El operador mantendrá mañana su esquema de indemnizaciones por retrasos a pesar de la ley aprobada en noviembre porque considera que es Transportes quien está obligado por una norma que considera discriminatoria Leer El operador mantendrá mañana su esquema de indemnizaciones por retrasos a pesar de la ley aprobada en noviembre porque considera que es Transportes quien está obligado por una norma que considera discriminatoria Leer
Los usuarios de Renfe que sufran retrasos a partir de mañana en los AVE, AVLO o servicios de larga distancia estarán sujetos a la misma política de indemnizaciones de la que disponen hoy. Es decir, aunque la Ley de Movilidad aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre establece que Renfe debe retornar desde el 1 de enero de 2026 a los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, no lo hará. Retornar supondría garantizar nuevamente desde mañana las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia».
Pero el operador no se da por aludido. Ya en 2024 cambió sus políticas de indemnizaciones ante lo que era un año desastroso en los servicios de alta velocidad por la entrada en funcionamiento de los nuevos Talgo Avril y las obras en distintos puntos de la red, algunos de ellos críticos como la estación de Chamartín. El cambio relajó las exigencias al operador igualándolas a las de sus rivales Ouigo e Iryo, pero ya ese año le costó 40 millones de euros.
Así que la Ley de Movilidad que le obliga a volver al sistema anterior amenaza con multiplicar los costes muy por encima de unos rivales que no están sujetos a las mismas responsabilidades. Renfe, adscrita al mismo Gobierno que ha promulgado la ley, no aplicará los cambios. Ya en su momento, el operador advirtió que evaluaría «la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios». Además, señalaba que la aplicación de unas compensaciones diferentes a las actuales, en un mercado liberalizado como el del sector ferroviario en el que operan más compañías, la dejaría en inferioridad de condiciones respecto de sus competidores.
La fórmula ya se ha encontrado. «A partir del 1 de enero de 2026 se mantendrán sin cambios las condiciones de compensación por retrasos. Seguirán aplicándose las indemnizaciones actuales del Compromiso de Puntualidad de Renfe (devolución del 50% del importe del billete para retrasos de más de 60 minutos y del 100% para demoras de más de 90 minutos)», explican en el operador.
La fórmula es que literalmente, la enmienda establece que será «el Gobierno», es decir, apela al Ministerio de Transportes, para que recupere los compromisos de puntualidad, convirtiendo a Renfe en un sujeto pasivo. Y como el área dirigida por Óscar Puente no ha desarrollado ningún reglamento referido a cambios en los compromisos de puntualidad de Renfe, el operador solo se considera obligado a mantener el sistema de indemnizaciones vigente.
La responsabilidad de cumplir la Ley de Movilidad Sostenible o de omitirla queda por lo tanto en el tejado del Ministerio de Transportes, el mismo que la publicó en el Boletín Oficial del Estado. Ahora bien, fuentes conocedoras de la regulación del mercado entienden que sería complicado desarrollar un marco regulatorio que discriminara la puntualidad de Renfe sobre la de otros operadores sin ser recurrida inmediatamente. De hecho, sin pronunciarse sobre esta medida concreta, la CNMC recordó en diciembre que su papel es «defender un marco legal equilibrado, procompetitivo, y que respete los principios de buena regulación. Es decir, toda restricción que se introduce en la normativa debe ser necesaria por motivos de interés general, debe ser proporcionada y debe evitar discriminaciones injustificadas».
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