«Sobra ruido y faltan acciones directas para poner más viviendas en el mercado», advierten en el sector inmobiliario. Repasamos algunas de sus reclamaciones Leer «Sobra ruido y faltan acciones directas para poner más viviendas en el mercado», advierten en el sector inmobiliario. Repasamos algunas de sus reclamaciones Leer
La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Más de la mitad cree que el país se encuentra próximo a una nueva burbuja inmobiliaria, pero la burbuja no es tanto de crédito como de precios. Los alquileres están en niveles históricos y la compra se acerca de forma acelerada a los récords de 2007. «Sobra ruido y faltan acciones directas para crear suelo y poner más vivienda en el mercado», señalan en el sector inmobiliario. La cuestión es cómo.
«Es necesario poner más suelo en el mercado, sobre todo en determinadas zonas. A grandes rasgos, eso pasa por permitir un urbanismo acorde al siglo XXI (facilitando usos más flexibles o utilizando fórmulas como los consorcios urbanísticos) y que se pongan de acuerdo PSOE y PP para modificar la Ley del Suelo a nivel nacional. Nos duele en el alma ese desacuerdo porque es una cuestión política», apunta Jorge Ginés Franco, director general de Asprima, la asociación de promotores inmobiliarios de Madrid. «Sin suelo no hay edificios. Esa reforma nos permitiría desencallar planeamientos urbanísticos que llevan años parados», añade Xavier Vilajoana, presidente de la patronal de constructores y promotores APCEspaña.
España apenas destina el 0,15% de su PIB a vivienda, frente al 0,55% de media en Europa. «Este déficit puede subsanarse con una mayor inversión pública para ampliar y renovar el parque habitacional, con especial énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad», señala Lorena A. Zenklussen, directora comercial de Financiación Hipotecaria de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios).
Resolver el problema de la vivienda en España sin contar con la colaboración privada se antoja una quimera para muchos en el sector. Las fuentes consultadas creen que es esencial favorecer las condiciones para que el capital extranjero y privado quiera invertir en España, para construir, para rehabilitar y para impulsar el BTR (build to rent). «Hasta ahora han sido los family offices los que han apostado por esta fórmula, pero necesitamos que vengan los grandes fondos de inversión y de pensiones, con una visión más a largo plazo, y eso sólo se consigue con seguridad jurídica y transparencia», señala el director general de Asprima.
José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), coincide con el Gobierno en que hay que controlar y actuar en las zonas tensionadas, «pero con políticas incentivadoras y no de carácter restrictivo para los propietarios, ya que éstas generan incertidumbre y miedo en un sector sumamente sensible a todo tipo de cambios económicos y legislativos, que percibe como negativos, y provocan la fuga o retirada de inmuebles del mercado».
También aboga por implementar un aval público exprés para alquileres que proporcione cobertura y seguridad económica «ante el grave problema del atasco judicial existente, que provoca que muchos procesos de desahucio por impago tarden más de un año en resolverse».
Los impuestos suponen casi un tercio del valor de una casa desde que el promotor adquiere un terreno hasta que entrega las llaves a su propietario. Con este argumento, en el sector inmobiliario claman desde hace tiempo por una fiscalidad más favorable para la oferta. En este sentido, las propuestas señalan hacia una bajada del IVA a la compra o una rebaja de otras figuras como el AJD o el ITP.
«Nuestro país está muy por debajo de la media europea en términos de parque de vivienda social», alerta Lorena A. Zenklussen. En concreto, la vivienda social y asequible aquí apenas representa el 2,5% del parque residencial total, frente a la media del 9% en la UE. «La inversión pública en este ámbito podría incrementarse impulsando colaboraciones público-privadas para desarrollar más proyectos de vivienda asequible, como está demostrando el Plan Vive de Madrid», destaca la responsable de UCI.
También ella pone el acento en medidas para equilibrar el mercado de arrendamiento, tras el impacto de la Ley de Vivienda y los efectos de los topes a los precios en las zonas más tensionadas. «Es fundamental encontrar un equilibrio entre garantizar precios razonables para los inquilinos y preservar la rentabilidad para los propietarios», expone.
Sobra burocracia y falta agilidad para conseguir los permisos y licencias necesarios para desarrollar viviendas. Así se resume una reclamación que es compartida por todo el sector. «No puede ser que conseguir los permisos para desarrollar casas sea, muchas veces, más largo de lo que se tarda construirlas», señala Xavier Vilajoana.
Es otro de los grandes problemas y retos del sector inmobiliario en esta nueva etapa. Falta mano de obra cualificada para construir y reformar toda la vivienda necesaria para reequilibrar la oferta y la demanda. En total, se estima que unos 700.000 empleos directos e indirectos se quedarán vacantes en la construcción en los próximos años si no se consiguen profesionales para responder al relevo generacional. Según la patronal CNC, faltan profesionales de perfil más técnico (arquitectos, jefes de obra…), pero también hay escasez de peones, encargados de obra, gruistas, carpinteros, capataces y otros oficios relacionados para garantizar el desarrollo de medio millón de viviendas que, como mínimo, se necesitan para cubrir el déficit residencial del país.
Esta medida la dejamos para el final no porque sea menos importante, sino porque parece la más imposible o improbable de todas. Ninguna de las anteriores propuestas saldrá adelante sin el consenso, el acuerdo y la acción conjunta de todos los partidos y todas las administraciones públicas implicadas en la gestión de la política de vivienda. En un país donde las competencias están divididas entre los diferentes estratos de la administración -Gobierno central, CCAA y ayuntamientos-, la falta de acuerdo entre todos ellos hace inviable una reacción conjunta y rápida para responder a tiempo al desafío que plantea el problema del acceso a la vivienda en España. «El pacto de Estado por la vivienda se lo he pedido a los Reyes Magos, a ver si me lo traen», bromea el presidente de APCEspaña.
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