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El camionero Saminathan Selvaraju fue ahorcado el pasado jueves en Singapur. Llevaba en prisión desde noviembre de 2013. Fue sentenciado a muerte por transportar 301,6 gramos de heroína, una considerable cantidad teniendo en cuenta que, a partir de los 20-30 gramos, la dosis suele ser mortal. Además, en este país, ser condenado por traficar con más de 15 gramos de heroína ya conlleva la pena capital.
En todos estos años, Saminathan, ciudadano malasio de 42 años, siempre ha defendido que no sabía que la droga estaba en el remolque y que otros conductores utilizaron el mismo vehículo aquel día. En septiembre presentó, junto a otros condenados a la horca, una petición de clemencia al presidente Tharman Shanmugaratnam, que fue rechazada. Las autoridades han señalado que esos 301,6 gramos podrían abastecer la adicción de unas 3.590 personas durante una semana.
A finales de noviembre, junto a Saminathan, otros dos prisioneros por delitos de drogas también fueron ahorcados, lo que eleva el número total de ejecuciones este año a 17, el más alto desde 2003.
La Delegación de la Unión Europea en Singapur, junto con otras misiones diplomáticas, condenó con dureza estas ejecuciones, subrayando que imponer la pena de muerte por delitos de drogas contradice los estándares internacionales: dichos crímenes, advierten, no alcanzan el umbral de los «delitos más graves». Además, argumentan, la pena capital imposibilita la rehabilitación, un objetivo central del derecho penal moderno.
Críticos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que, con leyes tan draconianas, Singapur, una próspera y moderna ciudad-Estado del Sudeste Asiático con 5,7 millones de habitantes, sigue siendo uno de los corredores de la muerte más temidos para narcotraficantes. Aun cuando al menos 35 países mantienen la pena de muerte por tráfico de drogas, sólo ocho cumplen habitualmente las sentencias, y Singapur es uno de ellos.
Esta ex colonia británica, que se convirtió en nación independiente en 1965 tras separarse de Malasia, no sólo heredó de su ahora vecino asiático la pena capital para casos de asesinato, sino que además amplió el castigo a todo aquel que tenga, venda, transporte o tenga en posesión un mínimo de 500 gramos de cannabis, 250 de metanfetamina o los citados 15 de heroína.
«El bárbaro régimen de control de drogas de Singapur está cada vez más solo en el escenario mundial», manifiesta el grupo activista local Transformative Justice Collective, uno de los que presentaron un recurso constitucional contra la pena de muerte por delitos de drogas que ha sido aceptado para ser escuchado esta misma semana por un tribunal. Pero tras conocerse las últimas tres ejecuciones -las cuales se notifica a los condenados apenas cuatro o cinco días antes de efectuarse-, las autoridades han mantenido que siguen siendo el elemento más disuasorio y efectivo contra los traficantes.
En octubre fue muy criticada por grupos de derechos humanos la ejecución de Pannir Selvam Pranthaman, un hombre de 38 años que llevaba en prisión desde 2017 por traficar con 51,84 gramos de heroína de Malasia a Singapur.
«A pesar de las pruebas de que era un simple mensajero y de que había proporcionado información sustancial a las autoridades, la Fiscalía General de Singapur se negó a expedirle un Certificado de Asistencia Sustantiva [un documento que acredita su colaboración con las autoridades en una investigación más amplia de tráfico de drogas]. Sin dicho certificado, el tribunal no tuvo más remedio que condenarlo a muerte», afirma un informe de Amnistía Internacional.
«Su caso también se vio afectado por la falta de representación legal durante los interrogatorios policiales y las violaciones de la comunicación con sus abogados para presentar recursos», continúa. Un mes antes, otro ciudadano malasio, K. Datchinamurthy, fue ejecutada tras ser condenado en 2015 por traficar con 44,96 gramos de heroína.
Los grupos de derechos humanos denuncian a menudo que las ejecuciones afectan de manera desproporcionada a las minorías étnicas y a las personas más pobres. «Los malayos [grupo étnico], que representan sólo alrededor del 15% de la población del país, constituyeron el 84% de las ejecuciones por tráfico de drogas», rezaba un informe de la ONU publicado hace tres años.
Especialmente polémica fue la ejecución en 2022 de un hombre de Malasia con discapacidad intelectual. Se llamaba Nagaenthran Dharmalingam y fue condenado a muerte por 43 gramos de heroína. En los meses previos a su ahorcamiento, sus abogados y familiares presentaron solicitudes de clemencia pidiendo que se le conmutara la pena de muerte por tener una discapacidad intelectual. Una evaluación encontró que tenía un coeficiente intelectual de 69, un nivel reconocido internacionalmente como una discapacidad de aprendizaje. Pero los tribunales rechazaron la solicitud.
En los días previos a la ejecución de Nagaenthran, varios centenares de personas, en protesta por la sentencia, se reunieron en el parque Hong Lim, el único lugar en Singapur donde se permiten manifestaciones sin autorización previa de la Policía. Pero el gobernante Partido Acción Popular, quien ha dirigido Singapur desde de la fundación del país, ha seguido manteniendo que la pena de muerte es fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad de la nación insular.
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