por los fondos para cubrir «gastos impropios» Leer
El Gobierno está desviando cada vez más dinero recaudado de los impuestos a la Seguridad Social. Los ingresos por cotizaciones crecen a buen ritmo, pero resultan insuficientes para cumplir con los compromisos de pago adquiridos con más de nueve millones de pensionistas. En paralelo, el Ministerio de dirige Elma Saiz está decidido a avanzar en el cumplimiento de la primera recomendación del Pacto de Toledo, que persigue sufragar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada vez más de los denominados «gastos impropios». Como resultado, las transferencias del Estado no hacen más que crecer y engordar una deuda acumulada de más de 126.000 millones de euros.
Entre enero y mayo de este año las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascendieron a 15.452 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,8% respecto al mismo periodo de 2024. De acuerdo con los últimos datos de ejecución presupuestaria actualizados por el Ministerio, en los cinco primeros meses de este año se han desviado 3.639 millones de euros más que a estas alturas del año pasado, siendo la partida más significativa la correspondiente a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que superan los 13.359 millones de euros, un 37,8% más que hace un año.
En una nota, Seguridad Social justifica este fuerte incremento por la «percepción anticipada de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo», que es la que establece que las prestaciones no contributivas, de carácter asistencial, o las políticas de incentivos al empleo o de apoyo a las familias deberían ir a cargo de los PGE y no de las cotizaciones sociales.
En todo caso, este fuerte aumento de las transferencias se produjo en pleno choque con la Comisión Europea por el maquillaje contable con el que el Gobierno estaba intentando condicionar el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el impacto de la última reforma de las pensiones en la sostenibilidad del sistema. El Ministerio de Seguridad Social forzó al organismo fiscalizador a considerar estas transferencias como ingresos del sistema y, aunque en su evaluación la AIReF apenas tuvo en cuenta una parte de estos desvíos, Bruselas obligó al Gobierno español a rectificar este criterio contable y repetir el examen.
En su informe, publicado a finales del pasado mes de marzo, la AIReF evitó aplicar la cláusula de cierre que obligaría a hacer nuevos ajustes, pero advirtió de que el incremento de las transferencias del Estado, en ausencia de medidas adicionales de mejora de los ingresos o contención del gasto, «supondrá una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos derivados de los marcos fiscales europeo y nacional».
El Gobierno ha reconocido un agujero de 126.000 millones de euros, precisamente, por la deuda que acumula la Seguridad Social con el Estado por los préstamos que ha ido recibiendo desde los años 90 y que nunca ha devuelto. El Ejecutivo culpa a esos préstamos del déficit del sistema de las pensiones y defiende las transferencias: «La financiación vía préstamos para entidades con patrimonio neto negativo, como es el caso de la Seguridad Social, es inadecuada, siendo la herramienta más apropiada para dicha financiación las transferencias de capital», sostiene en una respuesta parlamentaria al PP.
Los trabajos para la renovación de las recomendaciones parlamentarias del Pacto de Toledo acaban de arrancar, precisamente, esta misma semana en el Congreso de los Diputados. En la primera reunión, celebrada este lunes, los representantes de los sindicatos CCOO y UGT alertaron sobre el conflicto intergeneracional «falso» y «artificial» que se quiere crear entre jóvenes y mayores cuando se aborda la sostenibilidad de las pensiones. Entre sus demandas, UGT incluyó «la consolidación de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, exigiendo el traslado de los aproximadamente 9.000 millones de euros que aún restan del Estado al sistema».
Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme criticaron la sobrecotización que supone el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se inventó bajo el mandato del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Las organizaciones empresariales advirtieron de que aumentar las cotizaciones y la carga sobre las empresas tendrá efectos negativos sobre el empleo y reclamaron «mecanismos sólidos» y «visión de largo plazo» para garantizar pensiones futuras a los jóvenes.
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