EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
EL PAÍS ha seguido en los últimos nueve meses los casos de 108 denunciantes de abusos que acusan a los obispos y a las órdenes religiosas de no contestar a sus correos, de alargar los procesos y de obligarles a firmar cláusulas de confidencialidad
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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Los procesos canónicos sobre los casos de pederastia que la Iglesia católica española instruye dentro de sus muros son un misterio. Se escudan en el respeto a las víctimas para no dar información, pero decenas de ellas denuncian públicamente que los jueces eclesiásticos les niegan las sentencias y los documentos de sus causas. Pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) dice que lleva desde 2019 atendiendo y reparando a las víctimas, nunca informa de cuántas reparaciones ha pagado, la media de las cuantías o el número de terapias o de cartas solicitando perdón que han firmado los obispos y los superiores de las órdenes religiosas.
Para conocer la realidad, EL PAÍS ha seguido en los últimos nueve meses los procedimientos de reparación de 113 víctimas que acusan a 135 clérigos. El resultado es demoledor: 108 desmienten que la institución eclesial esté acogiéndolas y reparándolas y solo cinco de ellas admiten estar satisfechas con la atención recibida. Este periódico no solo ha recopilado los testimonios de estas víctimas, sino que ha tenido acceso a decenas de mails, documentos oficiales y grabaciones de conversaciones que los afectados han mantenido con las oficinas de atención al menor de la Iglesia. Toda esa información demuestra que en la mayoría de los casos (77), la institución no hizo nada después de recibir la denuncia. En el resto, los obispados abrieron un proceso de escucha en el que, salvo en contados casos, aún no ha pagado una indemnización.
Estos datos niegan el discurso de acogida de la Iglesia y ponen en duda el plan de reparación que esta semana todos los obispos españoles prevén lanzar cuando finalice su asamblea plenaria en la que están reunidos para debatir, entre otras cuestiones, cómo cerrar el escándalo de la pederastia. Este plan, bautizado como PRIVA (Plan de Reparación Integral de la víctima), no es independiente, ya que pivota en torno a una comisión de arbitraje elegida por la jerarquía eclesiástica. Este grupo de trabajo se encargará de verificar los casos y recomendará el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita para su sanación y buscando siempre una reparación integral. Luego enviará un informe a la diócesis o congregación a la que pertenece el agresor para que valore la propuesta y decida si cumplirla o no. Es decir, aunque esta comisión dictamine que la víctima merece una reparación, seguirá dependiendo del prelado o superior correspondiente.
“Me citó un salesiano en un parque y me pidió perdón en un banco”. “La experiencia de la oficina fue nefasta y dañina. No volvería ni loca a hablar con ellos porque no quieren reparar nada. Preguntas directas y rozando lo morboso”. “Los jesuitas me obligan a firmar un documento sin saber el dinero con el que me quieren reparar”. Estos son algunos de los relatos que ha recibido este diario. La base de datos de EL PAÍS contabiliza a 1.534 acusados y a 2.817 víctimas. Desde 2018, este diario ha destapado más de 800 casos. Esta muestra está compuesta de 113 víctimas y 135 acusados (un acusado equivale a un caso). Para obtenerla, EL PAÍS ha hablado con 239 víctimas, de las que solo un 47% ha afirmado haber iniciado un proceso de reparación con la Iglesia. El resto desechó esa opción y solo confía en que una institución pública les repare. De hecho, este jueves el Defensor de Pueblo acudirá al Congreso de los Diputados para presentar su informe sobre los abusos sexuales en el clero para defender las recomendaciones que en él se incluyen. La más importante, precisamente, es la que versa sobre las indemnizaciones. La proposición que Ángel Gabilondo, titular de la institución, considera que lo más importante es el pago de indemnizaciones a las víctimas. Los grupos parlamentarios, que aprobaron por amplia mayoría encargar al Defensor la investigación (solo Vox votó en contra), debatirán sobre el modelo de reparación que propone Gabilondo: crear un fondo estatal “para el pago de compensaciones y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos, pero que se niega a hacerlo.
La mayoría de las víctimas se sienten decepcionas y abandonadas. Otras muestran la impotencia de no ser escuchadas. Una treintena de ellas relata que, a pesar de acudir a los canales de atención de la Iglesia, dejaron de recibir respuesta de los responsables a sus solicitudes. De ellas, a una quincena ni siquiera se le contestó su primer mensaje. Algunos de esos correos (seis) iban dirigidos al canal que habilitó la Conferencia Episcopal para gestionar las denuncias. Los afectados recibieron un mensaje automático: “Acusamos recibo y agradecemos el envío de esta información. Sentimos el dolor que haya podido sufrir. Saludos cordiales, Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores”. Después, dicen, no supieron nada más. EL PAÍS preguntó a la CEE por las acusaciones de las víctimas y solo se limitó a responder que “la voluntad de la Iglesia, de todas las diócesis y de todas las instituciones religiosas es atender a las víctimas. Por eso se han abierto las más de 200 oficinas de atención a las víctimas. Y a todas se les invita a denunciar”.
Solo en pocas ocasiones, después de meses o años de proceso, los afectados han conseguido que la orden les pague una indemnización. Alfonso Caparrós cobró 7.500 euros por sufrir una violación de un jesuita en un colegio san Estanislao de Kostka de Málaga, en los años cincuenta. Pero considera que el proceso fue denigrante. “No solo no me sentí reparado, sino humillado e indignado tanto por la calderilla con la que intentaron silenciarme, como por el toreo, el engaño, la espera larguísima con insinuaciones de premio gordo para luego sufrir la vejación ya conocida”, cuenta Caparrós, que relata que la orden le ha bloqueado su teléfono para que no pueda hablar con ellos. Como muestra de presión, y ante el retraso de estas reparaciones, está fomentando un movimiento de apostasía colectiva entre los afectados: “Reunir a un número significativo de apóstatas podría moverles a cumplir lo prometido”.
Varias diócesis y obispados han sufragado en más de una decena de este centenar de casos el coste de terapias psicológicas a las víctimas, aunque estas lo consideran como un parche ante su verdadero problema. La Iglesia contrata en numerosas ocasiones para estos procesos de reparación a organizaciones independientes, que cuentan con psicólogos y especialistas que también funcionan como mediadores para acordar una reparación con las víctimas. Las diócesis y obispados no tienen en cuenta si las víctimas quieren o no a estas asociaciones independientes como intermediarias.
Los denunciantes están desprotegidos en los procesos canónicos, donde no tienen acceso a la documentación que se desprende de ellos. Incluso algunas víctimas afirman que en los tribunales eclesiásticos se comenten irregularidades: “Después de redactar ellos un escrito con lo que yo relaté, me dijeron que debía firmar esta carta y que ya contestarían. El hecho es que manipularon una parte de mi relato”, cuenta una de ellas. En su caso, después del proceso de investigación en el obispado y semanas antes de que terminase, cuenta que recibió un mensaje del obispado donde le comunicaban que su agresor acababa de fallecer y que archivaban su caso.
La mayoría de estos procesos (74) corresponden a órdenes religiosas, como jesuitas (con 18), maristas (con 12) o los salesianos (con 13). Algunos de los acusados son auténticos depredadores, como el jesuita Frances Peris, que abusó tanto de niñas como de niños en Barcelona y en Cochabamba (Bolivia) entre los años setenta y comienzos de los 2000. Sigue vivo, y pese a que la orden admite los delitos y su encubrimiento, aún no ha reparado a ninguna víctima. Ni siquiera ha contactado con las del país latinoamericano, según ha confirmado a este periódico la Asociación Boliviana de Sobrevivientes.
El resto son referentes a diócesis, entre las que se encuentran la que dirige el actual presidente de la CEE, el arzobispo Luis Argüello. Una de las dos víctimas afectadas cuenta a EL PAÍS que escribió en 2022 al obispado, donde un psicólogo le contestó que no podía tramitar nada porque “no le constaban más víctimas” y el agresor había fallecido. “En 2023 me contactó de nuevo el psicólogo interesándose por mi salud y ofreciendo su ayuda nuevamente. Al decirle, o quizás a causa de ello, que la oficina del Defensor del Pueblo me había solicitado información, no me ha vuelto a contactar”, explica.
Solo en uno de los casos recopilados donde la víctima se siente satisfecha, ha habido una reparación, pero no quiere revelar la cantidad, aunque matiza que es “más que suficiente”. El proceso fue con los maristas. El resto cuenta que le atendieron bien y que solo querían que los responsables religiosos le pidiera perdón a la cara: “Me contactaron de Maristas e hice una videoconferencia en la que se me escuchó y me pidieron disculpas. La verdad es que fue todo muy bien. Por mi parte está todo zanjado”.
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