El PP ha pinchado en hueso en su intento de fijar el calendario y el lugar oportuno para escuchar las primeras explicaciones del Gobierno en sede parlamentaria sobre la crisis de Ceuta y sus consecuencias. Desde el cruce masivo de inmigrantes, el pasado 30 de julio, hemos vivido un pulso permanente entre el Ejecutivo y la oposición, en ausencia de toda iniciativa de diálogo entre socialistas y populares. La presión política del PP es lógica, a la espera de encauzar la situación sanitaria de la ciudad, pero en paralelo habría sido conveniente algún intento de aproximación y colaboración ante la necesidad de gestionar las secuelas de la agresión sufrida por Ceuta y por la situación de los migrantes que permanecen en sus calles.
Que los populares pretendan que el alto tribunal resuelva una parte sustancial de sus diferencias con el Gobierno supera todo planteamiento razonable por excesivo
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
Que los populares pretendan que el alto tribunal resuelva una parte sustancial de sus diferencias con el Gobierno supera todo planteamiento razonable por excesivo
El PP ha pinchado en hueso en su intento de fijar el calendario y el lugar oportuno para escuchar las primeras explicaciones del Gobierno en sede parlamentaria sobre la crisis de Ceuta y sus consecuencias. Desde el cruce masivo de inmigrantes, el pasado 30 de julio, hemos vivido un pulso permanente entre el Ejecutivo y la oposición, en ausencia de toda iniciativa de diálogo entre socialistas y populares. La presión política del PP es lógica, a la espera de encauzar la situación sanitaria de la ciudad, pero en paralelo habría sido conveniente algún intento de aproximación y colaboración ante la necesidad de gestionar las secuelas de la agresión sufrida por Ceuta y por la situación de los migrantes que permanecen en sus calles.
Pretender que sea el Supremo el que resuelva una parte sustancial de las diferencias surgidas —como son las relativas a la rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento—, y que sea su Sala de Vacaciones la que siente al Ejecutivo en el “banquillo” del Senado, supera todo planteamiento razonable por excesivo. El propio tribunal lo ha estimado así al rechazar las medidas cautelarísimas —sin previa audiencia del Ejecutivo— solicitadas por los populares, subrayando que no se había “justificado suficientemente” que para “ser eficaz” el control parlamentario debiera producirse “necesariamente” en la cámara y en las fechas elegidas por los demandantes.
Es obvio que, como razona el Supremo, “no se advierte” que vaya a desaparecer el interés público sobre “la grave crisis migratoria” producida en Ceuta. Dar audiencia al Gobierno no implica, en cambio, lesionar los derechos parlamentarios de los populares, en concreto de sus senadores. De ahí los diez días concedidos al Ejecutivo para que responda a las pretensiones del PP, considerando que en este caso no concurre una “especial urgencia” que justifique “sacrificar el derecho” del Gobierno a defender sus decisiones. Quedan, sin embargo, pendientes otras eventuales resoluciones del Supremo en aspectos importantes sobre “jurisdicción, competencia y admisibilidad del procedimiento” instado por el PP.
El auto en cuestión acierta, en suma, al aplicar criterios de prudencia para resolver el conflicto planteado. La política tiene muchas veces urgencias que la justicia debe analizar y resolver con templanza y sin apresuramiento. Con frecuencia se plantean iniciativas que rozan el abuso de derecho, no solo ante los tribunales. El PP, que no ha logrado articular una alternativa parlamentaria que le permitiera presentar una moción de censura —para lo que tantas veces ha emplazado a otros grupos—, ha actuado con frecuencia con ansiedad en el Senado, tratando de usar su mayoría en esta cámara en términos difícilmente defendibles, en perjuicio de otras fuerzas políticas. Así ha sucedido con iniciativas de reforma del reglamento, en el contexto de un conflicto continuado con el Congreso en esta legislatura.
Con esta dinámica, la tensión entre partidos se ha ido extendiendo hasta adquirir otros perfiles, los de una crisis institucional que afecta a áreas muy sensibles del sistema. Habría que ponerle freno a esta situación. En relación con Ceuta, no tiene sentido abrir una polémica sobre las atribuciones del Rey y del Gobierno en política exterior. El PP, tan poco partidario en su día ante la posible intervención de Juan Carlos I en la crisis de la isla del Perejil, alimenta ahora la controversia sobre eventuales iniciativas de Felipe VI ante el conflicto con Marruecos por el “ataque a la integridad territorial” de España, como definió Pedro Sánchez los hechos de julio último. Lo importante de una visita del Rey a Ceuta es que sea útil para sus ciudadanos, y resulta obvio que para ello la Casa Real y el Gobierno han de actuar de la mano.
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