Un juez federal declara ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles

El tribunal interpreta que Trump violó una ley de 1878 al emplear soldados federales en labores de seguridad pública Leer El tribunal interpreta que Trump violó una ley de 1878 al emplear soldados federales en labores de seguridad pública Leer  

Donald Trump se ha topado con los tribunales, una vez más. El juez federal Charles Breyer ha declarado ilegal su decisión de desplegar soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles a principios de junio para asistir a los agentes federales de inmigración, como parte de la campaña de deportación masiva de indocumentados de la Casa Blanca. Breyer consideró que la medida viola la ley que prohíbe a miembros del ejército intervenir en labores policiales y de seguridad pública, un revés importante para el Gobierno de Trump en plena campaña de despliegue de soldados en otras ciudades del país para combatir el crimen.

La decisión del juez federal es la respuesta a una demanda interpuesta por el gobernador de California, Gavin Newsom, erigido desde hace meses en el principal opositor a las políticas autoritarias de Trump. De acuerdo al dictamen del tribunal, se prohíbe a la Administración «desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, y a cualquier tropa militar desplegada hasta ahora en California, para participar en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes».

Breyer entiende que el uso de tropas de la Guardia Nacional para labores policiales excede su autoridad y constituye la creación de «una fuerza de policía nacional que tiene como jefe al presidente», algo que vulnera la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a soldados federales participar en actividades de mantenimiento del orden.

El Gobierno se ha defendido alegando que la presencia de esos 4.000 miembros de la Guardia Nacional, enviados a Los Ángeles el pasado 10 de junio, tenía como única función defender dos edificios federales, uno de ellos situado en Westwood, donde en ningún momento se produjo protesta o altercado alguno. Donde sí hubo manifestaciones que terminaron en violencia fue en el edificio federal del centro de la ciudad, donde los agentes de inmigración retuvieron a muchos de los detenidos durante la campaña de redadas, aunque el despliegue de soldados federales nunca pasó de los 200 efectivos.

Breyer explicó que se presentaron pruebas suficientes para demostrar que la Guardia Nacional se extralimitó en sus funciones, no solo tratando de controlar a las multitudes durante las manifestaciones, sino asistiendo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en algunas de las redadas llevadas a cabo en Los Ángeles.

En un comunicado, Newsom dijo que se trata de un fallo «a favor de la democracia y la Constitución», además de un mensaje contundente para Trump. «Ningún presidente es rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo. Como dictaminó hoy el tribunal, Trump está violando la ley al crear una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe», aseguró.

Por su parte Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, aplaudió la decisión del tribunal por el «importante fallo de hoy. La Casa Blanca intentó invadir la segunda ciudad más grande del país. Eso es ilegal. Los Ángeles no cederá ni se derrumbará. No seremos divididos ni seremos derrotados».

Tras considerar que su decisión de enviar tropas a la ciudad californiana había ayudado a evitar la destrucción de la ciudad, Trump ordenó un despliegue similar en Washington en agosto para acabar con una oleada de crimen que, a su modo de entender, estaba impidiendo incluso que la gente saliera a cenar por las noches. Los datos oficiales pintan una realidad muy distinta, con el crimen en su nivel más bajo de los últimos 30 años. Su plan pasa por hacer lo mismo en Chicago, Nueva York y Baltimore, ciudades regidas por políticas demócratas. Esta decisión judicial podría alterar sus planes.

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