Cualquier graduado en medicina puede hacer una cirugía estética en España, aunque carezca de especialidad. Para acabar con esto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que limita la posibilidad de hacer este tipo de operaciones a quienes tengan la titulación correspondiente.
El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para garantizar que la atención es prestada exclusivamente por personal “con la titulación y competencias adecuadas”
Cualquier graduado en medicina puede hacer una cirugía estética en España, aunque carezca de especialidad. Para acabar con esto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que limita la posibilidad de hacer este tipo de operaciones a quienes tengan la titulación correspondiente.
Lo hace después de negligencias que provocaron la muerte de varias pacientes en clínicas sin especialistas y causaron una gran alarma social. La más significativa fue seguramente la de Sara Gómez, una murciana de 39 años que falleció en 2022 tras una liposucción realizada por un cirujano cardiovascular.
Es el segundo intento del Ministerio de Sanidad para regular la cirugía estética, después de que la justicia tumbase una orden ministerial de 2023 e instara al Gobierno a legislarlo mediante real decreto para modificar otro de 2003, que establece las bases sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio. A partir de entonces, las clínicas de cirugía estética tendrán seis meses para acreditar que la atención es prestada exclusivamente por personal “con la titulación y competencias adecuadas”, ha informado el ministerio en una nota.
“Esta reforma tiene como objetivo fundamental garantizar que los centros cuenten con profesionales sanitarios que posean la titulación oficial, así como las competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que prestan”, asegura Sanidad.
Esto quiere decir, detallan fuentes del ministerio, que tendrán que ser especialistas (con el MIR) de cirugía plástica o de la parte del cuerpo que operen. Por ejemplo, un urólogo podría hacer un alargamiento de pene, pero esta misma operación no podría estar a cargo de un otorrino, que sí podría efectuar una cirugía estética en las orejas.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha llegado a calcular que el 90% de los cirujanos estéticos no son especialistas en plástica. Es una aproximación imprecisa y difícil de contrastar, que además no tiene en cuenta qué facultativos hacen cirugías estéticas relacionadas con sus especialidades.
Según datos de 2023, en España hay 1.262 clínicas de cirugía estética y, al menos, 1.638 cirujanos con la especialidad. Como en cada centro trabajan por lo general varios médicos, es imposible que todos sean especialistas. Estas cifras, aun inexactas, dan luz a una realidad asumida: muchos médicos operan sin especialidad, sobre todo en clínicas low cost.
Cumplir este real decreto puede suponer un verdadero terremoto en el sector. Hay dos posturas enfrentadas. Los especialistas en estética llevan años quejándose del intrusismo y reclamando normas como esta, algo que también respalda la Organización Médica Colegial.
Por otro lado, los cirujanos que se dedican a la estética sin la especialidad de plástica defienden que muchos tienen décadas de experiencia que puede ser más valiosa que cualquier título académico.
Tanto la Unión Profesional Médicos y Cirujanos Estéticos de España (UPMCE) como la Sociedad Española de Cirugía Estética (SECE), que representan a este último colectivo, llevaron a los tribunales la orden ministerial de 2023, que fue tumbada por no tener un rango suficiente, pero venía a plasmar lo mismo que recoge el nuevo real decreto.
Sanidad explica que los establecimientos deberán disponer de información actualizada de todo su personal sanitario, incluyendo de forma detallada su formación y especialidad oficial. Además, los centros tendrán la obligación de informar a los profesionales de nueva incorporación sobre las prácticas seguras implementadas para garantizar la seguridad del paciente.
La nueva norma contempla mecanismos de control y da un año para que las comunidades autónomas adapten su oferta asistencial a las nuevas definiciones recogidas en el real decreto.
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