El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos cometido, presuntamente, al filtrar un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Susana Polo, que fue la ponente de aquella resolución y la única de estos cinco a la que se considera adscrita al sector progresista. A ellos, fuentes consultadas señalan que se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, a quien unos definen como un conservador moderado y otros como un moderado progresista; y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, la magistrada Ana Ferrer, de sensibilidad progresista.
Manuel Marchena
Marchena (66 años) era presidente de la Sala Penal cuando se abrió la causa contra García Ortiz, en octubre de 2024, pero dio un paso al lado en diciembre pasado al acabar su segundo mandato, el máximo permitido. Durante sus 10 años al frente, se multiplicó el protagonismo de la sala en la agenda política, con casos como el juicio a los líderes del procés, emitido íntegramente en directo y que dio a conocer a Marchena para el gran público. Fiscal de carrera, Marchena no es miembro de ninguna asociación, aunque el PP siempre le ha considerado uno de sus hombres de confianza en la cúpula judicial. La formación conservadora lo propuso en 2013 para dirigir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el PSOE se negó. Cinco años después, los socialistas sí aceptaron su nombre para ese puesto a cambio, pero Marchena renunció después de que se difundiera un WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, con ese acuerdo, los populares seguirían controlando “por detrás la Sala Segunda”. Aunque ya no preside la Sala Penal, sigue manteniendo una fuerte ascendencia sobre buena parte de sus miembros. 
Antonio del Moral
Del Moral (66 años) también es fiscal de carrera, y llegó al Supremo en 2012 por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. También formó parte del tribunal que juzgó el procés y es reconocido entre sus compañeros como uno de los magistrados de mayor calidad técnica de la sala. De postulados claramente conservadores, está vinculado al Opus Dei y a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. Del Moral fue el único magistrado de la sala que participó en junio pasado en el paro convocado por jueces y fiscales a las puertas del Supremo contra las reformas legales del Gobierno. 
Carmen Lamela
Lamela (64 años) llegó al Supremo en 2018 desde la Audiencia Nacional, donde fue la primera instructora del procés, antes de que el alto tribunal asumiera la causa. En ese papel, fue la primera en encarcelar de forma preventiva a varios dirigentes independentistas, incluido el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. También dictó la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont y otros exconsellers cuando se confirmó que habían salido de España y no iban a presentarse a declarar ante la jueza. Lamela fue también quien procesó a quien fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero (quien finalmente resultó absuelto). No está asociada a ninguna asociación. 
Juan Ramón Berdugo
De 71 años, Berdugo llegó al Supremo en 2004 aupado por los vocales conservadores del CGPJ. Pertenece a la APM y también integró el tribunal del procés. Berdugo fue además el ponente de la resolución por la que el Supremo, en febrero de 2024, encausó a Puigdemont por terrorismo en el ‘caso Tsunami Democràtic’, donde se investigaban las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés, pero que acabó archivándose. 
Andrés Martínez Arrieta
De 70 años, Martínez Arrieta es el número 1 del escalafón de la carrera judicial y, desde julio pasado, el nuevo presidente de la Sala Penal, puesto que ya ocupaba de forma interina desde diciembre pasado por el ser miembro más antiguo de la sala. A la presidencia llegó tras ser apadrinado por los vocales conservadores del CGPJ, aunque Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de tendencia moderada, es considerado un magistrado de postulados templados. Previsiblemente, presidirá el juicio contra García Ortiz.
Susana Polo
Polo (65 años) fue la ponente del auto en el que el Supremo acordó encausar, por primera vez en democracia, al fiscal general del Estado. Magistrada del Supremo desde 2018, antes de llegar al alto tribunal fue la coordinadora nacional de las actividades de especialización en materia de violencia de género de los jueces. Considerada adscrita al sector progresista, suscribió, junto a la magistrada Ana Ferrer, un duro voto particular contra la sentencia que confirmó la condena por malversación al expresidente de la Junta José Antonio Griñán por el fraude de los ERE. 
Ana Ferrer
Ferrer (66 años) pasó a la historia por ser la primera mujer en acceder a la Sala Penal, en 2014. Hace unos meses aspiró también a ser la primera presidenta de esta sala, pero acabó retirando su candidatura para evitar un bloqueo en la renovación de ese puesto después de que los vocales propuestos por el PP vetaran su designación. En la carta que envió a la presidenta del Consejo para anunciar su decisión, Ferrer lamentó que los “vetos ideológicos” de vocales del órgano de gobierno de los jueces a determinados candidatos prevalezcan “sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”. Miembro de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), formó también parte del tribunal del procés.
Marchena y Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala Penal, participarán en la vista oral, con solo dos juezas progresistas
El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos cometido, presuntamente, al filtrar un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Susana Polo, que fue la ponente de aquella resolución y la única de estos cinco a la que se considera adscrita al sector progresista. A ellos, fuentes consultadas señalan que se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, a quien unos definen como un conservador moderado y otros como un moderado progresista; y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, la magistrada Ana Ferrer, de sensibilidad claramente progresista.
Manuel Marchena
Marchena (66 años) era presidente de la Sala Penal cuando se abrió la causa contra García Ortiz, en octubre de 2024, pero dio un paso al lado en diciembre pasado al acabar su segundo mandato, el máximo permitido. Durante sus 10 años al frente, se multiplicó el protagonismo de la sala en la agenda política, con casos como el juicio a los líderes del procés, emitido íntegramente en directo y que dio a conocer a Marchena para el gran público. Fiscal de carrera, Marchena no es miembro de ninguna asociación, aunque el PP siempre le ha considerado uno de sus hombres de confianza en la cúpula judicial. La formación conservadora lo propuso en 2013 para dirigir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el PSOE se negó. Cinco años después, los socialistas sí aceptaron su nombre para ese puesto a cambio, pero Marchena renunció después de que se difundiera un WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, con ese acuerdo, los populares seguirían controlando “por detrás la Sala Segunda”. Aunque ya no preside la Sala Penal, sigue manteniendo una fuerte ascendencia sobre buena parte de sus miembros.
Antonio del Moral
Del Moral (66 años) también es fiscal de carrera, y llegó al Supremo en 2012 por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. También formó parte del tribunal que juzgó el procés y es reconocido entre sus compañeros como uno de los magistrados de mayor calidad técnica de la sala. De postulados claramente conservadores, está vinculado al Opus Dei y a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora. Del Moral fue el único magistrado de la sala que participó en junio pasado en el paro convocado por jueces y fiscales a las puertas del Supremo contra las reformas legales del Gobierno.
Carmen Lamela
Lamela (64 años) llegó al Supremo en 2018 desde la Audiencia Nacional, donde fue la primera instructora del procés, antes de que el alto tribunal asumiera la causa. En ese papel, fue la primera en encarcelar de forma preventiva a varios dirigentes independentistas, incluido el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. También dictó la primera orden internacional de detención contra Carles Puigdemont y otros exconsellers cuando se confirmó que habían salido de España y no iban a presentarse a declarar ante la jueza. Lamela fue también quien procesó a quien fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero (quien finalmente resultó absuelto). No está asociada a ninguna asociación.
Juan Ramón Berdugo
De 71 años, Berdugo llegó al Supremo en 2004 aupado por los vocales conservadores del CGPJ. Pertenece a la APM y también integró el tribunal del procés. Berdugo fue además el ponente de la resolución por la que el Supremo, en febrero de 2024, encausó a Puigdemont por terrorismo en el ‘caso Tsunami Democràtic’, donde se investigaban las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés, pero que acabó archivándose.
Andrés Martínez Arrieta
De 70 años, Martínez Arrieta es el número 1 del escalafón de la carrera judicial y, desde julio pasado, el nuevo presidente de la Sala Penal, puesto que ya ocupaba de forma interina desde diciembre pasado por el ser miembro más antiguo de la sala. A la presidencia llegó tras ser apadrinado por los vocales conservadores del CGPJ, aunque Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de tendencia moderada, es considerado un magistrado de postulados templados. Previsiblemente, presidirá el juicio contra García Ortiz.
Susana Polo
Polo (65 años) fue la ponente del auto en el que el Supremo acordó encausar, por primera vez en democracia, al fiscal general del Estado. Magistrada del Supremo desde 2018, antes de llegar al alto tribunal fue la coordinadora nacional de las actividades de especialización en materia de violencia de género de los jueces. Considerada adscrita al sector progresista, suscribió, junto a la magistrada Ana Ferrer, un duro voto particular contra la sentencia que confirmó la condena por malversación al expresidente de la Junta José Antonio Griñán por el fraude de los ERE.
Ana Ferrer
Ferrer (66 años) pasó a la historia por ser la primera mujer en acceder a la Sala Penal, en 2014. Hace unos meses aspiró también a ser la primera presidenta de esta sala, pero acabó retirando su candidatura para evitar un bloqueo en la renovación de ese puesto después de que los vocales propuestos por el PP vetaran su designación. En la carta que envió a la presidenta del Consejo para anunciar su decisión, Ferrer lamentó que los “vetos ideológicos” de vocales del órgano de gobierno de los jueces a determinados candidatos prevalezcan “sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas”. Miembro de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), formó también parte del tribunal del procés.
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