El lobo, convertido en un animal político, ha perdido hoy otra batalla. La mayor parte de las comunidades autónomas ha votado a favor de un informe presentado por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que sostiene que la población del polémico animal está en situación favorable y, por lo tanto, se le podría cazar. Una visión que choca frontalmente con la del Ministerio para la Transición Ecológica, que mantiene lo contrario y que solo ha obtenido un voto a favor, el de Cataluña. País Vasco y Castilla-La Mancha se han abstenido. El problema es que el choque entre ambas interpretaciones mantiene bloqueado el envío a la Comisión Europea del informe sexenal obligatorio sobre el estado de las especies protegidas, que se debería haber remitido hace un año. Ante el incumplimiento, la Comisión Europea ha abierto un expediente a España, que sigue su curso.
El documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica que pide Bruselas cada seis años mantiene que la especie debe ser protegida
El lobo, convertido en un animal político, ha perdido hoy otra batalla. La mayor parte de las comunidades autónomas ha votado a favor de un informe presentado por la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, que sostiene que la población del polémico animal está en situación favorable y, por lo tanto, se le podría cazar. Una visión que choca frontalmente con la del Ministerio para la Transición Ecológica, que mantiene lo contrario y que solo ha obtenido un voto a favor, el de Cataluña. País Vasco y Castilla-La Mancha se han abstenido. El problema es que el choque entre ambas interpretaciones mantiene bloqueado el envío a la Comisión Europea del informe sexenal obligatorio sobre el estado de las especies protegidas, que se debería haber remitido hace un año. Ante el incumplimiento, la Comisión Europea ha abierto un expediente a España, que sigue su curso.
El enfrentamiento no es baladí, porque, dependiendo de la versión que se remita a Bruselas, se abriría la puerta a cazar al lobo o se le protegería. Fuentes del ministerio aseguran que mantienen su posición, porque el informe sexenal, que abarca el periodo 2019-2024, se ha elaborado a “partir de la información facilitada por las comunidades autónomas” y se fundamenta “exclusivamente en criterios técnicos y científicos”. Considera que la propuesta alternativa, la de las autonomías, “no se ajusta a los criterios” pedidos por Europa. Aún así, las mismas fuentes señalan que han recibido la documentación de las comunidades “recientemente y debe analizarse”.
Castilla y León, la comunidad en la que viven más lobos, exige sin embargo la remisión inmediata de su “informe sexenal”, el aprobado hoy por las autonomías a la Comisión Europea. La portavoz del PP en la comisión ha indicado que los populares quieren que se pueda “controlar” a la especie igual que se hace en el resto de Europa. Mientras que las asociaciones ecologistas critican que las autonomías hayan votado siguiendo un criterio político y partidista.
La votación ha tenido lugar este lunes en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ―el órgano político que reúne al Gobierno y a los consejeros autonómicos―. Encima de la mesa había dos informes: el oficial, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que propugna la protección de la especie, y el de la Xunta de Galicia. En este se asegura que las poblaciones han aumentado y que su estado de conservación es favorable en las regiones atlántica y mediterránea.
Ambos documentos parten del último censo nacional del lobo, que se presentó en junio de 2025, elaborado con datos enviados por las propias comunidades autónomas. El conteo concluyó que existen 333 manadas (entre 1.300 y 1.600 individuos), una cifra que supone 36 grupos más que hace una década y un incremento del 12%.
Pero, pese a esta evolución positiva, la comunidad científica considera que la recuperación es insuficiente, porque se precisan en torno a las 500 manadas para alcanzar el umbral que garantice la viabilidad genética de la población a largo plazo. Con estos datos, el ministerio incluyó al lobo en situación desfavorable en el informe sexenal para Europa.
La pregunta es cómo las comunidades autónomas han podido parar el envío de un informe oficial elaborado por expertos para el ministerio. La explicación se encuentra en la ley de desperdicio alimentario, aprobada en marzo de 2025, que en principio no tenía nada que ver con la polémica especie. Pero, durante su tramitación, el PP logró sacar adelante varias enmiendas que, por un lado, sacaron a la especie del listado de las protegidas –que impedía su caza en todo el territorio nacional–. Y, por otro, estableció que los informes sexenales sobre la conservación de las especies debían ser aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente; por lo tanto, por las comunidades autónomas.
Las enmiendas fueron denunciadas por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que lo está analizando. A esta reclamación, se ha unido recientemente la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que acordó elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma ley por la desprotección que produjo del lobo.
Ecologistas en Acción y WWF señalan que en la votación han concurrido intereses “partidistas”. Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, critica que las comunidades se hayan olvidado de las recomendaciones científicas y hayan votado siguiendo los criterios políticos y olvidándose de cual es la situación real del lobo en España.
El Fondo para la Conservación del Lobo encargó, por su parte, un informe al jurista Pedro Brufao que concluye que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente son órganos de debate e intercambio de información y que el Estado es el único competente para presentar el informe sexenal al que obliga la normativa europea. Por lo tanto, pretender que un informe redactado por las comunidades sea el que se remita a la Comisión Europea, carece de todo amparo jurídico, sostiene el jurista.
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