Álvaro García Ortiz sorteó este martes el primer envite que tenía ante sí esta semana, la posiblidad de que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento como fiscal general del Estado atendiendo al recurso presentado por una asociación minoritaria de fiscales. Pero el jefe del ministerio público afronta este miércoles otro momento tan crítico como insólito: por primera vez, un fiscal general del Estado está citado para declarar como investigado por la Sala Penal. El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta a García Ortiz por revelación de secretos, lo ha convocado para interrogarlo sobre la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.
El instructor ha citado a García Ortiz para interrogarlo sobre la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso admitía dos delitos fiscales y proponía un pacto al ministerio público
Álvaro García Ortiz sorteó este martes el primer envite que tenía ante sí esta semana, la posiblidad de que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento como fiscal general del Estado atendiendo al recurso presentado por una asociación minoritaria de fiscales. Pero el jefe del ministerio público afronta este miércoles otro momento tan crítico como insólito: por primera vez, un fiscal general del Estado está citado para declarar como investigado por la Sala Penal. El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta a García Ortiz por revelación de secretos, lo ha convocado para interrogarlo sobre la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.
Aunque la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de que García Ortiz diese alguna orden para divulgar datos confidenciales, el juez, según dejó escrito en el auto de citación de García Ortiz, considera “que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud”, a que hay indicios para presumir que el fiscal general y los otros dos fiscales investigados (la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe) se podrían “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”. Rodríguez está citada para declarar el jueves y Villafañe, el próximo 5 de febrero.
La comparecencia de García Ortiz se produce después de que el instructor rechazara su petición de retrasar el interrogatorio para que se pudiera practicar antes una batería de pruebas propuestas por su defensa. El juez ha denegado su solicitud, que incluía citar a la pareja de Ayuso y a varios periodistas que, como otros que ya han testificado ante el instructor, conocieron que el abogado de González Amador había propuesto un pacto al ministerio público antes de que se filtrara el correo que se investiga.
En un auto dictado este lunes, el instructor rechazó también acceder al contenido de teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para comprobar qué información tenía la noche del 13 de marzo de 2024, cuando envió mensajes a varios periodistas para contarles que la Fiscalía había propuesto un acuerdo de conformidad a González Amador, justo lo contrario de lo que realmente había ocurrido. A pesar de que varios testigos han aportado información en el sentido contrario, el juez da por buena la versión que Rodríguez le contó durante su declaración como testigo, según la cual, cuando contactó con los periodistas, él solo conocía un correo enviado por el fiscal del caso al abogado de González Amador el 12 de marzo en el que el ministerio público dejaba la puerta abierta al pacto de conformidad que propuso el abogado 2 de febrero.
En su último auto, Hurtado admite que ha habido “controversia” sobre la hora de difusión de la información relativa al posible acuerdo de conformidad porque algún testimonio, como el prestado por un periodista deelDiario.eso la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, apuntan a que tuvieron noticia de esa negociación días antes de que el correo con esos datos legara a la Fiscalía General del Estado, lo que podría eximir al fiscal general de la filtración. Pero el instructor rechaza intervenir el teléfono del jefe de gabinete de Ayuso porque, según el juez, “no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo” que difundió Rodríguez. Además, sostiene Hurtado, ese mail se difundió “a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto”, en referencia a González Amador, mientras que el correo del 2 de febrero “circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto”.
Para el juez, la clave de la investigación “se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador, con que se define el delito de revelación de secretos”. Y esa quiebra, asegura el juez, ha causado “daño reputacional” a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque el hecho de que se divulgara que su abogado admitía los delitos cometidos por su cliente —”ciertamente, se han cometido dos delitos fiscales”, escribió el letrado— ha llevado a que algunos medios se hayan referido a González Amador como “defraudador confeso”.
En el interrogatorio de García Ortiz estarán presentes además del juez y la Fiscalía, la defensa de los otros dos fiscales investigados, el abogado de la acusación particular que ejerce González Amador y los que representan a las acusaciones populares: el sindicato Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta última fue la que presentó el recurso contra el nombramiento del fiscal general que ha desestimado la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó este martes. El abogado de APIF en la causa abierta a García Ortiz publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lamentaba esa decisión y pedía a la Sala Penal “acabar el trabajo” que la Sala de lo Contencioso-Administrativo “se niega a hacer”.
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