El principal daño colateral de la crisis por la compra de balas por seis millones de euros a una empresa israelí es la credibilidad de Fernando Grande-Marlaska, que ha quedado claramente desautorizado por el presidente, Pedro Sánchez, que le ha forzado a rectificar menos de 24 horas después de decir que era inviable rescindir ese contrato. Sin embargo, fuentes del entorno del presidente insisten en que el líder no está pensando en la salida de Gobierno de Marlaska, que mantiene su confianza en él a pesar de este evidente error político.
La crisis de momento se resuelve sin destituciones, aunque el enfado de Moncloa y Sumar con Interior es grande
El principal daño colateral de la crisis por la compra de balas por seis millones de euros a una empresa israelí es la credibilidad de Fernando Grande-Marlaska, que ha quedado claramente desautorizado por el presidente, Pedro Sánchez, que le ha forzado a rectificar menos de 24 horas después de decir que era inviable rescindir ese contrato. Sin embargo, fuentes del entorno del presidente insisten en que el líder no está pensando en la salida de Gobierno de Marlaska, que mantiene su confianza en él a pesar de este evidente error político.
El ministro del Interior ha figurado muchas veces en las quinielas como una posible salida del Ejecutivo en las distintas crisis de los últimos años, después de sufrir diversos problemas, mucho desgaste, y de haber cambiado varias veces a su equipo. Sin embargo, Sánchez lo mantiene en ese puesto clave desde el principio, en 2018, cuando lo fichó desde fuera de la política —era juez de la Audiencia Nacional, donde llevó muchos procesos delicados contra ETA— e incluso desde una visión ajena a la tradicional del PSOE —había sido elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP—. Desde entonces, pese a sus múltiples tensiones internas, antes con Podemos y después con Sumar, por representar una visión más dura en cuestiones como la política de inmigración, y pese a crisis muy graves como la de los muertos en la valla de Melilla, Sánchez siempre ha defendido a Marlaska y lo ha mantenido en Interior. El entorno del presidente insiste en que esto no ha cambiado y Marlaska sigue. “El ministro del Interior tiene el respaldo del presidente. Es un gran ministro. Por supuesto que continúa”, señalan fuentes del Ejecutivo del máximo nivel.
A pesar de que esta crisis aparentemente no tendrá consecuencias políticas graves, esto es: dimisiones —está por ver qué hace el propio Marlaska en Interior, donde se han tomado las decisiones—, varias fuentes del Ejecutivo coinciden en el gran enfado que tenía el presidente con Marlaska y su equipo el miércoles, al enterarse de que el contrato que habían prometido revocar se había mantenido y se había publicado oficialmente en Viernes Santo, en un vano intento por esconder la noticia, que finalmente fue revelada por la Cadena SER.
El asunto no solo generaba un problema grave con Sumar, que se indignó profundamente ante lo que considera una deslealtad y un incumplimiento del pacto de Gobierno. También afectaba directamente a la credibilidad del presidente y de uno de los elementos centrales de su política exterior, esto es: la condena absoluta de la guerra en Gaza, que ya ha superado los 50.000 muertos, el reconocimiento de Palestina y el rechazo a las políticas de Benjamín Netanyahu, para el que España ha pedido el procesamiento en el tribunal de La Haya por delitos contra la humanidad.
El contrato desautorizaba directamente al presidente, que en el Congreso garantizó que no habría ninguna compraventa de armas a empresas israelíes mientras se mantenga el ataque diario a Gaza. Y le dejaba muy mal ante sectores progresistas que son muy sensibles a la causa palestina, de la que Sánchez se ha convertido en un adalid en todo el mundo, con su defensa de la solución de los dos estados y su reconocimiento de Palestina. Así que Sánchez decidió que la única salida era desautorizar a Marlaska y forzarlo a rectificar. La fórmula que se encontró, para evitar incurrir en una prevaricación, es de la de que un organismo ajeno a Interior, que es quien firmó el contrato, la junta de inversión de material de doble uso, que tiene que autorizar cualquier entrada en España de material militar, “denegará a la empresa israelí IMI Systems el permiso de importación de este material [la munición contratada por Interior] a nuestro país por razones de interés general”, señala el comunicado del Gobierno. Así Interior podrá alegar para rescindir el contrato no una exclusión de la empresa israelí a posteriori, que generaba problemas legales, sino que no puede hacerse el contrato porque otro organismo estatal, esa junta de inversión de material de doble uso, va a rechazar su entrada en España, con lo que no tiene sentido seguir adelante. En La Moncloa había mucho enfado con Interior porque creen que si alguien hubiera avisado hace un par de semanas de que existía el problema, antes de decidir seguir adelante con el contrato, se podría haber buscado esta fórmula y se habría evitado un problema político mayúsculo que ha hecho crujir la coalición y la propia credibilidad del presidente, además de dejar en muy mal lugar al ministro, obligado a rectificar.
Al final, desde el punto de vista político, la cuestión se resolvió como es habitual con las crisis de alto voltaje de la coalición, con conversaciones directas entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La líder de Sumar tenía mucha presión interna sobre todo de Izquierda Unida, que incluso dejó caer la idea de una salida del Gobierno si no se resolvía este problema. La tensión va a ir en aumento porque IU está radicalmente en contra del aumento del gasto en defensa decidido por Sánchez, y además sabe que esto puede ir a más después de la cumbre de la OTAN en junio, en la que es muy probable que le exijan a España ir más allá del 2% del PIB que el presidente ha prometido que cumplirá este mismo año. Sánchez, explican en su entorno, entendió rápidamente que en ese contexto tenía que resolver de forma urgente la crisis de las balas israelíes, y lo hizo aún a costa de dejar mal parado políticamente a Marlaska, que en cualquier caso en ocasiones anteriores ha dado pruebas de gran resistencia al desgaste. El ministro ha decidido de momento y no hablar y ha dejado que fuera La Moncloa, de forma pactada con Sumar, quien anunciara la nueva marcha atrás para “rescindir de forma unilateral” el contrato.
Ahora Sánchez y Díaz se quieren concentrar en intentar salir de este bucle alrededor del gasto en defensa y las balas israelíes, y por eso está previsto que la semana que viene el Consejo de Ministros lleve en segunda vuelta la ley de reducción de jornada para mandarla ya al Congreso y empezar a discutirla allí, aunque no será fácil sacarla adelante dada la resistencia de Junts, cercana a las posiciones de la patronal, que la rechaza. La coalición parece haberse salvado de nuevo con esta rectificación ordenada por el presidente, pero distintas fuentes consultadas coinciden en que viene una temporada de curvas con el horizonte de la cumbre de la OTAN como el hito más complicado.
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