Manifiestan su «preocupación» por el impacto de las últimas subidas sobre los salarios en convenio y por la concentración de trabajadores en la banda del SMI Leer Manifiestan su «preocupación» por el impacto de las últimas subidas sobre los salarios en convenio y por la concentración de trabajadores en la banda del SMI Leer
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya tiene en sus manos el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI, un comité que designó la propia ministra de Trabajo para apoyar técnicamente sus subidas del salario mínimo en las recomendaciones de expertos en materia económica y laboral. El documento, al que ha tenido acceso ELMUNDO, establece una horquilla de incremento de esta referencia salarial para 2025, pero no se queda ahí, sino que ahonda en una serie de advertencias sobre las consecuencias de los aumentos del SMI en los últimos años y se adentra incluso en el debate sobre la reducción de la jornada laboral que mantiene enfrentados a los ministerios de Trabajo y Economía.
Fuentes de la comisión detallan que el informe se cerró este miércoles y fue remitido al Ministerio de Trabajo, donde en estos momentos se está revisando el contenido y dando formato al documento para su presentación oficial antes de abrir la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos para abordar la nueva subida del SMI.
En base a distintos cálculos realizados a partir de la amalgama de estadísticas salariales disponibles, los expertos han plasmado su recomendación en una horquilla que cumple con los dos mandatos de Díaz: garantizar el poder adquisitivo del colectivo que cobra el salario mínimo (es decir, que la subida tiene que estar por encima de la inflación) y respetar la referencia de cobertura del 60% del salario medio que fija la Carta Social Europea. Y con estas indicaciones han determinado que el SMI debería aumentar entre un 3,44% y un 4,41% este año.
Hasta ahí la recomendación, que los asesores respaldan con una amplia explicación sobre la metodología utilizada y los cálculos y estimaciones llevados a cabo para dar con esas cifras. A partir de ese momento, el informe expone una serie de reflexiones que han sido consensuadas por los miembros del comité -entre los que se encuentran dos responsables del Ministerio de Trabajo y uno de Economía- y que adquieren especial relevancia en pleno choque entre Díaz y Cuerpo por la reducción de la jornada laboral.
Para los expertos, «en estos momentos en los que se debate la reducción de la jornada laboral a tiempo completo de las 40 horas actuales a 37,5 horas», es un elemento «a tener en cuenta» que, aunque la disminución del tiempo de trabajo no influirá en la cuantía mensual del SMI ni en la relación entre el salario mínimo y el medio, «sí supondrá un aumento del salario por hora en aquellos sectores donde la jornada laboral a tiempo completo todavía sea de 40 horas, incrementándose en un 2,5% por cada hora de reducción».
En base a estos cálculos, el recorte de la jornada disparará un 6,25% los sueldos en aquellos sectores que todavía se sitúen en la jornada máxima legal de 40 horas, ya que tendrán que reducirla en dos horas y media semanales. Con todo, los asesores añaden que «es de esperar que dicha reducción se traduzca también en un aumento de la productividad que compense parte del aumento del coste laboral».
No es la única advertencia que contiene el informe. Como en anteriores ediciones, el comité descarta que las fuertes subidas del SMI impulsadas por este Gobierno hayan tenido un impacto negativo en el empleo. Sin embargo, en esta ocasión llaman la atención sobre algunos impactos colaterales que les empiezan a generar «preocupación».
«La comisión quiere manifestar su preocupación por el impacto que el aumento del SMI hasta los niveles actuales haya podido tener sobre los salarios mínimos de convenio y la posibilidad de que muchos de ellos dejen de ser relevantes al situarse por debajo de este», reza el documento. Por ello, advierte a la responsable de las políticas laborales del Gobierno de que «el SMI no es ni debe ser la única herramienta de mejora de las condiciones de trabajo, siendo fundamental, una vez cumplido el mandato de la Carta Social Europea, potenciar otras herramientas, como el diálogo social, la negociación colectiva, o la formación».
Seguidamente, la comisión señala que «el rápido aumento del SMI producido desde 2019 ha dado lugar al aumento de la concentración de personas trabajadoras en una estrecha banda salarial en torno al salario mínimo, lo que en la literatura se conoce como bunching o agrupamiento«. Un fenómeno que quedó reflejado en la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reveló que el salario más común en España cayó hasta los 14.586 euros anuales en 2022, muy cerca de los 14.000 euros en los que estaba fijado el SMI ese año.
El propio INE atribuyó el hundimiento del salario más frecuente al desplazamiento de nóminas al intervalo de 14.000-15.000 euros por la subida del SMI. Una tendencia que para los expertos de Díaz impica un «peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda, cuando el salario mínimo debería ser la referencia salarial para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia». «Un hecho con potenciales implicaciones en materia de gestión de recursos humanos que merece la pena estudiar», advierten.
Por último, los expertos dan un tirón de orejas al Ministerio y le piden que mejore las estadísticas salariales y el acceso a las mismas, incluyendo fuentes administrativas.
Tres ministerios están en el comité. El de Economía, con Víctor Ausín (director general de Política Económica); el de Hacienda, con César Veloso (director adjunto del gabinete de la vicepresidenta); y el de Trabajo, con Mariña Fernández (asesora de Díaz) y Antonio García como asesor técnico.
CCOO y UGT están representados por Luis Zarapuz y Alberto del Pozo, respectivamente. Además, están los profesores Luis Ayala (UNED), Elena Bárcena (Univ. Málaga), Begoña Cueto (Univ. Oviedo), Libertad González (Univ. Pompeu Fabra), Rafael Muñoz (U. Salamanca) y el economista José Ignacio Pérez.
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