La crisis que viven las mutualidades de funcionarios —Muface, pero también Mugeju, del personal de Justicia, e Isfas, de los militares— puede ilustrarse con un solo dato: de cada 100 euros que ingresan en primas, las aseguradoras privadas acaban destinando 100,8 a la asistencia sanitaria de la población protegida. Es decir, ni siquiera cubren gastos, según los datos incluidos en el informe Sanidad privada, aportando valor 2023 de la Fundación IDIS, que defiende los intereses del sector sanitario privado.
Dos de cada tres nuevos mutualistas rechazan los seguros médicos privados, que pierden así ingresos que les permitirían compensar la asistencia a la población más envejecida y con mayor gasto sanitario
La crisis que viven las mutualidades de funcionarios —Muface, pero también Mugeju, del personal de Justicia, e Isfas, de los militares— puede ilustrarse con un solo dato: de cada 100 euros que ingresan en primas, las aseguradoras privadas acaban destinando 100,8 a la asistencia sanitaria de la población protegida. Es decir, ni siquiera cubren gastos, según los datos incluidos en el informe Sanidad privada, aportando valor 2023de la Fundación IDIS, que defiende los intereses del sector sanitario privado.
Las empresas y los sindicatos del sector acusan al Gobierno de no financiar adecuadamente a este colectivo, que en el caso de Muface atiende a 1,52 millones de empleados públicos y sus familias, según datos de la mutualidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. A diferencia del resto de la población, que tiene derecho a la sanidad pública, los beneficiarios de Muface tienen una segunda opción: ir a la sanidad privada. Además, cada año pueden escoger qué tipo de asistencia quieren, sin que nada les impida volver a la privada después de ir un año a la pública o a la inversa.
La supuesta infrafinanciación del sistema, sin embargo, es solo una parte de ver un problema que, en el fondo, responde más a cambios sociales y demográficos de los funcionarios. Estos han acabado por provocar una tormenta perfecta en la que aumentan los gastos por el envejecimiento de la población protegida sin que esto se vea compensado por las primas de los más jóvenes. La razón es que los nuevos funcionarios, los que menos gastarían, están eligiendo masivamente ser atendidos en la sanidad pública —dos de cada tres el año pasado— y rechazan los seguros privados que les ofrece Muface.
“Es una situación muy compleja de gestionar y que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de las mutualidades tal y como lo conocemos. Los beneficiarios cada vez son de mayor edad y suponen un mayor gasto. Muface siempre han sido un modelo cuestionado por lo que tienen de privilegio para los funcionarios en comparación con el resto de la población. Al final, parece que la tendencia es hacia una extinción natural del modelo por razones demográficas, aunque esto llevará más o menos tiempo según cómo se gestione la actual crisis”, sostiene Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El año pasado entraron a formar parte de Muface un total de 62.500 empleados públicos, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. De ellos, el 66,3% apostó por ser atendido en la sanidad pública. Este porcentaje es aún mayor, del 74%, entre los 46.000 docentes de enseñanza no universitaria (ENU), que en 2023 fueron el mayor grupo de nuevos funcionarios debido a los procesos de estabilización del empleo público. La mayoría de funcionarios, el 69,6%, sigue eligiendo la sanidad privada, aunque este porcentaje está descendiendo a un ritmo notable en los últimos años (en 2016 era el 80,4%).
La edad media de los nuevos titulares de Muface es, obviamente, notablemente menor que la media de los que ya llevan años en la mutualidad. En el caso de los docentes ENU esta fue de 38 años —de 48 entre los acogidos a los procesos de estabilización—, mientras entre el resto de empleados públicos —policías, administración central…— ascendía a 40 años. Por el contrario, según la memoria de Muface de año 2023, la edad media de los titulares se acercaba el año pasado a los 58 años. Esto son casi cuatro años más que hace solo una década.
Las fuentes consultadas apuntan a varias razones que explican la decisión de las nuevas generaciones. Una sería “la fidelización del sistema público de salud respecto a personas que lo han conocido”, afirma José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Se trata, según este experto, de “personas que están en la treintena o cuarentena, que llevan muchos años acudiendo a la atención primaria, los médicos especialistas y hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que, llegado el momento de elegir, prefieren seguir con ellos”.
Repullo destaca que este es un fenómeno conocido y que también se produce a la inversa: “Con la asistencia sanitaria el paciente es muy fiel y no le suelen gustar los cambios. Esto también lo notamos con los beneficiarios de Muface de mayor edad. Llevan toda la vida con el mismo seguro médico, están acostumbrados a cómo funciona, a poder ir directamente al especialista y, salvo imperiosa necesidad, se resisten a cualquier cambio”.
Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, apunta también otras razones. “Los docentes están dispersos por todo el territorio nacional y, en algunas provincias, la oferta de la sanidad privada no es tan completa como en las grandes ciudades. Esto puede hacer que estos empleados públicos elijan la pública. En las grandes capitales, al contrario, es más frecuente que la gente de esa edad ya tenga un seguro médico privado complementario y prefiera mantener la doble cobertura”, explica.
Estos nuevos datos confirman una tendencia que viene observándose desde hace tiempo: que cada vez son más los funcionarios que eligen la sanidad pública frente a la privada. Y el proceso está acelerándose. Si en 2016, del total de beneficiarios, el 80,4% elegía la sanidad privada, este porcentaje había descendido al 74,6% en 2021. Y este año ya es del 69,6%.
Esta tendencia está sostenida por un doble trasvase de pacientes hacia el sistema público. “Una parte importante de los que van eligiendo la pública son personas jóvenes. Pero nuestras investigaciones muestran que hay otra parte de personas con patologías graves y complejas, que suelen ser más frecuentes con la edad, que dejan la sanidad privada para ser atendidos en la pública. Esto parece indicar que se produce una selección de riesgos por los seguros médicos y que los enfermos que mayor gasto causan acaban siendo atenidos de una forma u otra en la sanidad pública”, sostiene Beatriz González López-Valcárcel.
Los datos de beneficiarios mayores de 65 años corroboran esta hipótesis, que vendría a aligerar algo las maltrechas cuentas de los seguros privados con Muface. Si en 2016 solo el 15,2% de los beneficiarios mayores de 65 años elegía la red pública, este porcentaje ya es actualmente del 22,6%. Si se tienen en cuenta cómo se distribuye entre la sanidad privada y la pública el incremento del grupo de los mayores de 65 años, esa tendencia se observa más claramente. Desde 2016, los mayores de 65 años crecen a un ritmo de 10.000 u 11.000 personas al año. Ese año, menos del 30% iba a la pública. Ahora ya lo hace prácticamente la mitad.
“Este incremento puede parecer pequeño, pero la selección de riesgos puede ser sustancial si tenemos en cuenta que la mayor parte del gasto sanitario se concentra en un grupo reducido de personas. Entre el 5% y el 10% de los pacientes acaparan más del 50% del gasto total”, sostiene José Ramón Repullo.
Desde el sector privado, Juan Abarca niega que esta selección de riesgos se produzca. “No tiene sentido, nuestro objetivo es siempre ofrecer una asistencia integral a todo el colectivo y nuestros datos nos dicen que gran parte de los beneficiarios, pero sobre todo los de mayor edad, prefieren ser atendidos por la sanidad privada”, defiende.
Adeslas, Asisa y DKV son los tres seguros privados que ahora atienden al millón largo de funcionarios de Muface que han elegido ser atendidos por la sanidad privada. Ninguna de las compañías se presentó al nuevo convenio, vigente en el periodo 2025-2026, a pesar de que este preveía un aumento de las primas del 17%. Las aseguradoras afirman que este porcentaje no les permitiría salir de las pérdidas acumuladas en los últimos años, en los que además del envejecimiento de los beneficiarios se ha producido un importante repunte de la inflación. El Gobierno busca ahora la fórmula para resolver la crisis y alcanzar un acuerdo. Por ahora, ha recordado a los funcionarios que, al menos, tiene los instrumentos para prorrogar la actual asistencia hasta octubre de 2025.
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