El Gobierno central estudia emprender una reforma histórica de Muface, la mutualidad de funcionarios responsable de la asistencia médica a 1,52 millones de empelados públicos y sus familias, para lograr una salida a la crisis que azota a un modelo con casi medio siglo de historia, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Función Pública planea un cambio histórico para garantizar la sostenibilidad del modelo que prevé poner fin a que la decisión pueda hacerse cada año y sea reversible
El Gobierno central estudia emprender una reforma histórica de Muface, la mutualidad de funcionarios responsable de la asistencia médica a 1,52 millones de empelados públicos y sus familias, para lograr una salida a la crisis que azota a un modelo con casi medio siglo de historia, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
El cambio más importante que está sobre la mesa afectaría a uno de los pilares del actual sistema: la libre elección que cada año pueden hacer los beneficiarios entre ser atendidos en la sanidad privada o la pública. Una decisión que, además, es reversible, de manera que tras estar un tiempo en el sistema público, los mutualistas pueden volver al privado (o a la inversa).
“La idea que se baraja implicaría que todos los empleados públicos de los colectivos ahora cubiertos por el mutualismo podrán elegir estar en el régimen común [como el resto de los trabajadores, con sanidad pública] o en el régimen especial [de Muface y con sanidad privada]. La elección se haría de una vez y para siempre”, explican estas fuentes, que piden el anonimato al hallarse el proceso aún en fase de estudio y con partes clave por definir.
La negativa de Adeslas, Asisa y DKV, las tres aseguradoras médicas privadas que ahora prestan el servicio a 1,06 millones de beneficiarios del sistema —el resto ha elegido ser atendidos por la sanidad pública—, a presentarse al nuevo convenio para los años 2025 y 2026 ha convencido a los responsables de la mutualidad de que ha llegado el momento de revisar un sistema controvertido y que no existe en ningún otro país del entorno europeo.
Es por ello que los responsables de Función Pública tienen claras dos ideas clave. “La primera es que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad para los mutualistas. El actual convenio sigue vigente hasta el 31 de enero y hay tiempo para una segunda licitación que concluya con éxito. La Ley de Contratación del Sector Público prevé varios mecanismos que, en cualquier caso, garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto sea sustituido por otro”, explican fuentes de Función Pública.
La segunda es que “el hecho de que el concierto haya quedado desierto a pesar de prever el mayor incremento de las primas de la historia, el 17,12%, evidencia que es inaplazable la reformulación del sistema para acabar con la incertidumbre, garantizar su viabilidad y tener las herramientas que permitan planificar de forma adecuada su financiación”.
La necesidad de planificar es uno de los argumentos de peso que llevan a plantear poner fin a la opción de elegir cada año si se quiere acudir a la sanidad pública o la privada. “Una vez que los actuales beneficiarios hayan optado de forma voluntaria por el régimen común o el régimen especial, será más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema. Se dispondrá de una foto fija que permitirá saber cuantos empleados quieren estar en el sistema especial [con sanidad privada] y, por tanto, así se podrán tomar decisiones más precisas sobre cómo financiarlo”, añaden estas fuentes.
En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores. El primero es la gran heterogeneidad existente en relación a Muface entre los empleados públicos, popularmente conocidos como “funcionarios” aunque no todos en realidad lo sean formalmente. Por ejemplo, la mutualidad da cobertura a los funcionarios de la Administración General del Estado, docentes y policías, entre otros grupos. Pero no la da a grupos como los cuerpos superiores de interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social, el personal investigador científico de organismos públicos, miembros del cuerpo superior de técnicos de tráfico, el personal de Administración y servicios de las universidades, o trabajadores de varios organismos autónomos.
El segundo elemento importante es que el número de nuevos funcionarios que se incorporan a Muface cada año es relativamente pequeño en relación al total de los mutualistas. Esto hace que esta “foto fija” que quedaría después de la elección de todo el colectivo por la sanidad pública o privada cambiaría poco cada año en términos relativos. En 2023, por ejemplo, entraron en Muface 62.500 personas —un 4,1% del total de 1,52 millones de beneficiarios—, aunque en realidad la mitad de ellos eran por procesos de estabilización del personal de enseñanza no universitaria (ENU).
Si el objetivo de esta medida es blindar los ingresos del sistema con una buena planificación, los responsables de Función Pública también han puesto el foco en los gastos. En este sentido, el ministerio aguarda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publique un informe sobre Muface, lo que está previsto que sea a finales de año, que analizará con detalle esta partida.
“A la espera del texto para tener toda la información, existen algunas vías de mejora de la de eficiencia que pasarían por la extensión de la implantación de la receta electrónica [algo en lo que se ha avanzado mucho más en la sanidad pública] porque previene la sobre prescripción. También se estudiaría la posibilidad de hacer una compra centralizada de fármacos, así como la mejora y ampliación de controles sobre consumos excesivos de ciertos medicamentos, como los psicotrópicos, entre otras medidas”, apuntan las fuentes consultadas.
Las oficinas de farmacia facturaron en 2023 un total de 29 millones de recetas, con un gasto para Muface de 340,8 millones de euros en 2023. Esto ha supuesto un aumento del 5,32% respecto al año anterior, un porcentaje que supera el incremento del 4,93% registrado en ese mismo apartado de la sanidad pública, según datos del Ministerio de Hacienda.
Sobre la nueva licitación que prepara Función Pública, también van a producirse cambios de calado hacia una mayor transparencia. Las empresas aseguradoras reclaman un incremento de hasta el 40% en las primas porque aseguran que el sistema está infrafinanciado, aunque en realidad los últimos datos revelan que son más bien variables demográficas y sociológicas —el envejecimiento de los mutualistas y la huida hacia la sanidad privada de los nuevos funcionarios, más jóvenes y, por tanto, con menos gasto— las que han conducido a la crisis actual.
“Necesitamos disponer de mayor información sobre cómo se establece el precio de las primas por grupos de edad de los beneficiarios para poder tomar con más evidencias las decisiones oportunas. En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público prevé mecanismos que permiten solicitar esta información y la situación actual lo hace aconsejable para alcanzar una mayor transparencia de cara a la segunda licitación del convenio que está en preparación”, afirman las fuentes de Función Pública.
Poner fin a la elección anual entre sanidad pública y privada, con la posibilidad de que esta sea reversible, pondría fin a una de las controversias que rodea al modelo desde hace años. Estudios publicados revelan que las aseguradoras privadas realizan una selección de riesgos, por la que aquellos enfermos con un estado de salud más delicado y que requieren tratamientos más complejos y caros tienden a ser derivados a la sanidad pública, mientras que se quedan en la privada los más sanos y que menos gasto ocasionan.
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